¿Por qué es importante la sanción de la ley de Acceso a la Información Pública?

EL VOTO DE DIPUTADOS DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN

Alicia Miller.

El pasado miércoles, la Cámara de Diputados sancionó la ley de Acceso a la Información. ¿Por qué se trata de un hecho importante e histórico para la Argentina?

  • Porque hace 17 años se encontraban en análisis del Congreso no menos de 15 proyectos de Acceso a la Información, que no llegaban a ser tratados.
  • Porque una ley obliga a todos los poderes del Estado, sean organismos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. E, incluso, si bien se invita a adherir a las provincias y Estados municipales, sus definiciones y principios sobre la publicidad de actos de gobierno son de por sí extensivas a todo el país. Lo único que deben hacer las leyes provinciales y las ordenanzas municipales es establecer qué órgano tendrá a su cargo ejecutar las obligaciones que marca la ley nacional, qué sanciones le cabrán a quienes incumplan la norma y cuestiones operativas como plazos y procedimientos. Aun así, los plazos no podrían ser superiores a los que determina la ley nacional, porque se mantiene la prevalencia de esta norma por sobre las de inferior rango.
  • Hasta ahora, en el país sólo regía el decreto 1172/2003 firmado por el expresidente Néstor Kirchner en diciembre de ese año, a poco de asumir en el cargo. El decreto tenía como ámbito de aplicación “los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional” y “las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público nacional, así como a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional a través de sus jurisdicciones o entidades y a las empresas privadas a quienes se les hayan otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público”.
  • Porque reconoce y detalla los principios que deben regir a la Información Pública, como lo hace desde hace años la ley vigente en Chile, una de las precursoras en América Latina. Los principios son:

1)Presunción de publicidad: Toda información en poder del Estado se presume pública, salvo las excepciones que marca la ley.caxmara_diputaods

2)Transparencia y máxima divulgación

3)Informalismo

4)Máximo acceso: prevé que la información sea dada con el mayor nivel de desagregación o detalle posible y por la mayor cantidad de medios posible.

5)Apertura: debe ser proporcionada en formatos abiertos que permitan su reutilización y análisis.

6)Disociación: En caso de que parte de la información no pueda ser proporcionada por ser reservada por ley, la parte que sí es pública debe ser desagregada y difundida.

7)No discriminación: La información debe ser brindada a toda persona que la solicite, sin contemplar requisitos ni razones que justifiquen el pedido.

8)Máxima premura

9)Gratuidad

10)Control: Debe haber un mecanismo que evalúe la respuesta a los pedidos. El silencio, la inexactitud en la respuesta, las demoras o la ambigüedad podrán ser motivo de recurso.

11)Responsabilidad: El incumplimiento origina responsabilidad y sanciones.

12)Alcance limitado de las excepciones, que deben ser interpretadas en forma restrictiva.

13)In dubio pro petitor: En caso de duda sobre si corresponde o no brindar una información, debe resolverse a favor del solicitante.

14)Facilitación: Ninguna autoridad puede negarse a cumplir la norma.

15)Buena fe: Las autoridades están obligadas a interpretar la ley con amplitud, diligencia y profesionalidad.

  • Se define el derecho de Acceso a la Información Pública en un sentido amplio: no sólo garantiza el acceso a información en poder del Estado sino que contempla el derecho de toda persona a buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente. Esto implica que ningún funcionario podrá acusar a periodistas o medios de comunicación por dar a conocer alguna información vinculada con asuntos estatales que no haya sido entregada formalmente por un funcionario. El derecho a acceder, reutilizar y redistribuir es amplio, independientemente de quién proporcione la información o cómo la persona se haya hecho de ella, y la única excepción son las informaciones que la misma ley restringe por considerarlas incursas en secretos profesionales, de seguridad y defensa nacional o vinculados con menores o privacidad de las personas.
  • Legitimación activa: Cualquier persona puede solicitar y acceder a información pública. La ley reconoce la legitimación activa para invocarla a “toda persona humana o jurídica, pública o privada”. No hay requerimiento de nacionalidad, profesión, procedencia ni afinidad o interés con el dato solicitado. La ley prohíbe que se exija al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio de un abogado.

 

  • Sujetos obligados: Es importante porque detalla uno a uno los sujetos obligados por la ley, listado exhaustivo que contempla organismos descentralizados y extrapoderes como el Conseoj de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria; empresas y sociedades donde el Estado tenga participación estatal minoritaria pero sólo en lo que hace a esa participación estatal; concesionarios, licenciatarios, partidos políticos, universidades y cualquier entidad privada que haya recibido fondos públicos en lo que se refiera a estos; y los concesionarios de juegos de azar y apuesta autorizados por la autoridad competente.

 

  • Procedimiento: Prevé que la solicitud pueda ser presentada por escrito o por correo electrónico y sin ninguna formalidad, sólo consignando la identidad del solicitante, la identificación clara de la información que se pide y los datos de contacto del solicitante a los fines de enviarle la información o anunciarle que está disponible. Esto facilita los pedidos desde el interior del páís, ya que no obliga a designar a un representante en Buenos Aires para el caso de informaciones centralizadas en la capital.

 

  • Plazos: Prevé que la información debe ser suministrada en 15 días, prorrogables por otros 15 sólo cuando se fundamente en dificultades para reunir los datos solicitados.

 

  • Reclamo: Ante la negativa a proporcionar información, el solicitante podrá recurrir ante un juez contencioso administrativo federal, sin necesidad de que se le exija el agotamiento de la vía administrativa. La acción tramitará como amparo y deberá ser presentada antes de los 40 días de que se negó la información. Esta acción judicial podrá ser acompañada con un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, que tendrá 30 días para resolver.

 

  • Órgano de aplicación: Será la Agencia de Acceso a la Información Pública, como ente autárquico del Poder Ejecutivo Nacional. El director de la Agencia fue uno de los temas que dividió las aguas entre el Senado y la Cámara de Diputados. El proyecto original del gobierno -que en definitiva es el que se sancionó- prevé que sea designado por el Poder Ejecutivo Nacional y a su propuesta, después de la difusión del nombre y la posibilidad de que la ciudadanía formule impugnaciones a través de una audiencia pública. Contempla que dure 5 años en el cargo con posibilidad de ser reelegido una sola vez. No exige título universitario específico pero sí antecedentes vinculados con la materia y dispone que no podrá haber desempeñado cargos electivos o partidarios en los últimos 5 años. Para su remoción por mal desempeño, contempla un mecanismo con participación de comisiones del Senado y de Diputados. El Senado solicitaba participar también para su designación, lo que fue rechazado en Diputados.

 

  • Responsables de Acceso en cada organismo. La ley obliga a todo organismo del Estado a designar a una autoridad responsable de velar por el cumplimiento de la norma.

 

  • Transparencia Activa: Contempla que, más allá de la información que soliciten los particulares, todo organismo del Estado está obligado a brindar, difundir o poner en su página web toda aquella información pública. Esto incluye el organigrama, las escalas salariales con todos los componentes y adicionales, el presupuesto de cada área, las transferencias de fondos que realiza a cualquier institución o entidad privada, las actas, resoluciones, versiones taquigráficas de reuniones, dictámenes jurídicos y todo docuento que haya servido de base a decisiones de gobierno; informes de auditoría, concesiones, protocolo de atención al cliente, mecanismos de búsqueda de infrormación pública, índice de trámites y requisitos, guía para la presentación de denuncias, acordadas, resoluciones y sentencias, declaraciones juradas patrimoniales de las autoridades y toda otra información que genere.

 

 

Cómo votaron los diputados de Río Negro y Neuquén

El miércoles 14 de septiembre, la Cámara de Diputados  convirtió en ley el proyecto de Acceso a la Información Pública, al rechazar las modificaciones propuestas por el Senado a la norma que ya contaba con media sanción.

El diario La Nación publicó un infograma animado que permite ver cómo votó cada diputado el proyecto.

El cuadro permite advertir que cuatro diputados nacionales por Neuquén votaron en forma afirmativa la norma -López Koenig, Darío Martínez, Adrián San Martín y María Villar Molina-, y sólo dos por Río Negro -Sergio Wisky y Luis Bardeggia-.

En cambio, estuvieron ausentes los kirchneristas José Ciampini, Martín Doñate, Silvia Horne y María Emilia Soria. En el caso de María Emilia Soria, su hermano Martín -intendente de General Roca- se ha negado a que el bloque oficialista en el Concejo Deliberante siquiera llegue a analizar el proyecto de ordenanza de Acceso a la Información presentado por el concejal del PRO/Cambiemos Gabriel Giayetto. Durante la anterior gestión, otro proyecto de similar contenido perdió estado parlamentario sin siquiera ser considerado, aun cuando había sido originado en un concejal del Frente para la Victoria.

 

Así votaron los diputados de Neuquén:

Ciampini, José Alberto  FpV        AUSENTE

López Koenig, Leandro Cambiemos       AFIRMATIVO

Martínez, Darío   FpV        AFIRMATIVO

San Martín, Adrián     MPN     AFIRMATIVO

Villar Molina, María Inés MPN   AFIRMATIVO

 

Así votaron los diputados de Río Negro

Bardeggia, Luis María    FPV        AFIRMATIVO

Doñate, Claudio Martín     FPV        AUSENTE

Horne, Silvia Reneé        FPV        AUSENTE

Soria, María Emilia          FPV        AUSENTE

Wisky, Sergio Javier       Cambiemos       AFIRMATIVO

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