El nepotismo sobrevive en el gobierno de Macri

Aleardo Laría.

La palabra nepotismo se utiliza para designar la preferencia que algunos dan a sus parientes para la designación en empleos públicos. La expresión proviene del italiano, donde nepote significa sobrino y deriva de la antigua costumbre papal de adjudicar la sucesión al “sobrino” que solía ser, además de secretario privado, el hijo no reconocido del Papa. La designación de familiares en los cargos públicos supone eludir los sistemas de selección objetiva y constituye una variante más de la corrupción.

La preferencia por la designación de parientes, amigos, colegas o conocidos es un rasgo de la naturaleza humana. Son personas que nos inspiran confianza por los lazos familiares y con las que hay una obligación recíproca de solidaridad. Según los antropólogos, en las primitivas sociedades de cazadores, matar animales grandes exigía la colaboración entre varios hombres, generalmente provenientes del mismo grupo tribal. De modo que entre ellos se creaban lazos de solidaridad recíproca.

Como resultado de aquellas costumbres milenarias, según lo enseña la biología evolutiva, los parientes son altruistas entre sí en proporción al número de genes que comparten. Según esta teoría, los padres, que comparten la mitad de los genes con los hijos, son más altruistas con ellos que con los sobrinos, con los que sólo comparten una cuarta parte de sus genes. Con el resto de familiares los genes compartidos son menores pero existen lazos afectivos y de cercanía que reemplazan a los determinantes genéticos.

En Argentina, la tradición heredada de los italianos del sur, ha hecho que la designación de parientes en los puestos públicos sea una costumbre nacional. Sin embargo, en las sociedades modernas, se ha comprobado que la eficiencia del Estado está directamente vinculada con la presencia de  funcionarios profesionales, designados por sistemas objetivos de selección. De este modo, al establecer sistemas de concursos abiertos para la incorporación de los agentes de la Administración Pública, se ha querido disminuir la injerencia de la política partidaria  y asegurar la mayor imparcialidad de los que deciden.

Por consiguiente, la designación de familiares (nepotismo) y lo asignación de cargos públicos a los correligionarios políticos (clientelismo) son prácticas despreciables, que no solo vulneran principios éticos sino que provocan gran ineficiencia y afectan la calidad y la transparencia en la gestión pública. Todos los Estados avanzados del mundo han terminado con esas prácticas anacrónicas, estableciendo regulaciones que garantizan la profesionalidad e imparcialidad de los funcionarios públicos.

Argentina no ha podido aún conseguir acabar con las prácticas clientelares y el hábito de incorporar a familiares en la función pública. Un gobierno proclamado del “cambio”, como el de Macri, tampoco ha actuado con energía para terminar con esas costumbres decimonónicas. La crónica periodística registra la incorporación a la Administración de numerosos familiares, que podrán ser personas preparadas, pero que llevan el estigma de no haber sido designados siguientes procedimientos objetivos de selección,  quebrando así la norma de igualdad en el acceso.

El periodista Jorge Lanata ha hecho un inventario de estas designaciones tan peculiares. Según su informe, una de las funcionarias que tiene un familiar en la función pública es Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Su hijo, Francisco Langieri Bullrich, trabaja desde el 1 de mayo de 2016 como funcionario en la Secretaría “País Digital” del Ministerio de Modernización de la Nación. Por su parte, Cecilia Stanley, que es prima de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley,  fue nombrada Jefa de Gabinete de Asesores en ese ministerio. Rodrigo de Loredo es el yerno de Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones del Gobierno y fue designado presidente de la empresa estatal ARSAT, que depende de su suegro y a pesar de que no tenía ninguna experiencia en el rubro. Andrés Ibarra, el ministro de Modernización que adoptó medidas de ajuste de empleados públicos, ha colocado a su esposa Carla Piccolomini como Directora de Relaciones Institucionales de Radio y Televisión Argentina.

Otro ministro que tiene familiares en el Estado es el titular de Interior, Rogelio Frigerio. Victoria Costoya es su esposa y ocupa el puesto de Coordinadora de Articulación de Asuntos Internacionales del Ministerio de Desarrollo Social, mientras que su tío, Mario Frigerio, fue nombrado Gerente Técnico del Ente Nacional de Comunicaciones. La familia del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, tampoco se quedó afuera. Andrés Peña es arquitecto, hermano del Jefe de Gabinete y fue designado Subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo del Ministerio de Producción. En el ministerio de Producción también presta servicios Félix Peña, padre del jefe de los ministros. Otros funcionarios que también tiene familiares muy cerca: Juan Antonio de Prat Gay, primo de Alfonso Prat-Gay el Ministro de Hacienda y Finanzas, está nombrado en la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura en esa cartera; Cecilia Loccisano, esposa del ministro de Trabajo Jorge Triaca, es la coordinadora en la Unidad de Financiamiento Internacional de la Salud en el Ministerio de Salud; Guillermo Laje, primo del embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, fue nombrado en marzo pasado como representante especial para la Promoción Comercial en esa misma embajada.

En el Congreso se da también una situación similar. Enrique Pinedo, el hermano del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, es director general de Relaciones Institucionales en la Cámara de Senadores; Alejandra Illia, prima de la vicepresidenta Gabriela Michetti, es empleada de planta en la Cámara de Senadores; Carolina Pichetto, hija del senador Miguel Ángel Pichetto, es asesora del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores; y Hugo Antonio Moyano, uno de los hijos del ex secretario general de la CGT Hugo Moyano, es asesor del Frente Renovador, bloque al que pertenece Facundo Moyano, su hermano.

Consultados algunos de los funcionarios aludidos, han dado todo tipo de explicaciones y pretextos para justificar estas designaciones. Alguno ha llegado a afirmar que desconocía la designación de su esposa. Son todos argumentos estúpidos, indignos de gente seria. Si realmente queremos promover un cambio cultural, el presidente Macri debería impartir claras directivas prohibiendo absolutamente este tipo de contrataciones y estableciendo que de aquí en más, todas, absolutamente todas las contrataciones de personal del Estado se deben hacer mediante concursos públicos, abiertos y transparentes. Como dice el refrán popular, para hacer una tortilla hace falta romper algunos huevos.

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