Los costos ocultos del presidencialismo

Aleardo Laría.

Es sabido que el presidencialismo es un sistema con sobradas imperfecciones. En la actualidad pueden dar fe de ello los venezolanos, que no tienen modo de librarse de un presidente brutalmente autoritario y  holgadamente incompetente. Pero también en Argentina se evidencian en estos días los fallos ocultos de un sistema que genera permanentes fricciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso cuando el Gobierno carece de suficientes apoyos parlamentarios.

Los politólogos explican que existe un gobierno dividido cuando el presidente  que ha ganado las elecciones presidenciales no cuenta con una mayoría que lo respalde en alguna de las cámaras. Es una situación característica de  los sistemas presidencialistas que se produce debido a que los períodos de mandato de los diputados no coincide con el período de mandato presidencial. De modo que un presidente recién elegido se puede encontrar con una cámara mayoritariamente adversa, producto de elecciones anteriores, como acontece actualmente en Argentina, donde el presidente Mauricio Macri ha heredado unas cámaras con una composición desfavorable, que no le ofrecen suficiente respaldo.

En los sistemas parlamentarios esta situación generalmente no se produce. El Primer Ministro, es decir la cabeza del ejecutivo, es elegido por una Cámara de Diputados que se acaba de renovar íntegramente. Al ser considerado un simple delegado del Parlamento, necesita contar, para obtener su investidura, con una mayoría de diputados que lo respalde. De modo que de partida, se garantiza la coherencia entre el ejecutivo y el legislativo. Si el candidato del partido mayoritario no contara con suficiente respaldo se vería obligado a armar una coalición de gobierno con otros partidos. Sin embargo, excepcionalmente, como ha acontecido recientemente  en España, puede ser elegido sin formar esa coalición gracias a la abstención de un grupo parlamentario, pero es una situación muy rara y poco confortable para el ejecutivo.

Algunos analistas sostienen que el gobierno dividido no es un inconveniente y debe ser asumido como un simple acontecimiento del devenir institucional. El efecto más probable, aseguran, es que el presidente se enfrente con la necesidad de negociar con las cámaras y, como consecuencia, las políticas públicas que se adopten serán más cercanas a las preferencias complejas de los ciudadanos que aquellas basadas exclusivamente en la voluntad presidencial. El ejemplo al que se acude es el de Estados Unidos, donde en bastantes ocasiones los presidentes han tenido que gobernar sin contar con el apoyo parlamentario, sin que tal hecho diera lugar nunca a una crisis institucional. 

Sin embargo, el caso reciente de la aprobación por la Cámara de Diputados argentina de un texto legislativo que regula impuestos, marcadamente contradictorio con el texto impulsado por el Poder Ejecutivo, pone de relieve los resultados onerosos de que tiene este conflicto para la adecuada gobernabilidad de un país.  Según algunos expertos fiscales, la ley aprobada  es un “mamarracho jurídico” lo que no debe extrañar, puesto que la legislación impositiva debe estar dotada de especial coherencia, algo que no se produce cuando queda sometida al parcheo parlamentario.

Gianfranco Pasquino en el ensayo titulado “Sistemas políticos comparados” (Editorial Prometeo), ha analizado el tema, señalado que cuando  una de las cámaras tiene una mayoría de un color político contrario al presidente, se generan varios problemas. Como ni el presidente ni el Congreso consiguen impulsar las políticas públicas que desean, se produce un bloqueo recíproco y esto da lugar a un alto nivel de conflicto político y a una legislación inadecuada, fruto de transacciones y compromisos. Las leyes  se vuelven excesivamente costosas porque deben satisfacer a una multiplicidad de actores con poder de veto. Finalmente puede aumentar el estado de crispación, con apelaciones retóricas, mediáticas y populistas por parte de ambos actores, y el riesgo de que el presidente acuda al veto sistemático, generando la sobrerreacción del Parlamento que puede llegar a utilizar la amenaza del impeachment.

De lo expuesto surge que si bien a priori no es posible obtener una conclusión definitiva sobre un conflicto institucional que está estrechamente determinado por el contexto político,  es indudable es que el sistema presidencialista acumula las condiciones más favorables para que se desate una crisis institucional de estas características. Mientras el presidente actúe con suficiente tacto y ductibilidad y las cámaras adopten una conducta responsable, los temores a una crisis institucional deberían ir desapareciendo. Pero las cercanías de una batalla electoral pueden llevar a los actores a comportamientos más oportunistas y demagógicos, con lo que la situación puede tornarse muy complicada para el presidente.

Una de las fórmulas acuñadas para contrarrestar este problema es conformar lo que ha dado en llamarse un “presidencialismo de coalición”. Es la forma que se han ensayado, con particularidades, en Chile y Brasil. Consiste en alcanzar acuerdos en dos niveles de gobierno. En el nivel parlamentario, se conforma un bloque lo suficientemente sólido como para acompañar sin turbulencias a las iniciativas que surjan del ejecutivo. Como compensación, el presidente se puede ver en la obligación de ceder algunas carteras ministeriales a los partidos asociados en la coalición.

La alianza electoral Cambiemos, integrada por el Pro y los radicales, podría considerarse como una suerte de coalición del tipo señalado, pero el problema es que ha resultado insuficiente para conseguir el número de diputados necesarios para alcanzar la mayoría parlamentaria. Esta limitación es lo que explica que el  presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, haya sugerido la conveniencia de explorar la ampliación de la coalición presidencial incorporando figuras del peronismo.

La opción defendida por Monzó tropieza con la estrategia electoral del Pro,  dirigida a diferenciarse del viejo sistema de partidos políticos, sustentando la imagen de que estamos ante una fuerza nueva distante de los populismos que caracterizaron a los partidos tradicionales, en especial al peronismo. Ante un nuevo escenario posmaterialista donde la política se convierte en un espectáculo, la imagen cuenta y mucho. Pero en política, muchas veces hay que hacer de la necesidad, virtud. Este es el difícil dilema que el presidente Macri tendrá que resolver en los próximos meses.

 

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