Una pesada mochila sindical

Aleardo Laría.

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Sorprende la variedad y cantidad de delitos que se atribuyen a Suárez, quien estuvo al frente del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) la friolera de 28 años. Según el juez Rodolfo Canicoba Corral, el dirigente sindical no solo desviaba fondos de la obra social de los marítimos sino que también comandaba una asociación ilícita creada para coaccionar a las empresas marítimas extranjeras a las que exigía dinero a cambio de no obstaculizar su ingreso a los puertos argentinos. Se estima que con este procedimiento, sólo entre 2010 y 2011, se apropió de unos cinco millones de dólares.

No hace falta ser un experto para percibir el encarecimiento que esta estructura mafioso suponía para las operaciones de comercio exterior. Los costos operativos del puerto de Buenos Aires están situados en la franja de los más caros del mundo y en el cómputo de esos costos están, obviamente, los pagos que se hacen por debajo del mostrador. Esto explica que las empresas exportadoras argentinas hayan preferido utilizar los puertos uruguayos o brasileños al puerto de Buenos Aires, lo que no siempre es posible por las absurdas regulaciones que limitan la libre competencia.  

Pero debemos ir más allá y reconocer que el caso Suárez no es más que la punta del iceberg de un fenómeno de corrupción que tiñe a gran parte del sindicalismo argentino. Esto explica la sorprendente fortuna que han logrado acumular algunos dirigentes sindicales  y la enorme apetencia que despiertan los cargos sindicales, que en más de una ocasión se han disputado haciendo uso de armas de fuego.

Estamos ante un fenómeno estructural que tiene su origen en la existencia de una legislación anacrónica, que permitió y facilitó la consolidación de un modelo sindical inédito, que no existe en ninguna otra parte del mundo. La primera responsabilidad le cabe a Ley de Asociaciones Profesionales, que establece una suerte de monopolio sindical en manos de la asociación sindical elegida por el Estado a la que se le confiere la “personería gremial”, es decir la facultad para integrar las comisiones paritarias y pactar en exclusiva los convenios colectivos que regulan cada actividad, y a la que también se le concede el control de las obras sociales. 

La legislación original fue dictada durante el primer peronismo, pero desde entonces los gobiernos no han querido o no han sabido propiciar su derogación pese a los reiterados reclamos formulados por la Organización Internacional del Trabajo que exige desde antaño el respeto a la libertad sindical. La violación al principio de libertad sindical se produce porque el sistema legal argentino no admite dos entidades con personería gremial en un mismo nivel y ámbito de representación.

La otra ley que ha facilitado la consolidación de esta “monarquía sindical hereditaria” es la ley de obras sociales, que deja en manos de los sindicatos la recaudación de enormes cantidades que se descuentan coactivamente a todos los trabajadores. Esta ley, promulgada durante la dictadura militar de Onganía, pone en manos de los sindicalistas cuantiosos fondos sin excesivo control. Esto permite a los dirigentes sindicales deshonestos desviar fondos a empresas que están bajo su control y que son contratadas por las obras sociales para la realización de los más variados y extravagantes cometidos.

Recientemente, la diputada Elisa Carrió argumentó que, dado que los dineros que recaudan las obras sociales se asemejan a los impuestos, los responsables de administrar esos fondos deberían ser incluidos en la Ley de Ética Pública y formular declaraciones juradas sobre el origen de su patrimonio personal. La iniciativa no fue respaldada por el gobierno de Macri, que ha preferido atenuar los reclamos sindicales concediendo 30.000 millones de pesos adeudados por el Estado a las obras sociales y que supuestamente habían sido retenidos por el  gobierno kirchnerista.

Todo este “costo argentino” recae finalmente, como es inevitable, sobre las espaldas de las empresas y de los propios trabajadores. Argentina no cuenta con un sistema de salud pública eficaz, entre otros motivos, por la existencia de una dispersión absurda en los planes de asistencia sanitaria entre decenas de obras sociales deficitarias. Por otra parte, habría que medir el costo total que en la economía tiene una estructura burocrática profesionalizada demasiado extensa, que inevitablemente daña la competitividad de las empresas en el exterior.

 No se trata de negar el rol positivo que cumplen, o deberían cumplir, las organizaciones sindicales en el marco de una moderna economía capitalista. Tampoco de  desconocer la contribución histórica de los sindicatos en la mejora de la situación económica y política de los trabajadores.  Pero basta conocer como se desempeñan los sindicatos en los países modernos, con escasos cargos rentados, para tomar consciencia de la grave distorsión que en nuestro país ha tomado carta de naturaleza.

En el año 2008, en el fallo “ATE”, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del artículo 41 de la ley 23.551 de Asociaciones Profesionales. La sentencia habilitó la posibilidad de que entidades sin personería gremial puedan elegir delegados y que personas no afiliadas a sindicatos con personería gremial puedan presentarse como candidatos, algo que hasta entonces no estaba permitido. Así se ha modificado de modo parcial el modelo sindical argentino, pero en los fundamentos del fallo se pueden encontrar suficientes argumentos para propiciar un cambio más radical del cerrado modelo de “personería gremial”.

Existe general consenso en nuestra sociedad sobre la necesidad de alcanzar una economía productiva que genere empleo genuino y reduzca los niveles alarmantes de exclusión social que arrastramos. Pero para alcanzar este objetivo hace falta, entre otras tareas, acabar con algunos privilegios corporativos y cambiar radicalmente nuestro anacrónico modelo sindical. Es una tarea políticamente muy difícil por la resistencia que seguramente opondrán los beneficiados por el sistema, pero el tema debe permanecer en la agenda política, a la espera que alguien, algún día, decida ponerle el cascabel al gato.  

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