Buscan desplazar a fiscal federal que pidió investigar a Parrilli

Fiscal Federal Alejandro Moldes.

Alicia Miller.

No quiere ser un héroe. Ni una víctima. Pero desde hace más de un año es el foco de potentes embates para apartarlo de su cargo de fiscal de la Nación.

Durante 15 años como juez civil en Río Negro, Alejandro Moldes tuvo destacados fallos y prestigio entre sus colegas como integrante de la Escuela de Capacitación Judicial.

En 2008, optó por iniciar carrera en la Justicia Federal. Concursó para la Fiscalía de Primera Instancia de Zapala, ganó y fue designado. Pero, antes de asumir, el fiscal de la Cámara Federal de General Roca, Mario Sabas Herrera, propuso que se hiciera cargo de la Fiscalía de Primera Instancia de Roca cuya titular, Alicia Ferrando, gozaba de una larga licencia psiquiátrica.

El entonces Procurador General de la Nación, Esteban Righi, estuvo de acuerdo y designó a Moldes -fiscal titular designado por concurso- a cargo de la Fiscalía Federal de Roca el 2 de marzo de 2009 por Resolucion MP 16/09. En el escrito que lo designó en Roca se consignaba que sería «mientras subsistan las razones extraordinarias que le dieron origen», en alusión a la prolongada licencia psiquiátrica de la titular, Alicia Ferrando, y las funciones que asumiera en Neuquén su reemplazante provisorio, Marcelo Grosso.

Todo fue bien hasta principios de 2015. El trato cordial que profesaba a Moldes el fiscal general de la jurisdicción transmutó en hostilidad desembozada, ánimo que pareció compartir luego la Procuradora General de la Nación.

Todo está allí, en la base de consultas on line del Poder Judicial de la Nación. En abril de 2016, a Moldes le ordenaron dejar el cargo en Roca y trasladarse a Zapala. Lo hizo la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, por Resolución MP N° 1042/16, a pedido del fiscal de la Cámara Federal de Roca -Mario Sabas Herrera-, quien propuso designar en su lugar a su secretaria, Claudia Frezzini. La resolución incluyó también ese nombramiento.

Lo curioso es que las circunstancias que motivaron la designación de Moldes en Roca no habían cambiado. Al contrario: la titular, Alicia Ferrando, accedió finalmente a la jubilación por invalidez, por lo tanto no volverá.

Moldes resistió el traslado planteando una acción ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9 de Ciudad de Buenos Aires, que tramitó con el número 031165/2016. Allí pidió que se declarara nulo su traslado, invocando la jubilación de la titular y que Frezzini -a quien Gils Carbó designaban en su reemplazo- no ostentaba el rango de fiscal sino de secretaria. En esa causa, logró una medida precautelar que suspendió todo cambio en su situación.

Pero, cuando volvió a su despacho, nueve días después, lo esperaban nuevas sorpresas: en las carátulas impresas de las causas nuevas ya figuraba Claudia Frezzini como fiscal, le habían quitado el acceso al portal que administra el personal de su Fiscalía y lo habían borrado de la lista de destinatarios de correos electrónicos de la Fiscalía General, por lo cual no se enteraba de novedades en los expedientes, de cursos ni de otros pormenores. En las planillas salariales y en otros papeles, él figuraba trasladado a Zapala. A cuentagotas, le fueron devolviendo los accesos informáticos y las facultades recortadas.

En ese ínterin, Frezzini desistió de asumir en la Fiscalía. Y la procuradora Gils Carbó usó ese argumento para revocar su propia resolución anterior y pedirle al juez que llevaba el expediente contencioso administrativo que cerrara el caso, por haber devenido abstractos los hechos que lo motivaron. Moldes se opuso a que se clausurara esa causa, argumentando animosidad de la procuradora y de Sabas Herrera, con afectación de su condición de fiscal federal, y el juez volvió a darle la razón

viedma - 27/12/06 Juez penal alejandro moldes foto marcelo ochoa
viedma – 27/12/06
Juez penal alejandro moldes
foto marcelo ochoa

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Tal éxito judicial tuvo una durísima contrapartida en Roca: le iniciaron a él y a su segundo en la Fiscalía una causa penal por presunta violación de secretos y abuso de autoridad.

«El objetivo es suspenderlos sin goce de haberes, como le hicieron a (José María) Campagnoli», afirmó una fuente allegada a la situación.

 

Todo empezó el 18F

 

Si hubiera que ubicar el comienzo de esta disputa, la fecha sería el 18F. Es decir el 18 de febrero de 2015, el día en que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional convocó a marchar en homenaje a Alberto Nisman, sin banderías políticas, al cumplirse un mes del hallazgo del cadáver del fiscal que había denunciado a Cristina Fernández de Kirchner.

Como integrante de esa Asociación, Alejandro Moldes convocó a marchar por las calles de Roca, como reflejó el diario «Río Negro» en su edición del 15 de febrero de 2015.

A la marcha asistieron jueces y fiscales provinciales, ciudadanos comunes pero ningun otro fiscal federal local. Tampoco jueces de primera instancia, de la Cámara ni del Tribunal Oral Federal. El malestar de Sabas Herrera con Moldes comenzó a hacerse notorio.

 

Otros hechos, otros motivos

 

Pero no fue el único hecho que pudo haber determinado la represalia.

En febrero de 2015, a raíz de una denuncia anónima en el servicio 0800-DROGAS  implementado por el Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Provincia de Río Negro, Alejandro Moldes formula un requerimiento de instrucción. Es el procedimiento usual en estos casos. Se recibe una denuncia y se la manda investigar, por las dudas que incluya algo cierto. Lo particular del caso es que, entre otros políticos conocidos, la denuncia involucraba al neuquino Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia y por entonces titular de la AFI.

Tras una primera negativa verbal, Sabas Herrera le pidió, por oficio escrito, a Moldes, que le informara del modo más completo posible sobre el contenido de la causa, en virtud de la obligación de comunicar a la Procuración General sobre asuntos de «trascendencia institucional».

Un tercer elemento debe ser tenido en cuenta: su hermano, Leónidas Moldes, es juez Federal en Bariloche, representante de los magistrados ante el Consejo de la Magistratura y desde diciembre de 2015 asumió como vicepresidente de ese organismo nacional.

Leónidas Moldes integra la agrupación «Compromiso Judicial», que votó en contra de las preferencias del kirchnerismo, con mejor o peor suerte y le hizo frente a las posiciones del agrupamiento «Justicia Legítima».

En 2014 Leónidas denunció por «maniobras totalitarias» a la entonces presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez. En junio de 2015, votó contra el desplazamiento de Luis María Cabral de la Cámara de Casación, cuyo dictamen fue clave para declarar la inconstitucionalidad del memorandum de entendimiento con Irán por el caso del atentado a la AMIA. En septiembre de ese año fue una de las pocas voces en defensa del juez de Cámara de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, cuando enfrentó las iras del kirchnerismo tras confirmar el procesamiento de Juan Suris en la causa que investiga las facturas truchas utilizadas por empresas de Lázaro Báez. Y, en mayo de 2016, firmó el rechazo a la denuncia de Cristina Fernández de Kirchner contra el juez Claudio Bonadio.

 

Denuncia penal en curso

 

A fines de mayo, el fiscal general Mario Sabas Herrera denunció penalmente a Alejandro Moldes y a su secretario, Matías Zanona, a raíz de un pedido de traslado formulado por la empleada María Delia Conde. De los dichos de Conde, Herrera tomó la referencia a que Zanona, por instrucciones de Moldes, obligaría a los empleados de la Fiscalía a tener una contraseña conocida por ellos para acceder a las computadoras. Además, consignó que al encargado de informática de la repartición se le había ordenado hacer un back up del contenido de las computadoras de dos empleados que dejaron de trabajar tiempo atrás en la Fiscalía. Cristina Beute, como fiscal designada en el caso, les imputó a Moldes y a Zanona los delitos de impartir órdenes contrarias a la Constitución y violación de correspondencia electrónica.

La jueza Carolina Pandolfi resolvió archivar la denuncia, en virtud de considerar que la fiscal Beute y el propio Sabas Herrera carecían de legitimación activa para iniciar o impulsar la acción por tratarse la violación de secretos de una acción privada, que sólo Conde en el primer caso y los dos exempleados que habían usado las computadoras, podrían haber iniciado y promovido.

Pero la apelación llevó el caso a la Cámara Federal, y ésta -con el voto de Ricardo Barreiro y Richar Gallego y la disidencia parcial de Alejandro Silva como subrogante- resolvieron seguir adelante la investigación.

Así, el fiscal Alejandro Moldes lleva un año en el eje de un conflicto por su cargo y enfrenta aún hoy el riesgo de ser condenado y separado de la Fiscalía. Su secretario suma, a la causa penal, un sumario administrativo en el que podría ser suspendido sin sueldo. La situación se inscribe en el marco de similares «batallas» en los tribunales del país pero, por producirse en una sede judicial relativamente pequeña de la Patagonia, no ha tenido la trascendencia de otras.

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