La política de las presiones

Aleardo Laría.

Argentina es el país de los grupos de presión. En cuanto surge un reclamo, rápidamente se organiza un grupo para llevar sus exigencias a la calle y presionar a las autoridades. Se acaba de anunciar una manifestación que acudirá  a las audiencias públicas convocadas por el Gobierno para tratar el aumento de las tarifas de gas. Un tema esencialmente técnico-económico, queda así sometido a la presión de los que hagan más ruido en la calle.

Otro grupo novedoso se ha conformado también para reclamar la destitución del juez federal Daniel Rafecas a través de una solicitada publicada en dos diarios nacionales. En este caso, han acompañado la petición, con su firma, distinguidos intelectuales que suelen ser muy imparciales y comedidos cuando dan a conocer sus opiniones políticas en artículos o reportajes. Pero, como señala el refranero popular, hasta al cazador más avezado se le escapa una liebre.

En la solicitada que comentamos “los abajo firmantes” consideran “un deber cívico reclamar la destitución, acorde con los procedimientos vigentes, del Juez Daniel Rafecas por manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura”. La inconducta que se le atribuye al juez consiste en haber dictado una sentencia en la que desestima, por inexistencia de delito, la denuncia formulada por el fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández y el ex canciller Héctor Timerman por el supuesto encubrimiento del ataque perpetrado contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994.

El famoso Memorándum de Entendimiento con Irán -que da cuerpo a la denuncia de Nisman- fue una iniciativa del inexperto canciller Timerman que no tuvo ningún efecto real puesto que no fue ratificado por la otra parte. Hasta los propios kirchneristas opinan ahora que se trató de una iniciativa deplorable, que carecía de todo rigor, y no resolvía ninguno de los problemas que pretendía abordar. No obstante, como estamos dentro de la esfera de los actos de gobierno, a nadie se le escapa la enorme distancia que existe entre formular una crítica política a una decisión oficial y calificar ese acto de hecho criminal.

Probablemente por ese motivo la denuncia de Nisman fue objeto, en su momento, de críticas contundentes, provenientes de reconocidos jurisconsultos de la más variada procedencia. No era para menos. Atribuirle a un presidente de la Nación la calidad de “encubridor” de un atentado terrorista perpetrado hace 22 años -del cual se ignoran todavía quienes fueron sus autores-,  utilizando como instrumento para perpetrarlo la promoción de un tratado internacional  aprobado por el Congreso supone llevar a cabo, intelectualmente, una arriesgada operación de funambulismo jurídico.

En cualquier caso, aún en el caso que se esté en desacuerdo con el fallo de Rafecas, lo único cierto es que el juez se limitó a dictar una sentencia muy bien elaborada, exponiendo las razones de fondo y de forma que le llevaban a desestimar la denuncia. Posteriormente la sentencia de Rafecas fue ratificada por la Sala I de la Cámara Federal, de modo que la base de su razonamiento fue objeto de revisión por un tribunal superior que la encontró conforme a derecho. Parece arriesgado  caracterizar como un “acto de inconducta” lo que es la labor propia y bien ejecutada de un juez.

Por otra parte sorprende que se pida la destitución del juez y no de los camaristas que confirmaron su fallo, puesto que, si aceptamos la lógica de la solicitada, éstos también habrían incurrido en el mismo tipo de “inconducta”. Esa omisión ha llevado a algunos críticos a opinar que con la solicitada se intentaba hacer una presión indebida sobre los integrantes de la Cámara que tienen convocada una audiencia donde deben resolver un pedido de la DAIA para que se abra el caso de la denuncia de Nisman. Teniendo en cuenta que la forma normal de promover la remoción de un juez es formular una presentación -basada en hechos ciertos y fundados-  ante el Consejo de la Magistratura, la interpretación no parece desacertada.

Como corresponde a nuestra tradición política, rápidamente se ha conformado otro grupo de presión en solidaridad con el juez Rafecas, integrada básicamente por destacados kirchneristas que han aprovechado la ocasión para colocarse la camiseta republicana, algo que no siempre suele estar al alcance de sus posibilidades. La “contra-solicitada” denuncia la “persecución contra un juez independiente a través de esta inusitada práctica, cuya intención, a no dudar, es disciplinar a todos los operadores judiciales, que de tolerarse, afectará gravemente al Estado de Derecho y a las instituciones de la República”.

Es cierto que el kirchnerismo no tiene legitimidad para asumir la defensa de la división de poderes republicana, puesto que desde el primer día han intentado incorporar a la Justicia a fiscales y jueces  que consideraban adeptos a la causa nacional y popular. Una reforma del Poder Judicial, declarada inconstitucional por la Corte Suprema, perseguía el mismo objetivo. Pero debemos reconocer que en esta ocasión, han recibido una ayuda inesperada de los auténticos defensores de la República.

Si bien es posible pensar que todavía existen muchos jueces y fiscales dispuestos a basar sus decisiones en cuestiones ideológicas y políticas más que técnicas –como lo prueban las cautelares que se han dictado en el tema tarifas- también es cierto que en Argentina existen muchos otros jueces y fiscales que se consideran profesionales independientes y que intentan aplicar el derecho respetando el principio de imparcialidad. Habría que conseguir que este sector sea cada vez más numeroso, respetando sus decisiones.

 Naturalmente que siempre es posible hacer la crítica intelectual de una sentencia, pero pedir la destitución del juez porque su decisión no nos favorece va más allá, y equivale a solicitar la expulsión del árbitro que ha dirigido un encuentro deportivo por el  resultado desfavorable que nos amarga. Imaginemos lo que sería un país si cada parte que es vencida en un juicio reclamara la destitución del juez que dictó la sentencia que no le ha favorecido.

En principio, cuando nos encontremos ante una sentencia bien razonada y que aborda todas las cuestiones en disputa,  aunque “no nos guste”, debemos saber respetarla.  En eso consiste la división de poderes: aceptar lo que dice otro poder, aunque no lo compartamos. El presidente Macri acaba de darnos una lección de democracia, al aceptar sin rechistar el fallo de la Corte que anuló las nuevas tarifas de gas. Si aceptamos ese principio, sobran los grupos de presión que pretenden condicionar las decisiones de la justicia.   

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