La inaceptable justicia por mano propia

Aleardo Laría.

El caso protagonizado por el médico Lino Villar Cataldo, quien mató a un joven ladrón de 24 años que intentó robarle el auto a punta de pistola, reaviva una vieja polémica sobre el uso de la violencia defensiva. En Argentina reaparecen, demasiado a menudo, casos de “justicieros” que se consideran con derecho a ejercer la justicia por mano propia. Lo lamentable es que también reciban el apoyo de periodistas y jueces dispuestos a justificar estos comportamientos.

Cuando se hace referencia a una investigación penal en curso, es necesario ser prudente y no adelantarse al resultado de las diligencias que se deben practicar. En el caso que comentamos tienen singular relevancia las pruebas balísticas sobre la trayectoria de los proyectiles y estos resultados no se conocían al momento de redactar esta nota. No obstante la fiscal encargada del caso ha caracterizado el hecho, prima facie, como un delito de “homicidio agravado por el uso de armas de fuego”. Es decir que excluye la existencia de una situación de legítima defensa, calificación que parece adecuarse al relato preliminar de hechos acontecidos.

Según la primera versión distribuida por la agencia Télam –ajustada a “fuentes policiales y judiciales”- el asaltante, luego de amenazar y golpear al médico con un arma de fuego, se subió al vehículo y no lo supo arrancar por desconocimiento del manejo de la caja automática. Esto le permitió al médico entrar a la casa a buscar el arma calibre 9 milímetros, o –según su peculiar versión defensiva, recoger el arma del cantero donde la había dejado previamente-, para disparar a continuación cuatro veces sobre el ladrón.

En principio, ajustados a ese relato, no parecen que se den las condiciones para que se pueda invocar una situación de legítima defensa. De acuerdo con la tradicional definición del penalista Sebastián Soler, la legítima defensa requiere que la acción defensiva sea la  “reacción necesaria  contra una agresión injusta, actual y no provocada». La exigencia de “actualidad” significa que la defensa se debe ejercer en el mismo momento del ataque y no después. La ausencia de este requisito nuclear determina la imposibilidad de aplicar esta eximente.

No ha sido siempre el criterio de los tribunales, como lo prueba el famoso caso protagonizado por el “justiciero” ingeniero Santos en el año 1990. En aquella ocasión dos delincuentes robaron el estéreo del auto de Santos que, al escuchar la alarma, subió a su vehículo y salió en persecución de los ladrones a los que mató de sendos tiros en la cabeza. En un principio la jueza lo condenó por homicidio simple, pero luego la Cámara de Apelaciones cambió la carátula por la figura más benigna de homicidio culposo, al entender que se estaba ante un caso de exceso en la legítima defensa.

Un considerable sector de la sociedad argentina está, de un modo consciente o inconsciente, a favor de disculpar estos casos de justicia por mano propia. «Uno menos, este no jode más», dijo en un acto de sincericidio el periodista Eduardo Feinmann sobre el ladrón que mató el médico en Loma Hermosa.  Añadió que “de Zaffaroni  para acá, el ‘ladriprogresismo’ en la República Argentina pudrió tanto la Justicia, le dio tantas armas jurídicas a los delincuentes, que han ganado la calle. Y matan a cualquiera como una mosca. Y no importa nada».

Tampoco han sido oportunas las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando señaló que  “no hay que perder de vista que la víctima fue el médico, que es la persona que fue robada y atacada”. En realidad, desde un punto de vista legal y  lógico,  no existe incongruencia en que la víctima de un delito de robo se convierta a continuación en el victimario de un homicidio. Luego, la ministra enmendó parcialmente su error cuando añadió que “evidentemente lo que nosotros tenemos que lograr es que no se llegue a esa instancia de que la gente no tenga que defenderse por sus propias armas, sino que lo puedan hacer las fuerzas de seguridad».

En Argentina se estima que cada semana se produce un caso de justicia por mano propia que termina con la vida de una persona. Se debe tener en cuenta que los casos de justicia por mano propia abarcan un amplio espectro. Entran en esta categoría no solo los casos de “justicieros” como el ingeniero Santos sino también las palizas contra supuestos ladrones o “motochorros”, episodios que en demasiadas ocasiones han terminado con la vida del presunto delincuente. En una escala menor cabría incorporar también los episodios de cortes de calles, ocupación de edificios públicos por reclamos salariales, o las usurpaciones de terrenos y viviendas que se hacen reivindicando determinados derechos sociales.

Es cierto también que las posiciones ingenuas del ultra garantismo penal, crean un clima de impunidad al otorgar facilidades procesales que no toman en consideración el dolor de las víctimas. Propician así, de un modo no calculado, que los familiares procuren tomarse la justicia por mano propia. O al menos estimulan la desconfianza en la actuación policial o en la eficacia de la justicia. No se debería permitir que los autores de graves delitos que han conmovido a la sociedad, salieran en libertad al día siguiente a deambular tranquilamente por las calles.

Pero un Estado de derecho no puede permitir que los ciudadanos se arroguen el derecho a responder a la violencia con otra violencia mayor o de similar factura. Ni un ciudadano particular ni un grupo social tienen el derecho a utilizar la violencia para alcanzar objetivos que consideran legítimos. Frente a la situación de incertidumbre que genera esta anomia, se debe reivindicar la regularidad normativa que consiste en que el sistema penal retributivo sea aplicado por los jueces en toda su extensión. Lo contrario sería una suerte de retorno al estado de naturaleza que describía Hobbes, cuando la vida del hombre era “solitaria, pobre, sórdida, bestial y breve”.

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