El control de la calle desafía a Gutiérrez por partida doble

Jalenska Zurakoski Luparelli.

En la Argentina corporativa, la gobernabilidad viene dada por la habilidad del líder para gestionar las demandas del sistema político canalizadas a través de diferentes agrupaciones, las cuales actúan representando intereses sectoriales y se hallan en conflicto permanente entre sí en la búsqueda de más y mejores privilegios. A tal fin, el canal de expresión predilecto y, en consecuencia, la caja de resonancia de todo conflicto es la calle. De hecho, el “control de la calle” es uno de los ejes alrededor de los cuales se ha articulado la política argentina históricamente. En especial con el primer peronismo, cuando su líder concentró todo el poder que pudo en sus manos y eligió como interlocutor en sus discursos a “el pueblo”, un todo místico que en los hechos era administrado por corporaciones deliberadamente creadas y gestionadas por Juan Domingo Perón.

Con el correr del tiempo, con protagonistas y agendas bien diversas, las protestas han aumentado en frecuencia y, a veces, también en violencia en el país. Sin ir más lejos, la generación sistemática de conflicto y la apropiación de las calles por parte de los grupos en pugna formó parte de la estrategia política kirchnerista, movilizando a los propios y hostigando a los ajenos en un espacio en el que la anomia es la regla.

Una elevada conflictividad social y una crisis económica constante han sido la contracara de este injusto sistema de prebendas pagado con déficit fiscal y con inflación. Adicionalmente, la misma crisis es la que ha terminado retroalimentando el conflicto ante el creciente descontento social. De manera tal que las protestas se multiplican usualmente al calor de la inflación y la puja salarial, al tiempo que se enardecen cada vez que el clima preelectoral se hace presente. A la par, ha crecido la sensación de injusticia por parte de aquellos grupos obligados a pagar sin poder cuestionar el sistema vigente como parte de los resultados de este esquema corporativo.

Es en este contexto, que el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez se encuentra ante el desafío de administrar la protesta social tras los hechos ocurridos esta semana en la capital, cuando un gremialista resultó herido de bala por un exceso de la fuerza policial, equipada con armas de fuego dentro de un ministerio, y un policía hospitalizado tras haber sido atacado a golpes por una patota sindical. Más aún, la capacidad de liderazgo del gobernador y sus ministros se pone a prueba en la gestión del conflicto por partida doble, dado que los trágicos acontecimientos confluyeron en sendas movilizaciones contra el gobierno provincial.

Por un lado, todos los sindicatos estatales actuando en conjunto, encabezados por ATE, ATEN y UPCN, se movilizaron inmediatamente contra el «gatillo fácil», emparentando discursivamente el balazo que recibió el delegado gremial de UPCN Luis Bastidas con los hechos que terminaron con la muerte del docente Carlos Fuentealba, que en el 2007 puso en jaque la supervivencia política del entonces gobernador Jorge Sobisch. 

El gobierno provincial, a través del ministro de Gobierno y Justicia, Mariano Gaido - Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), representado por Luis Querci y Edgardo Oñate.
Mtro de Gobierno y Justicia, Mariano Gaido – Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Luis Querci y Edgardo Oñate.

La dirigencia gremial exige la renuncia de los ministros Jorge Lara y de Mariano Gaido, quienes se encuentran desde el comienzo de su gestión desafiados por las agrupaciones. La permanencia de los ministros en sus respectivas carteras dependerá de su destreza para enfrentar el nuevo escenario.

Asimismo las agrupaciones reclaman ante una posible “judicialización de la protesta”, puesto que no solo el cabo Fabián Escobar está con prisión domiciliaria, enfrentando una causa por homicidio en grado de tentativa, sino que la fiscalía investiga la responsabilidad de los dirigentes y militantes de UPCN que forzaron la entrada del Ministerio de Trabajo y golpearon ferozmente al policía Omar Bravo.

No se debe soslayar el hecho de que a nivel nacional las organizaciones sindicales están gestando un paro general que amenaza al gobierno de Macri. Más aún, los trabajadores estatales agrupados en ATE llevarán adelante el martes una medida de fuerza con movilizaciones en todo el país, sin esperar a los resultados de las negociaciones que está llevando el triunvirato que conduce la CGT con el Ministerio de Hacienda. Claramente estas circunstancias contribuyen a enardecer la lucha sindical neuquina, augurando un fin de mes de elevada conflictividad gremial.

Por el otro lado, miembros de las fuerzas policiales y allegados, a los que se les agregaron ciudadanos compungidos por la creciente inseguridad, marcharon solidarizándose con el policía herido, Omar Bravo y con el policía que efectuó el disparo en el Ministerio de Seguridad, Fabián Escobar; logrando una notable repercusión a través de las redes sociales en contra de la violencia sindical. “Somos profesionales de la seguridad y, al igual que todos los profesionales, podemos tener un error y errar es humano”, planteó en la marcha Harry Gutiérrez, efectivo retirado y vocero del grupo. 

En un escenario político nacional en el cual los sectores medios se hallan con la moral más elevada puesto que se encuentran identificados con un gobierno que parece escucharlos y estar dispuesto a atender sus problemas más acuciantes, entre los cuales la inseguridad encabeza las prioridades de la agenda de la opinión pública, crece el consenso hacia políticas más estrictas en materia seguridad. En este marco es que se están debatiendo los contornos de la legítima defensa y hasta ha sido noticia reciente el hecho de que en la ciudad de Rosario las familias por temor a la criminalidad abren las puertas de sus hogares para albergar gendarmes. Así, la legítima preocupación ciudadana que suscita la violencia en las calles, demanda una mayor presencia policial y exhibe una menor tolerancia para con la delincuencia en general.

Sin uniforme. Así se desplazaron ayer por el centro de la ciudad los integrantes de la Policía de Neuquén en una inusual protesta. También los acompañaron familiares. (Mauro Pérez)
Integrantes de la Policía de Neuquén y allegados marcharon sin uniforme. (Mauro Pérez – Diario Río Negro)

Este movimiento representa para numerosos analistas un giro “hacia la derecha” en los sectores medios, que encuentra su respuesta en la gestión de la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien propone volver a la ley incluso frente a los sindicatos, generando las condiciones para que haya orden. En palabras de la ministra, “unir a los argentinos frente a la construcción del conflicto de los K”. Esta demanda no es menor y se ha visto reflejada en internet con reacciones inmediatas a los hechos ocurridos en Neuquén, con expresiones sentidas de solidaridad para con los policías involucrados y de condena relativa a los actos de los militantes sindicales de UPCN.

De este modo, el gobernador Gutiérrez y sus ministros deberán navegar a dos aguas, atendiendo a ambos frentes en simultáneo. De su idoneidad para gestionar el conflicto dependerá la construcción de consensos y la paz social neuquina, en un escenario político que está calentando motores para las elecciones parlamentarias del año próximo tanto a nivel local como nacional.

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