Maduro aprovecha los fallos del presidencialismo

Aleardo Laría.

La grave crisis política que atraviesa Venezuela y la incapacidad del sistema institucional para procesarla, ponen al descubierto, una vez más, los fallos del sistema presidencialista. El diseño de un sistema concebido como una suerte de monarquía temporal, favorece la estrategia de Nicolás Maduro dirigida a frustrar toda posibilidad de revocar su mandato presidencial. Las disposiciones constitucionales pueden ser eludidas cuando el presidente tiene la firme voluntad política de aferrarse al poder.

La Constitución de Venezuela, diseñada por Hugo Chávez, no contempla la posibilidad de un juicio político al presidente pero en su lugar establece un procedimiento para revocar el mandato presidencial que es tan complicado que recuerda la odisea de Ulises para alcanzar Ítaca. El Consejo Nacional Electoral (CNE), un órgano  dominado por el chavismo y carente de toda independencia, había establecido en una primera instancia la necesidad de obtener el 20 % de los inscriptos en el Registro Electoral en cada uno de los estados del país para habilitar el revocatorio. Se trataba de una restricción ilegal, puesto que el Presidente es electo en una única circunscripción nacional y, por consiguiente, debe entenderse que la misma regla debe aplicarse para la revocación de su mandato. 

Ahora, considerando insuficiente la restricción anterior, el CNE dispuso “manu militari” la paralización del proceso revocatorio en marcha apoyándose en la  decisión de siete tribunales penales provinciales que dispusieron suspender el curso del proceso de recogida de firmas mientras se investiga un supuesto fraude en las firmas presentadas en la primera etapa donde se debía reunir el 1 % para iniciar el trámite. La CNE ha declarado que “acata” la decisión de estos tribunales y ha suspendido todo el proceso en una medida irrazonable que indica que el Gobierno de Maduro ha tomado la decisión política de poner fin, sin recato, a la iniciativa que estaba en marcha.

Es evidente que la resolución del CNE carece de base legal. Suponiendo que no se hubiera podido confirmar la validez de algunas firmas, la única consecuencia debiera ser la anulación de esos registros que simplemente no computarían para alcanzar los mínimos exigidos. De otro modo se daría cobertura a la maniobra consistente en introducir “falsos positivos” en las labores de recogida de firmas. Por consiguiente estamos ante una decisión arbitraria que en el sistema autoritario en el que se encuentra sumida Venezuela, ha sido, con toda probabilidad, concebida por el propio Gobierno.

Políticamente se trata de una jugada arriesgada, puesto que suprime toda posibilidad de resolver por el cauce institucional la grave crisis política y económica que atraviesa el país. El referéndum revocatorio era visto por la oposición y la opinión internacional como el último recurso para evitar un escalamiento en el nivel de enfrentamiento que vive el pueblo venezolano.  Con este paso, queda sin objeto la misión de mediación de UNASUR, integrada por los ex presidentes Jose Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) Martín Torrijos (Panamá).

Los intentos de mediación del Papa, dirigidos a buscar una salida institucional al conflicto de poderes planteado, estaban también destinados al fracaso. El gobierno bolivariano de Venezuela es un hijo adoptivo de la dictadura de los hermanos Castro en Cuba. Sería una ingenuidad  suponer que personas aferradas al poder, dotadas de una hipocresía mayúscula, que han construido un relato fantasioso por el que se sienten  imbuidas de un espíritu de cruzada religiosa, pudieran abrir las puertas de las cárceles en las que serían luego probablemente encerrados.

La interrupción del proceso revocatorio ha venido acompañada de otra serie de decisiones dirigidas a neutralizar la labor de control  de la Asamblea Nacional, como ha acontecido con la Ley de Presupuesto, que se envió al Tribunal Supremo, o la postergación de las elecciones regionales. Por su parte, la Asamblea Nacional ha respondido iniciando un juicio político al presidente.  Es difícil en este momento hacer un pronóstico sobre el curso futuro de los acontecimientos, pero las medidas dirigidas a neutralizar las disposiciones constitucionales que permiten revocar el mandato presidencial sitúan al gobierno de Maduro en la lista de las dictaduras autoritarias. 

Frente a toda esta panoplia de piruetas institucionales del chavismo bolivariano, cabe hacer un ejercicio de análisis contra-fáctico para comprobar cómo la rigidez del sistema presidencialista le permite a Maduro continuar gobernando pese al cambio notorio de preferencia de los ciudadanos. En el marco de un sistema parlamentario la abrumadora mayoría obtenida en la Asamblea Nacional hubiera permitido a la oposición hacerse con el control total del Poder Ejecutivo. Pero en los sistemas presidencialistas resulta muy difícil acortar el mandato del presidente. La consecuencia más visible es el costo elevado que pagan los países presidencialistas que se ven envueltos en estos enojosos conflictos interminables, con el riesgo de que la situación se desborde y se produzcan enfrentamientos sangrientos.

No existen sistemas institucionales perfectos y todos están expuestos a sufrir el embate que le prodigan las personalidades autoritarias.  En el caso de Venezuela, estamos ante un caso excepcional, donde el acceso a través de las urnas de un grupo político ideológicamente totalitario, que utilizaba una máscara democrática, ha terminado en una situación semejante a la que transita Cuba. Frente a esos golpes, poco pueden hacer  las cautelas institucionales. Pero es indudable que los sistemas políticos que le confieren demasiado poder a una sola persona son más proclives a facilitar el éxito de los autócratas.   

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