El laberinto de las tarifas de gas

Aleardo Laría.

La decisión de la Corte Suprema de paralizar el aumento de las tarifas de gas a los usuarios residenciales tiene una cierta lógica. El Gobierno de Mauricio Macri ha proclamado su intención de terminar con el sistema de subsidios indiscriminados a los consumidores, lo cual es razonable, pero ha introducido, al mismo tiempo, subsidios encubiertos a las empresas productoras de energía. Hay que salir de este laberinto, y eso sólo se puede hacer actuando con transparencia y claridad.

Argentina decidió, en virtud de lo dispuesto por la Ley Nacional de Emergencia Administrativa N° 23.696 del año 1989, la privatización de algunas empresas del Estado que prestaban servicios públicos. Esa decisión supuso un cambio radical de paradigma, produciéndose la desintegración horizontal y vertical del negocio. A partir de ese momento, los servicios públicos del transporte y la distribución de la energía eléctrica y del gas dejaban de ser prestados por empresas del Estado y pasaban a ser suministrados por empresas privadas, reservándose el Estado el rol de control y regulación.

Al tratarse de “monopolios naturales” -dado que, al menos en Argentina, la red que llega a cada hogar es única- el Estado procedió a entregar el servicio de transporte y distribución en concesión administrativa. De modo que las empresas prestatarias se presentaron a una licitación y una vez que resultaron adjudicatarias del servicio, firmaron con el Estado un contrato de concesión de servicios donde se regulaba, entre numerosas condiciones, la tarifa que habrían de percibir por la prestación del servicio asignado.

Esa tarifa es el resultado de aplicar una fórmula polinómica, que contempla todas las variables que intervienen en el establecimiento del precio que finalmente debe pagar el usuario del servicio. Incluye el precio de adquisición de la energía comprada en el mercado mayorista – denominada en la tarifa “precio del punto de ingreso al sistema de transporte” (PIST)- un margen para satisfacer los costos operativos, los impuestos y las amortizaciones de las distribuidoras, y una tasa de retorno razonable por la inversión efectuada. La existencia de una tasa de retorno o ganancia se convierte así en el incentivo o principal señal económica que guía la realización de las nuevas inversiones y la mejora en la eficiencia operativa.

De esta manera, los contratos de concesión incluyeron un cuadro tarifario inicial, válido por un período de diez años, luego del cual, el ente regulador debía fijar nuevamente las tarifas por períodos sucesivos de cinco años. Sin embargo, en enero de 2002 con la sanción de la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario y sus sucesivas prórrogas que extendieron su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2017 se procedió a la derogación de cualquier forma de actualización de las tarifas indicadas en los contratos de concesión.

Frente a la desactualización de las tarifas, el Estado procedió a hacerse cargo de los costos operativos de las empresas distribuidoras mediante la entrega de subsidios generalizados, lo que dio lugar a una distorsión general del sistema, y a una situación de enorme complejidad que ahora es difícil desenredar. El gobierno de Macri ha formulado una propuesta sensata, consistente en terminar con el sistema de subsidios generalizados, reemplazándolos por un sistema de subsidios focalizados en los sectores de menores recursos a efectos de conseguir que las tarifas se vayan aproximando gradualmente a los costos reales.

Actualizar las tarifas en ese tramo no debiera resultar conflictivo puesto que solo hay que recomponer valores de una fórmula polinómica. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minería introdujo una nueva e importante distorsión al aumentar el valor del gas natural en boca de pozo (Resolución 28/2016 del 28 de marzo) que es el PIST que deben pagar las transportistas y distribuidoras. El precio del denominado “gas viejo” de las explotaciones convencionales estaba situado en un promedio ponderado de todas las cuencas en torno a 2,60 U$S el millón de BTU. Para estimular la producción en las explotaciones no convencionales (“tight gas” y “shale gas”) se había fijado un precio al “gas nuevo” de 7,5 U$S el MBTU,  precio atractivo si se compara con el Henry Hub de los Estados Unidos, situado actualmente en 2,8 U$S el MBTU.

La llamativa resolución del ministro Aranguren llevó el precio del “gas viejo” de 2,60 U$S el MBTU a 5 U$S el MBTU para la cuenca neuquina y a 4,5 U$S para el resto de cuencas. Este aumento de más del 70 % en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), que beneficiaba directamente a las productoras,  no aparece suficientemente justificado y solo merece un escueto párrafo en el decreto, aludiendo a la necesidad de “emitir señales que permitan el aumento en la producción doméstica de gas natural”.

Según algunos cálculos, con esa medida el gobierno transferiría 2.800 millones de dólares de los consumidores a las empresas productoras de petróleo y gas. Esta subvención debe sumarse a la generada por el precio sostén del “barril criollo” situado en el orden de los 67 dólares cuando el precio internacional ronda los 50 dólares. Si se multiplica esa diferencia entre el valor local y el internacional por la cantidad de barriles producidos, la transferencia de ingresos en un año a las petroleras rondaría los 5.000 millones de dólares.

La decisión de la Corte Suprema pone fin a la controversia suscitada, y obliga al Gobierno a realizar las audiencias públicas que no se hicieron para proceder a la actualización de las tarifas. Y la Corte añade que esas audiencias deben contemplar no sólo las actualizaciones tarifarias de las distribuidoras, sino también la fijación del valor del gas en boca de pozo que se paga a las productoras. La Corte argumento, correctamente, que ese precio –que supone el 70 % del coste que luego pagan los consumidores residenciales- debe ser sometido a consideración de los usuarios y debe ser suficientemente explicado.

Lo paradójico es que ha bajado el precio del barril de petróleo pero en Argentina se siguen pagando los precios más elevados del mundo por la energía. Aparentemente se quieren evitar conflictos con el combativo sindicato petrolero. Pero por estas u otras razones se mantiene un  sistema de subsidios cruzados y encubiertos, que distorsionan el sistema de señales que deben ofrecer los precios en una economía de mercado. Así resultará difícil salir del laberinto. Un gobierno que se proclama del “cambio” debería trabajar intensamente para alcanzar ese objetivo.

Comentarios

comentarios

Sé el primero en comentar

Deja un comentario