Alcides Pinazo y los tiempos de la Justicia

Alicia Miller.

El 18 de octubre pasado, la Sala B de la Cámara en lo Criminal de Viedma absolvió a los imputados Alcides Pinazo, Luis Wyss y Norma Bedis en la causa N° B-98/14 por administración infiel. Lo hizo después de que el fiscal Fabricio Brogna expresara que no encontró dolo alguno como para pedir sentencia sobre los imputados.

La investigación judicial duró ocho años. El hecho que se le imputó a Pinazo, como titular del Ipross -la obra social del Estado rionegrino- era haber comprado por contratación directa insumos para entregar a afiliados. En este caso, se trataba de una compra directa para una paciente de Bariloche con recurso de amparo de ejecución inmediata y para lo cual se pidió cotización a la lista de proveedores del Estado. 

Pinazo y varios de sus funcionarios debieron afrontar durante años éstaalcides-pinazo-508x381 y otras causas -una de ellas por la contratación de un servicio de telefonía de la empresa Claro-. Otras dos acusaciones contra el exfuncionarios del Ipross ya terminaron también con la absolución.

Durante el juicio, el fiscal de Cámara Brogna manifestó que terminaba ese día “un infeliz proceso penal”. Que en la descripción propia del hecho no se advierte delito alguno, ya que no responde a un típico de nuestro Código Penal. Que vender caro al Estado puede ser delito o no serlo. Que el adjetivo “ardidosamente” viene a completar verbo típico, pero el adjetivo solo no es suficiente. No hay maniobra ardidosa, sólo dice que le vendió mas caro, que es una cuestión de costos, pero aquí se está  hablando de fraude que es gravísimo. Analizó posibles hipótesis delictivas pero ninguna es la descripta en la requisitoria de elevación a juicio. Descartó el fraude porque no hay maniobra, no hay ardid, no hay probado perjuicio. Analizando la figura residual del incumplimiento de los deberes de funcionario público, se preguntó si existió tal incumplimiento, dando razones.

Los jueces de la Cámara expresaron que, tomando en consideración la postura asumida por el representante del Ministerio Público Fiscal, no cabía otro pronunciamiento que la absolución de todos los imputados toda vez que al formular su alegato, la Fiscalía no ha acusado, y el pedido absolutorio realizado se encuentra fundado por su representante en la inexistencia de conducta típica de todos los imputados respecto del hecho que el Ministerio Público Fiscal les enrostrara.

Al manifestar su fallo, la Cámara destacó “el dispendio jurisdiccional en que se ha incurrido en autos por la deficiente instrucción llevada a cabo, para concluir en esta etapa del debate y luego de muchos años de investigación, que los imputados no desarrollaron conducta típica alguna. La situación sometida a proceso, pudo claramente haber sido resuelta durante el trámite de la instrucción, desde que las conclusiones a la que arriba el Sr. Fiscal de Cámara, que por otra parte compartimos en un todo, fueron efectuadas en el marco de la misma prueba producida en la instancia anterior”.

Agregó que “en autos, al igual que en procesos similares juzgados con anterioridad, se investigó a todos los imputados por su coparticipación en un fraude a la administración pública, cuya producción requería un análisis ciertamente más puntilloso en etapas anteriores, lo que habría evitado que el proceso llegara éste término, ello por respeto a las partes, sobre todo de los imputados que vieron innecesariamente cuestionada su actuación durante años, cuestión que repito, era evitable”.

¿Qué cambió en ocho años?

La sociedad es un ser vivo, cambiante. Cambian las ideas, las opiniones, las visiones sobre las cosas, cambian las leyes y el modo de su aplicación. Pero ¿puede ser todo tan opinable? ¿Puede algo ser considerado delito por un juez y, al cabo de ocho años, definirse que no existió delito y que todo lo actuado fue un “dispendio judicial”?

El Código Penal no ha cambiado en forma sustancial desde hace ocho años, cuando sucedieron los hechos que se le imputaron a Pinazo. Tampoco cambiaron los jueces en Río Negro. No, al menos, los de Instrucción y los de Cámara. Cambió, sí, el gobierno. Y Pinazo entonces acababa de dejar el cargo y ahora hace años que no tiene funciones en el Estado.

En síntesis: lo único que cambió fue el tiempo. Pasó tiempo. Pasó agua debajo de los puentes, como dice el refrán.

Y la reflexión es ¿cuál de los dos pronunciamientos judiciales es válido? O, en todo caso, ¿más válido?

El Derecho  no es una ciencia exacta. Al contrario, es una ciencia social atravesada por toda la subjetividad y la valoración de la época en la que transcurre.

Pero ¿qué hubiera sucedido con esta causa si hubiera sido juzgada rápidamente, en audiencia oral y con la presteza que manda el nuevo Código Procesal Penal que comenzará a aplicarse en Río Negro el 1 de marzo de 2017? ¿Hubiera sido condenado Pinazo tras un proceso breve de tres o cuatro meses? ¿Hubiera sido absuelto? ¿Sería o no delito haber comprado material descartable por concurso de precios, sin licitación, para atender con rapidez el fallo de un amparo judicial que ordenaba proveer de inmediato los elementos a una paciente de Bariloche?

¿Será más justa la Justicia rápida? ¿Será más justa la brevedad de toda imputación?

En lo que refiere a Alcides Pinazo, la Justicia lo tuvo durante ocho años como sospechado de fraude para luego absolverlo. Habrá vivido inquietud, angustia, escarnio social, habrá sido señalado con el dedo, discriminado, apartado de círculos de amigos, eliminado de listas de candidatos políticos.

La noticia de su absolución apenas resonó un par de días.

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