Desigualdad, empleos y productividad

Aleardo Laría.

El mundo es injusto, y hay que cambiarlo, pero no al precio de abandonar otros objetivos razonables que están a nuestro alcance.

Los megasueldos de los especuladores financieros mejor pagados de Wall Street han alcanzado cifras siderales. Los 25 mayores gestores de fondos de cobertura lograron embolsarse 13.000 millones de dólares en 2015. No existe posibilidad alguna de justificar éticamente un sistema que permite que una sola persona –como es el caso de Kenneth Griffin, CEO de Citadel- pueda ganar 1.700 millones de dólares al año, mientras que según el Banco Mundial, 700 millones de seres humanos viven en el mundo en la pobreza extrema, con ingresos de 700 dólares al año (menos de 2 dólares al día).

Todas las estadísticas corroboran que el fenómeno de la globalización ha favorecido el incremento de la desigualdad. Existe una mayor desigualdad entre los ingresos de los ejecutivos pero también una mayor desigualdad entre los trabajadores, dado que la mano de obra compite en un mundo global donde hay países que pagan salarios muy bajos. Dentro de los países, el progreso tecnológico provoca una nueva disparidad, puesto que los más formados perciben retribuciones mayores que los menos cualificados.

Este crecimiento obsceno de la desigualdad entre los más ricos y los más pobres a escala global no solo repugna a un sentimiento elemental de justicia distributiva, sino que tienes consecuencias sociales muy negativas para el conjunto. Según la opinión de algunos expertos, la concentración de ingresos en una reducida élite financiera global, en detrimento del consumo del resto de sectores sociales, favorece las burbujas de activos donde esos ahorros se refugian. El estallido de esas burbujas ha causado las últimas crisis económicas y sociales de la globalización.

También la desigualdad pone en riesgo al propio sistema democrático. No es aceptable semejante concentración de poder en pocas manos. La capacidad de influencia de estos sectores súper concentrados aumenta en todas las direcciones, dificultando las posibilidades de un cambio de tendencia y de alcanzar una sociedad más justa y equilibrada.

Ahora bien, reducir o morigerar esta tendencia a la desigualdad, parece una labor sobrehumana por las dificultades de cambiar la dinámica inercial de un sistema muy complejo. Es lógico deducir, además, que los países más favorecidos por esta desigualdad pondrán menos empeño en cambiar este estado de cosas. Por consiguiente, siendo realistas, no hay signos que permitan presagiar que en el corto plazo esta situación de desigualdad en el mundo se vaya a corregir o moderar.

En cambio, en el interior de los Estados, se han diseñado instrumentos que permiten contrarrestar los efectos de la desigualdad generada de manera inercial por el capitalismo. Consisten básicamente en la implantación de un Estado de bienestar, donde sistemas impositivos progresivos financian un set de servicios de sanidad y educación pública de calidad para posibilitar así una relativa igualdad de acceso a bienes públicos entre todos los ciudadanos. Otros instrumentos, como los subsidios directos a los muy necesitados, pueden ser herramientas complementarias, mientras que los subsidios a los precios, que alteran el sistema de señales, en general, terminan provocando más problemas que los que resuelven.

Existe también otro modo de reducir la desigualdad interior. Consiste en conseguir aumentar la eficiencia y productividad del sistema en su conjunto, para que aumentando el nivel del agua todos los barcos consigan subir al mismo tiempo. Si bien es cierto que no hay garantías que tal fenómeno se produzca de modo proporcional, siempre está la acción política para evitar los desvíos indeseados. Para los países periféricos, como Argentina, no existe otro camino para reducir la desigualdad comparada –en términos de ingreso per cápita- que generar empleos productivos para que cada vez una mayor cantidad de trabajadores eleven sus ingresos. Si al mismo tiempo se mejora la eficiencia del Estado para conseguir elevar también la calidad de los bienes públicos que se ponen a disposición de todos los ciudadanos, la mejora real será aún mayor.

El populismo autóctono se ha nutrido siempre de la desigualdad que genera el diseño actual del capitalismo para proclamar la necesidad de una revolución popular que lleva a los representantes de los más pobres al poder. Pero luego, instalado en el poder, no ha sabido, no ha querido o no ha podido cambiar el sistema de reglas de juego que perpetúa esta situación. Al final, los populismos acaban en un anti capitalismo retórico, útil para alcanzar el poder, pero sin capacidad para modificar la estructura del sistema.

Lo negativo de ese discurso es que únicamente pone el acento en la redistribución de la riqueza, como si la economía fuera un juego de suma cero, y olvida la posibilidad de incrementar los recursos del conjunto sin abandonar el debate sobre la forma de distribución. Si utilizáramos los mismos conceptos de los que se valía Mao, diríamos que la contradicción principal consiste en aumentar los ingresos del conjunto a través de la mejora de la productividad, para luego resolver, como contradicción secundaria, el reparto de los excedentes obtenidos.

En general, el sindicalismo europeo se ha plegado a esta concepción. Son conscientes que el bienestar y los mayores salarios provienen de las mejoras de la productividad que permiten a sus empresas ser más competitivas para ganar mercados, ampliar la producción y como consecuencia aumentar los excedentes para repartir. No permanecen discutiendo interminablemente -o presionando con huelgas salvajes- el modo de repartir la piel del oso antes de cazarlo.

Lo que sucede en el plano interior de una empresa es trasladable al ámbito superior del contexto nacional. El Estado no suele ya competir con las empresas privadas en la captura de mercados, pero si cumple un rol esencial en ofrecer las condiciones que permitan que las empresas nacionales penetren en otros mercados. Por consiguiente debe ser cada vez más eficiente en esta misión, proporcionando un terreno allanado para que las empresas prosperen, con regulaciones razonables, ofreciendo infraestructura adecuada y reglas de juego estables, claras y transparentes. Esto es lo que ayuda a generar crecimiento y empleos productivos que mejoran la calidad de vida de los trabajadores.

En nuestra opinión, el gobierno de Mauricio Macri ha identificado la contradicción principal y alienta a pensar en términos de productividad. Por el contrario, los sectores sindicales y políticos que están instalados en el universo cognitivo del populismo adoptan comportamientos de constante confrontación porque piensan sólo en términos de disputa por la apropiación de la renta y del poder. Mientras esa visión anacrónica no se modifique, será difícil sacar a la Argentina de la mediocridad productiva en la que se encuentra inmersa.

 

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