La increíble actitud del gobierno en el caso Sala

Julio Rajneri

Si al presidente de los Estados Unidos se le hubiese pedido -como lo han hecho Luis Almagro, secretario general de la OEA, la Comisión de Derechos Humanos del mismo organismo y organizaciones privadas diversas- que el gobierno argentino ordene la libertad de un ciudadano detenido en causa judicial,  hubiese respondido que en su país la justicia es independiente y que el poder político no puede ni debe interferir en sus resoluciones.

Que organismos internacionales o privados le atrib18141041225_9af2a23966_zuyan al poder político argentino el rol de decidir en causas judiciales es grave. Pero que el gobierno esté convalidando esa hipótesis al no señalar que el gobierno es respetuoso de la separación de los poderes como dispone la Constitución es convalidar la hipótesis de que los jueces hoy en la Argentina dependen de los órdenes que pueda emanar del presidente de la República.  
 

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