Nueva muestra de abusos con fondos públicos

En Argentina, el 6,9% de la población activa recibe alguna pensión por invalidez.

Opinión Publicada

En Argentina, el 6,9% de la población activa recibe alguna pensión por invalidez. En Santiago del Estero, Formosa y Chaco esos subsidios llegan al 30% de la población, lo que evidencia que se otorgan por mero clientelismo.

Según un informe dado a conocer por el Ministerio de Desarrollo Social y publicado por el diario La Nación,   las estadísticas oficiales  revelan que en la Argentina se pagan 1.037.931 de pensiones no contributivas por invalidez, el equivalente al 2,58% de la población total. Ahora bien, si se toma como referencia a  la Población Económicamente Activa (PEA), la proporción salta al 6,9%. Es decir que 7 de cada 100 trabajadores son considerados inválidos en Argentina, una relación que no se registra en ningún otro lugar  del mundo.

La absoluta arbitrariedad en la asignación de este beneficio lo prueba el hecho de que el porcentaje  se dispara fuertemente en las provincias del norte, que son las provincias con más  elevados índices de pobreza. En Santiago del Estero las pensiones por invalidez las recibe  el 35% de la población en condiciones de trabajar; en Formosa el 31,96 % de los habitantes activos y en Chaco, ese porcentaje llega al 30,7%. Como contraste, en la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje es del 0,78% de la PEA.

Estas pensiones equivalen al 70% de una jubilación mínima, 3.962 pesos. Para obtener la pensión, el trabajador debe presentar un grado  de discapacidad que disminuya su posibilidad laboral en el 76 % o más. Generalmente la calificación de la invalidez se consigue con el certificado de un médico y de un asistente social. En los países europeos, en cambio, existen tribunales médicos del Estado para calificar el grado de invalidez de los trabajadores y son muy profesionales y rigurosos en la concesión de estos beneficios.

Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA),  afirma que estos subsidios se han venido usando como formas de asistencialismo político, sobretodo en el último gobierno de Cristina Kirchner. Se trata de una forma deformada de asistencialismo, porque enmascara la realidad e incentiva el círculo vicioso de la pobreza: muchos “inválidos” optan por rechazar trabajos  que se les ofrecen, sólo para conservar las misérrimas pensiones que obtienen sin esfuerzo alguno.

El problema es una muestra más de la fragilidad de las soluciones sociales implantadas por el populismo kirchnerista. Se piensa que el Estado tiene un depósito inagotable de recursos que pueden ser  asignados frívolamente  por los políticos para  incrementar su clientela política. Todo se hace en nombre de la solidaridad social, pero el resultado final es contraproducente: cada vez más personas quedan desintegradas del mercado de trabajo y por ende de la sociedad. Se evidencia también la falta de un sistema de prestaciones de desempleo ordenado, por el cual los trabajadores sin trabajo reciban una compensación mensual, pero la pierdan si no aceptan una oferta de empleo que se les hace llegar desde una oficina pública.

Desde diversos sectores  políticos se viene reclamando la revisión del sistema de pensiones no contributivas por invalidez., para limitar la posibilidad que se otorguen  por razones de clientelismo político. La legisladora por Confianza Pública y directora del PAMI en los primeros años del kirchnerismo, Graciela Ocaña, reconoce que  «en algunas provincias más que en otras hubo uso clientelar; la pensión corresponde, pero con controles y transparencia. Debe revisarse lo actuado, porque no puede abusarse como se hizo con las jubilaciones de ama de casa. La avivada de unos la pagamos todos, porque ese dinero es de nuestros impuestos y significa que recibimos menos en educación, salud y seguridad».

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