¿Qué desvela más a los jueces: el delito o la opinión pública?

Reforma del proceso penal en Río Negro

Alicia Miller.

La reforma del proceso penal en Río Negro incluye mucho más que la incorporación del juicio por jurados para los casos más graves. Representa un cambio total de la manera en que se organiza el Poder Judicial, en que se asignan los recursos económicos y de personal, y también del modo que se distribuyen las responsabilidades frente a la sociedad. En síntesis, posee un fuerte componente comunicacional, al punto de que podría plantearse en cuánto afecta la opinión pública a quienes integran el Poder Judicial y cómo influyó ese elemento a la hora de diseñar el nuevo Código Procesal Penal, que sigue s_100207_139_jurados_la tendencia general en la materia.

En una sociedad cada vez más compleja, las nuevas corrientes de pensamiento parten de la base de que la Justicia -como un valor absoluto- está muy lejos de ser representada por el Poder Judicial -como institución del Estado-. Días atrás, el sociólogo Kevin Lehmann compartió en Roca con periodistas su tesis de que, a pesar de todos los esfuerzos que realicen los jueces, los fiscales, sus auxiliares, los policías, los peritos y aun los testigos y las víctimas que declaran en los juicios, muy pocos casos dejarán la sensación de que se ha cumplido con el precepto tantas veces escrito vanamente de «será justicia».

Pero esa certeza resulta difícil de digerir para gran parte de la población, sobre todo para las víctimas y sus familias. Ellos deposita en las autoridades -y especialmente en los jueces y fiscales- su esperanza de que la condena provoque al autor del hecho un sufrimiento o escarnio, como manera de que el orden y los valores sean restituidos luego de que un homicidio, una violación, un robo, una estafa u otro hecho delictivo han conmovido la sensibilidad de una comunidad.

En lo formal, la reforma implica pasar de un modelo inquisitivo a uno acusatorio y de una modalidad regida por el expediente en papel a otro en el que todo se resolverá en audiencias públicas, donde dominarán la palabra y la inmediatez.

Otro de los cambios centrales es que serán los fiscales -y no los jueces- quienes conducirán la investigación. Se crea la Agencia de Investigaciones Penales para asistirlos, se reserva a los jueces supervisar que se respeten las garantías de las partes del proceso y la responsabilidad de dictar sentencia, con distintas modalidades: como magistrado individual para hechos que contemplen penas de hasta tres años de prisión; como parte de un tribunal colegiado de tres miembros para casos con penas previstas de entre 3 y 12 años; con un jurado de siete ciudadanos para delitos con pedido de penas de entre 12 y 25 años; y con un jurado de 12 vecinos para casos graves, que prevean penas de más de 25 años.

En este marco, cabe preguntarse si quienes diseñaron estas reformas lo hicieron pensando en que una mayor proporción de causas penales llegue a ser esclarecida y sus culpables condenados. O si, en cambio, no consideran que el nuevo sistema mejore la perfomance del Poder Judicial, pero privilegian otras cuestiones. Entre ellas, la de abrir a la comunidad la participación en la tarea judicial, lo que implica -entre otros aspectos- la toma pública de consciencia de las dificultades que se enfrentan a la hora de «hacer justicia».

Juicio por jurados: ¿Por qué para lo más grave?

La relación entre reforma y opinión pública muestra su rostro más evidente en el recorte que se ha hecho para la aplicación de juicios por jurados.

El Código Procesal Penal nuevo no ha comenzado, como podría suponerse, por dar participación a personas del común para el juzgamiento de casos leves. Hacerlo hubiera sido un acierto en la tarea de hacer comprender a la comunidad la dificultad de dictar sentencia, ponderar pruebas muchas veces escasas y lidiar con la duda y la responsabilidad ciudadana en materia de seguridad.

Por el contrario, la ley que comenzará a regir próximamente plantea delegar en jurados integrados por personas comunes la responsabilidad de juzgar los casos más graves, que eventualmente recibirán condenas superiores a los 12 años. Serán, seguramente, los delitos que concentren una mayor atención de los medios de comunicación y los periodistas, ávidos por llevar la más completa información a sus usuarios lectores. En síntesis: los casos que hoy desvelan a los jueces, aquellos que los sacuden de la tranquilidad de sus despachos para enfrentarlos con sus enemigos más temidos: el micrófono, la cámara, el título, la presión periodística, el reproche social.

Si los culpables de un delito no pueden ser hallados, o no pueden ser condenados porque no hay suficientes pruebas, poco importará si quien investiga es el juez o es el fiscal. Pero ya no tardaremos años en saberlo por una resolución 28945-simulacro-02escrita con lenguaje técnico. Podremos asistir a la audiencia donde todo se definirá a lo sumo en algunos meses.

El cambio no es menor en lo que respecta a la significación que tendrá -simbólicamente- el éxito o el fracaso de la pretensión de Justicia.

Dos cuestiones permanecen como debates pendientes respecto de estos temas:

  • La inteligencia delictiva crece y se moderniza, y cualquier tarea estatal que procure reducir sus efectos debe también implicar modernización y especialización de los investigadores y los juzgadores. En este sentido, la permanente desconfianza hacia la policía -por casos en que se sospecha o comprueba que alguno de sus miembros participa o encubre delitos- sólo podrá ser quebrada a partir de reconstruir la imagen de esa fuerza. En esto, poco influye si el jefe sea un civil o un uniformado. Bastará con que su calificación profesional lo acredite en seguridad e investigación criminal y exhiba antecedentes y aptitudes éticas, de liderazgo y de organización.
  • Como parte de la reforma, el Poder Judicial ha comenzado un programa de capacitación de los actores del sistema -jueces, fiscales, empleados, abogados- y de periodistas de los medios provinciales. Falta sin embargo generar un proceso de información y comunicación que involucre a toda la sociedad, que en su mayoría desconoce el rol que deberá cumplir cuando se habilite el juicio por jurados, en enero de 2018.

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