Lo que revela el acuerdo secreto de YPF con Chevron

Aleardo Laría.

Finalmente se impuso el sentido común y la empresa petrolera estatal YPF, como consecuencia de una decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, se ha visto obligada a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que la condenaba a entregar a los jueces el acuerdo comercial firmado con la estadounidense Chevron. Termina así una comedia de enredos donde se intentaba ocultar a los ojos de los argentinos unas cláusulas que, si bien son usuales en los contratos internacionales, avergonzaban a los proclamados defensores de la soberanía.

El convenio con Chevron para la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta, se firmó en julio de 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando al frente de YPF estaba Miguel Galuccio y en el directorio de la empresa participaba el ministro de Economía Axel Kicillof. De modo que sería ingenuo suponer que la presidenta no estaba en conocimiento de lo acordado. Por otra parte, fue el Poder Ejecutivo el que un día antes de que se cerrara el preacuerdo dictó un decreto por el que se estableció un nuevo régimen de promoción de inversiones petroleras que les permitía a las compañías petroleras que invirtieran más de 1000 millones de dólares comercializar sin retenciones el 20 por ciento de lo producido a partir del quinto año de iniciada la inversión, disponiendo libremente de las divisas generadas por dicho porcentaje. Un traje a medida de Chevron.

Según se puede conocer ahora, para canalizar su inversión en Vaca Muerta, Chevron no envió los fondos directamente a Argentina, sino que los depositó en una filial de YPF en Estados Unidos. Antes YPF había creado otras sociedades para que intermediaran en la operación. YPF SA creó una sociedad uruguaya llamada Wokler Investment SA, la cual posee el 100 por ciento de una firma radicada en Bermudas denominada YPF Shale Oil Holding Ltd, que a su vez tiene el 100 por ciento de YPF Shale Oil Investment LLC, radicada en Delaware, un estado norteamericano considerado paraíso fiscal. A esta última empresa es la que Chevron le giró el dinero y de ahí los fondos fueron a la Compañía de Hidrocarburos No Convencional SRL, controlada por YPF Shale Oil Investment LLC, que era la que invertía el dinero en Loma Campana, donde posee el 50 por ciento de la concesión (junto con el otro 50 % que detenta Chevron).

El uso de sociedades offshore para canalizar inversiones internacionales es una práctica usual en las grandes empresas multinacionales. En principio no constituye infracción de ningún tipo y simplemente se puede sospechar que esa ingeniería financiera puede obedecer a otros propósitos, como ocultar bienes o eludir el pago de impuestos. En el caso del acuerdo de YPF con Chevron, según la confesión de los propios directivos de YPF, el objetivo bastante obvio era proteger los fondos cedidos por la empresa norteamericana de los embargos del juez norteamericano Griesa, una actuación que puede ser considerada un delito de alzamiento de bienes según la legislación penal de algunos países.

El diario kirchnerista Página 12, está obsesivamente centrado en la búsqueda de sociedades offshore del grupo familiar Macri. Considera que “el uso de firmas offshore en el entramado societario de los Macri es una práctica compartida con otros miembros prominentes de la cúpula empresarial argentina”. Pero en esta acusación olvida incluir a la empresa estatal YPF durante el período que fue gestionada por los gestores puestos por Cristina Fernández de Kirchner. Una forma de hemiplejía política típica del populismo autóctono que siempre ve la paja en el ojo ajeno pero olvida las vigas que contiene el ojo propio.

Volviendo al contrato entre Chevron e YPF, existen otras cláusulas que impuso el desconfiado socio norteamericano. Para cubrirse de eventuales incumplimiento, YPF tuvo que prendar las acciones de YPF Uruguay a favor de Chevron. También tuvo que hacerlo con la otra offshore radicada en Bermudas. Se pactó asimismo que si surgían desacuerdos judiciales, debían ser dirimidos en tribunales de Nueva York y eventualmente ante la Corte Internacional de París. Otra novedosa cláusula creó una suerte de inmunidad fiscal para la empresa norteamericana: se estableció que si el Congreso de la Nación o las provincias imponían nuevos tributos, estos deberían ser sufragados por la empresa estatal argentina.

Del acuerdo de YPF con Chevron resta todavía conocer un dato. YPF le garantizó a la petrolera norteamericana un precio mínimo por todos los barriles extraídos cuya compra le garantizaba. Cuando se conozca el precio pactado, se podrá establecer la magnitud del subsidio que la empresa estatal argentina –en definitiva los ciudadanos argentinos- le abonan a la multinacional norteamericana. Una muestra más de la consistente “soberanía hidrocarburífera” que enorgullecía a Axel Kicillof.

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