La reforma procesal penal en Río Negro, más cerca, más lejos

Alicia Miller.

Los sectores del Estado que tienen a su cargo aplicar la reforma procesal penal están embarcados en una discusión plena de rivalidades, golpes bajos y retaceo de dinero, caracterizada además por la costumbre de perseverar en el error y de culpar de todo mal a quien piensa diferente. En la teoría, esta reforma servirá para dar un enfoque social para resolver el conflicto que, en sí mismo, constituye todo delito. Pero la conciliación y la mediación son ajenas a los propios actores y autoridades involucrados.

En la práctica, la duda es: ¿qué pasará con las causas por delitos que todavía están sin resolver? ¿se llegará a aplicar en ellas una justicia que conforme a las víctimas y a la sociedad? ¿está la Justicia preparada para investigar, juzgar y resolver los delitos que se produzcan desde marzo próximo?

En lo que respecta a la discusión política suscitada por la aplicación de la reforma, los “bandos” en conflicto son:

  • el Superior Tribunal, que no quiere resignar su manejo de poder (y dinero) y resiste dar autarquía a los fiscales;
  • la Procuración General, que teme que todo este proceso deje mal parados justamente a quienes trabajarán más, puesto que los fiscales comandarán la investigación y la acusación. Si algo fracasa, serán señalados como los responsables de la impunidad;
  • la Legislatura, que a la hora de elaborar y aprobar las leyes escucha más a unos que a otros;
  • la Policía, que busca limpiar una imagen ensombrecida por las sospechas de ineficiencia, contaminación criminal y de encubrimiento de homicidios cometidos por alguno de sus miembros, como los casos de Lucas Muñoz y Daniel Solano, entre otros.
  • el Poder Ejecutivo, y especialmente el gobernador Alberto Weretilneck, para quien la reforma es -por un lado- el acto de gobierno más importante de su gestión y -por el otro- busca que el pedido de modificar la Constitución para este tema le permita introducir un artículo que lo habilite a candidatearse para un tercer mandato consecutivo.

¿Qué, quién, cuándo y cómo de la reforma?

procuradora-2La reforma procesal penal que asigna a los fiscales el peso de la investigación y la acusación pública en casos de delitos debe, según la ley N°5020, comenzar a regir en todo Río Negro el 1 de marzo próximo. Faltan dos meses y medio de trabajo pleno y la feria judicial de enero. Más precisamente, 52 días laborales. La posibilidad de que la aplicación sea gradual y comience en Cipolletti es, por ahora, un rumor.

Los fiscales y su jefa, la Procuradora Silvia Baquero Lazcano, aseguran que no tienen recursos ni autarquía para procurárselos: carecen de edificios adecuados, de laboratorios y cuerpos técnicos, no poseen un cuerpo de investigadores y, además, son pocos y con personal reducidísimo. En el diagnóstico que entregaron días atrás al gobernador y al presidente de la Legislatura, revelaron que se les niega la transferencia a las Fiscalías de los secretarios letrados y del personal capacitado que actualmente se desempeña en los juzgados, a pesar de que éstos dejarán de existir y serán reemplazados por una Oficina Judicial unificada y con exclusivas tareas de administración de audiencias.

Como si se tratara de otra realidad, de otra provincia o país, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, ratificó hace algunos días que el cronograma de aplicación de la ley N°5020 se mantendrá sin postergaciones. “No debemos movernos de los objetivos”, dijo, advirtiendo sobre un supuesto “achanchamiento” en los operadores judiciales.

La falta de concordancia del panorama que presentan unos y otros es evidente. Una indagación acerca de cuál de las dos posiciones refleja mejor la realidad, permite advertir que -salvo la capacitación sobre la litigación oral- poco se ha resuelto en el sector que, al decir de la propia presidenta del STJ, tendrá un rol central en el funcionamiento judicial.  “El 75% del proceso penal –acusación, prueba y defensa– está a cargo del Ministerio Público, con un gran complemento de la Policía. El código define funciones para los fiscales, pero resta ver cómo las organizan, quién va a investigar. Eso debe preguntarle a la Procuradora”.

Rivalidad

La rivalidad entre Liliana Piccinini -actual STJ- y quien la sucedió al frente de la Procuración -la barilochense Silvia Baquero Lazcano- es un secreto a voces en la Justicia. Para algunos, es una cuestión de estilos: Piccinini es sanguínea y maneja al dedillo la lógica y práctica de la política palaciega de Viedma. Baquero Lazcano tiene perfil bajo y se siente más cómoda en la tarea estrictamente judicial que en el juego político.  

Para algunos, Piccinini sigue teniendo cierto control sobre la estructura de la Procuración a través de quienes fueron sus colaboradores. Y atribuyen a este tema personal/funcional varios de los nudos gordianos que impiden un tránsito pacífico hacia el  nuevo modelo acusatorio.

Entre esos obstáculos, como grandes piedras en el camino, se cuentan:

  • La negativa del STJ a cederle personal a la Procuración, a pesar de que los Juzgados de Instrucción desaparecerán y el peso de la investigación pasará a las Fiscalías.
  • La negativa del STJ a darle autarquía presupuestaria a la Procuración, admitiendo que se constituya en un órgano de jerarquía igual a la que hoy tiene el máximo tribunal o, más aun, en un órgano extrapoder como es a nivel nacional. Seguir subordinando la Procuración al STJ obliga a la jefa de los Fiscales y los Defensores a suplicar una y otra vez que le asignen recursos, edificios, personal, insumos, computadoras… y, en definitiva, conspira contra la posibilidad de una investigación eficaz.

La gota que colmó el vaso

Una nueva razón se conoció estos días, para espanto de los fiscales y sorpresa de muchos actores judiciales:

  • Todo el mundo sabe que la clave de la reforma es que los fiscales trabajen codo a codo con la Policía Judicial como órgano sin ligazón con el Poder Ejecutivo. Pero el proyecto de reforma a la ley Orgánica de la Policía que se acaba de presentar en la Legislatura prevé que “el Cuerpo de Investigadores Judiciales es un órgano del Poder Judicial que depende orgánica y funcionalmente del Superior Tribunal de Justicia”. Conclusión: no sólo no se le concederá autarquía a la Procuración, sino que -además- el órgano de conducción jerárquica de la Policía Judicial no será la jefa de los fiscales sino los jefes de los jueces.

El esquema resulta difícil de digerir si se considera que el objetivo principal de la reforma es separar absolutamente la acusación del juzgamiento. Habrá dos partes definidas en controversia: la Fiscalía que investiga y acusa y la Defensa (pública o privada) que defiende. Al juez, como tercero imparcial e incontaminado de la causa, sólo le corresponderá fallar según la ley y las consideraciones de cada caso.

¿Cómo se compatibiliza eso si el STJ seguirá absorbiendo, como una macrocabeza de un multipoder, la administración y conducción orgánica y funcional de los jueces, de las Fiscalías y sus investigadores y de la Defensa Pública?

jueces-stj-y-dra-baquero-lazcanoFiscales y reforma constitucional

Silvia Baquero Lazcano está en estos días de licencia por un problema de salud. Pero entre los fiscales prevalece el respaldo al documento que junto con su jefa firmaron días atrás en una calurosa jornada de trabajo, en Viedma.

“Desde adentro, lo que vemos es que los fiscales vamos a salir a comandar las investigaciones y a liderar la persecución penal sin nada. Estamos condenados a un fracaso muy elocuente, porque no tenemos recursos, autarquía, laboratorios, edificios, cuerpo técnicos, cuerpo de investigadores propios y además somos muy pocos”.

En un café valletano, un fiscal usó una metáfora: “Vamos a salir a la cancha, pero los botines están rotos, los arcos están sin red, la cancha llena de piedras y, así, nos van a meter siete goles”.

Ante ese panorama de precariedad, la conclusión que les surge es: “parece que a nadie le interesa demasiado que las investigaciones prosperen, al menos aquellas que involucran a personas con recursos y poder, que son las más complejas y las que más daño social causan”.

Es claro que el texto de la semana pasada marcó un antes y un después en el proceso de preparación de la reforma procesal penal. Por primera vez, el cuerpo de fiscales y la Procuradora dejaron el estilo lacónico de una nota interna para confeccionar una pieza argumental con una evaluación política de la coyuntura judicial.

De aquel documento, lo que resonó más alto fue el pedido de los Fiscales y la Procuradora de que una reforma constitucional ponga remedio a la convivencia -dentro del Ministerio Público- de dos funciones con tareas e intereses contrapuestos: las fiscalías y las defensorías. Baquero Lazcano, incluso, detalló que lo planteó desde el principio y detalló las actas que así lo evidencian.

Hacia adentro de las fiscalías, no obstante, admiten que la cuestión podría resolverse por la vía de una enmienda -como propuso a la Comisión Interpoderes el abogado viedmense Miguel Cardella-, o con una simple ley. “Se optó por incluir el párrafo de la reforma constitucional por conveniencia institucional y de seducción para con el poder”.

En todo caso, varias cosas más requerirían una modificación -vía enmienda- al texto de la Carta Magna: entre ellas, la principal es la falta de fundamentación del veredicto que emitirá un jurado popular. Pero nadie desconoce que abrir la puerta a la reforma constitucional es un objetivo político, especialmente para el actual gobernador, que ambiciona su re-reelección.

Tironeos por el personal

Por negativa sindical o juegos de poder, la principal lucha hoy es por el personal. Los Juzgados de Instrucción y las Cámaras son, en la actualidad, las que más abogados y jefes de despacho poseen. Y dejarán de existir, para confluir en una Oficina Judicial por circunscripción, que tendrá como tarea organizar las audiencias y citar a las partes.

La jueza del STJ Liliana Piccinini fue enfática días atrás, en diálogo con el periodista Adrián Pecollo, de Río Negro: “El Ministerio Público tendrá que decidir qué gestión llevará adelante. Ya nos reunimos con el personal de los juzgados. Todos tienen su lugar en la oficina judicial, no necesariamente se tienen que ir, pero será un trabajo distinto. Se dedicarán a organizar audiencias y tareas de los jueces”.

Para quienes opinan diferente, los secretarios letrados de juzgados deberían automáticamente pasar a las fiscalías. Algo así se hizo en Neuquén, después de lograr un consenso institucional que incluyó un plan estratégico. Aun así, en la provincia vecina tuvieron problemas. ¿Cómo será aquí, donde no se producen consensos en la cima de la pirámide?

Y, como suele suceder, todo tiene que ver con todo. Si a 52 días de comenzar a trabajar no existe una policía judicial, si el cuerpo de investigadores a crearse no dependerá de los fiscales. Si asesinan a un policía, se sospecha que el autor integra la fuerza y que hubo encubrimiento o entorpecimiento de la investigación por parte de jefes de la reparticipón, la posibilidad de llegar aun servicio eficiente de Justicia y de seguridad es una utopía.

¿Se reduce todo a una lucha por poder y su expresión más frecuente, el dinero? Para la agencia ADN, el STJ “también sabía que su aplicación era imposible. Tanto, que no modificó su esquema presupuestario pensando en 2017. De cada 10 pesos que ingresan al Poder Judicial siete van al STJ y tres a la Procuración que destina, dos a las defensorías y uno a las fiscalías.¿Cómo es posible cambiar el sistema acusatorio si los fiscales -que llevarán ese tarea- tienen solo el 10% del presupuesto?”

La impresión general es que están listos los cursos de litigación oral, la licitación de las filmadoras y el entrenamiento de cómo comunicar el nuevo proceso. Todo lo accesorio, pero falta el centro, lo principal.

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