Las cifras de la decadencia

Jalenska Zurakoski Luparelli.

Esta semana fueron conocidas las cifras de la pobreza. Tras años de ocultamiento deliberado, pretendido por las más altas autoridades del país, salieron a la luz los datos oficiales de una realidad pasmosa: el 32,2% de la población económicamente activa se encuentra en la pobreza, mientras que el 6,3% está en la indigencia, datos provistos en base a los resultados de la encuesta de hogares que llevó a cabo el INDEC, bajo la dirección de Jorge Todesca. Una pobreza de tal magnitud solo puede ser el resultado posible de años de decadencia propiciada por una política económica deficiente, que lejos de enfrentar los problemas se dedicó a colocar parches sobre parches sin pensar en el largo plazo.

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Todesca, presentando el índice de Pobreza. INDEC.

Complementario a esta crítica situación, en días recientes, un alarmante informe del Ministerio de Trabajo expresó que el empleo público creció, mientras el empleo privado se contrajo. En el último año el nivel del empleo formal –en blanco– se mantuvo casi sin cambios en torno de las 9,6 millones de personas. Sin embargo, mientras el empleo privado tuvo una baja de 90.000 puestos laborales, el sector público los incrementó en 80.000. Es decir que se mantiene un delicado equilibrio en el empleo a costa del sector privado. El informe reveló que en el sector público  “si bien, desde diciembre de 2015 se produce una fuerte desaceleración en el ritmo de expansión de la dotación de personal (…) el número de trabajadores se incrementa en todos los meses” y “el sector mantiene una tendencia creciente hasta el último mes analizado (junio)”. Con respecto al empleo público provincial, Neuquén se destaca entre las provincias que más han incrementado la cantidad de empleo público, exhibiendo un aumento del 5,6%, lo que equivale a poco más de 62.000 personas.

Esta información pone de manifiesto que el ajuste lo está llevando a cabo el sector privado. Salta a la vista que el sector público no se ha achicado, sino que por el contrario ha aumentado su peso sobre los hombros de los sectores productivos de la economía y los contribuyentes en general. Más aún, de la información provista por el Ministerio que conduce Jorge Triaca relució otro dato no menor: la mayor cantidad de empleo público ha sido generado en los Municipios, el crecimiento interanual fue el más alto y alcanzó al 3,3% (14.000 puestos de trabajo). Si el sector público no para de crecer especialmente en los municipios, lejos de tratarse de una sana reconstrucción del sistema federal argentino, se continúa alentando una política “mendicante”, donde la dirigencia local gasta de manera irresponsable y luego se inclina ante las autoridades provinciales y nacionales para enfrentar el rojo de sus cuentas.

La pobreza estructural solo va a poder ser superada cuando se genere empleo genuino. Mientras el principal empleador sea el Estado, no podremos hablar de ocupación de calidad ni de incentivos para el crecimiento económico. El empleo público junto con otras formas de gasto del Estado, son formas de asistencia a una gran parte de la población. Las cuales no se reflejan en crecimiento económico en el mediano y el largo plazo, a no ser que mediante dicha asistencia se incentive a los beneficiarios a valerse por sí mismos. Deben colocarse los incentivos necesarios para que paulatinamente sea más redituable dedicarse a trabajar en el sector privado, el único productivo, antes que subsistir de la mano del favor político, del plan, de la prebenda o directamente del empleo público.

Si no disminuye la planta de personal del Estado y la cantidad de beneficiarios de ayudas sociales, a estos sectores de la población se los mantiene al margen de la sociedad productiva. A su vez, se condena a los que se desempeñan en la actividad privada a solventar con su labor la ineficiencia de una excesiva burocracia, que solo depreda el capital existente.

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La porción “en negro” asciende a 4,5 millones de personas. Se agrega poco más de un millón de desocupados.

Dentro de las mismas cifras difundidas en estos últimos días, se agregó la información acerca de la informalidad. Donde la totalidad de empleo, la porción “en negro” asciende a 4,5 millones de personas. Se agrega poco más de un millón de desocupados. Personas que viven en la informalidad puesto que la carga impositiva y regulatoria es tan grande que les impide, o bien los desalienta a incorporarse a los circuitos formales. Se trata de aquellos cuentapropistas que hacen “changas”, los que compran y venden en las calles lo más lejos que pueden de los inspectores y organismos de recaudación, aquellos que llevan a cabo distintas actividades comerciales no declaradas y procuran pasar desapercibidos ante el fisco, entre otros. Familias en una situación precaria, sin cobertura social, sin gremio que vele por sus intereses, primeras víctimas de las vicisitudes de la economía, sin posibilidades crediticias, etc.

El logro de la inclusión social solo puede pasar por contribuir a que aquellos que hoy encuentran la posibilidad de estabilidad económica y futuro trabajando en el Estado, se reinserten en el ámbito privado obteniendo un empleo genuino. El primer paso para ello es la formación de capital humano que necesariamente debe ir de la mano de una legislación tendiente a destrabar la maraña de regulaciones que hace en extremo costoso abrir un comercio, contratar personal, etc.

La mayor parte de los daños que ha sufrido nuestro país han sido causados por un diseño deficiente de la política económica. Crecer depende de los incentivos apropiados para hacerlo. El costo político de no hacer nada es enorme puesto que las posibilidades de prosperidad de las sociedades se ven cada vez más acotadas a medida que aumenta la dependencia del Estado al tiempo que crecen la pobreza y la marginalidad.

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