Reforma Penal en Río Negro: El STJ sigue apuntando a Baquero Lazcano

Confluencia Digital

La saga continúa. Lejos de calmar los ánimos, la decisión de la Legislatura de prorrogar hasta agosto la implementación de la Reforma Procesal Penal parece haber aumentado el malestar de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, hacia su sucesora en el Ministerio Público Fiscal, Silvia Baquero Lazcano.

En una nota que envió a Tania Lastra, presidenta de la Comisión Interpoderes que tiene a su cargo el seguimiento de la aplicación de la ley 5020 que implementó en la provincia el sistema de juzgamiento penal de tipo acusatorio, la presidenta del STJ no ahorró señalamientos, y bien explícitos. Prácticamente no hay ningún párrafo en el cual no destaque lo actuado por la autoridad judicial a favor de la implementación de la reforma, tanto en el plano de su directa incumbencia como en lo que atañe al Ministerio Público Fiscal. Y que, por oposición, sugiera que el Ministerio Público no tiene de qué quejarse, puesto que –a su juicio- se le cumplieron todos sus deseos.

Piccinini no ahorra también referencias a los legisladores, aunque sin nombrarlos, ya que le pide a Lastra que “haga extensivo el presente informe a los demás integrantes de la Comisión Interpoderes, como a los restantes Legisladores, de manera que posean conocimiento merced a información oficial, relativa a las acciones concretadas y las pendientes. Se evitará así que el desconocimiento otorgue marco a alocuciones imprecisas y erróneas” como las que, según ella, se escucharon durante la sesión extraordinaria en que se prorrogó la aplicación de la Reforma.

 

El texto completo del informe de Piccinini, que en la versión original incluye varios cuadros. 

En diciembre de 2013 ingresó a la Legislatura el proyecto de Reforma Procesal Penal. Un año después, se convirtió en la Ley 5020. A los fines de su implementación, recién en el presupuesto 2016 se aprobaron recursos para la Reforma, incorporando el programa 17 por un monto de $89.954.925, a financiar de rentas generales.

Unidad de Implementación

Con el objetivo de coordinar las acciones necesarias se creó la Unidad de Implementación para la Reforma, con la participación de todas las áreas auxiliares involucradas, tanto del STJ como de la Procuración.

Dicha Unidad mantuvo periódicas reuniones en las que se asumieron decisiones y se monitoreaba su cumplimiento, tal como se plasmara en actas de trabajo los días 6/5, 26/5, 7/6, 6/7, 28/7, 17/8 y 24/8, 23/11, 10/12 y 15/12. De ellas se desprende que se trabajó y se decidió en forma conjunta sobre temáticas como: alquileres; contrataciones de hardware informático; contratación del software que la Procuración requirió para la implementación de la Reforma; realización de las carpetas requeridas por los Fiscales; concursos necesarios para la puesta en funcionamiento del nuevo paradigma; cronograma de capacitación de jueces, fiscales, defensores, abogados, funcionarios, empleados y periodistas; mobiliario necesario; refuncionalizaciones edilicias en función de la Reforma; compras y licitaciones varias; se aprobaron los nuevos indicadores del Código de Buenas Prácticas, de manera de optimizar la información estadística necesaria para la Reforma; se convinieron las obras públicas necesarias para ubicación de shelters (sistemas para el resguardo de información), tendido de fibra óptica, entre otras.

Avances

 Con el propósito de alivianar el proceso de transición hacia el nuevo modelo, el 5 de febrero de este año el STJ dictó la Acordada 2/2016 que lleva a la práctica los principios de oralidad y publicidad del nuevo Código a todas las instancias de la investigación penal, desde la formulación de cargos hasta la resolución de la situación procesal, el debate sobre la aplicación de criterios de oportunidad, instrucción abreviada, definición de la prueba que las partes quieran producir en la instancia de juicio oral y alegato in voce en las apelaciones. Todo ello, en miras a producir en audiencia todo acto que no esté expresamente prohibido por el CPP (ley 2107). Dicha decisión fue asumida para cumplir con el objetivo de descomprimir la carga de expedientes que eventualmente debieran ser sometidos al proceso conclusivo, y alentaba- a la vez- a la práctica de la gestión por audiencias, abandonando la papelización.

 Se avanzó en 47 capacitaciones que incluyeron hasta el momento a 950 participantes individuales. Esta cifra no abarca a aquellos jueces, fiscales, defensores, funcionarios y empleados que participaron de más de una capacitación, que fueron muchos.

 Decenas de especialistas de nuestra provincia, de otros puntos del país y de naciones limítrofes brindaron sus conocimientos en todas las jurisdicciones judiciales, a través de un programa integral elaborado por la Escuela de Capacitación.

 Con las decisiones conjuntas del Comité de Informatización y la aprobación de la Unidad, se diseñó y definió el sistema de grabación de las salas de audiencia, los elementos necesarios para su resguardo y las conexiones que se precisan.

 Con esta base, se avanzó en un convenio con ALTEC que está en plena ejecución y que permitió la adquisición del material tecnológico necesario. El monto en este rubro para la adquisición de equipamiento y software necesario asciende a 41.667.725 pesos.

 También, por pedido del Ministerio Público, se contrató el desarrollo de un sistema informático para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal destinado al MPF, con un monto de

4.620.000 pesos.

 Se realizaron los concursos de oposición y antecedentes para la cobertura del responsable provincial de las Oficinas Judiciales y de sus titulares en cada una de las circunscripciones. La Oficina Judicial es una figura creada por la nueva ley, en consonancia con lo avanzado en otras provincias. Se trata de un organismo imprescindible para el buen funcionamiento del renovado paradigma.

 Ya están en obra de refacción las salas de audiencia en Viedma, en Cipolletti y en Roca.

 En Viedma, Cipolletti, Bariloche, Choele Choel y Villa Regina se está avanzando en la construcción de plateas, readecuación eléctrica y obras complementarias para la instalación de los s elters y otros  equipamientos.

 En Viedma, Cipolletti, Bariloche, Choele Choel y Villa Regina se ultimaron los trámites para la contratación del servicio de conectividad por fibra óptica para los edificios y elementos necesarios para la Reforma.

 Se avanzó en locaciones de inmuebles y en refuncionalizaciones edilicias para la Reforma Procesal Penal en Viedma, en Cipolletti, en Villa Regina y en Bariloche, en el marco del Presupuesto específico aprobado por la Legislatura. Dos tercios de los inmuebles alquilados fueron solicitados por el Ministerio Público en pos de la Reforma Procesal Penal (ver información adjunta). Lo mismo ocurre con las refuncionalizaciones.

 Ya se cuenta con la recepción del mobiliario necesario para los organismos afectados a la Reforma.

 Complementariamente, se avanzó en la adquisición de equipos de proyección para las salas de audiencia, de librería solicitado por el Ministerio Público y de videoconferencia para Villa Regina.

Trabajo exploratorio Previo a la toma de decisiones, se realizaron visitas institucionales a Chubut y Neuquén, provincias que ya implementaron modelos similares. Estas actividades fueron concretadas por jueces y funcionarios, pero –lógicamente- de manera mayoritaria por integrantes del Ministerio Público.

Trabajo Normativo

 El trabajo que emprendió el Poder Judicial en pos de arribar a buen puerto con la Reforma también incluyó la redacción de normativas y reglamentos varios. Como cuestión principal, se redactó el proyecto de Ley Orgánica, distintos protocolos y todos aquellos aspectos relacionados con el esquema y dinámica de la Oficina Judicial y el Foro de Jueces y Juezas.

 La Comisión Interpoderes tuvo reuniones a lo largo del año para acordar necesidades y acciones para la RPP. Se convino, en ese ámbito, un proyecto de ley (luego aprobado por la Legislatura) que acorta los plazos de las contrataciones específicas para la Reforma.

Adecuación del recurso humano

 El Consejo de la Magistratura tramitó la incorporación de fiscales y defensores en consonancia con el nuevo paradigma. En el plano de los nombramientos necesarios para la Reforma, se realizaron 46 convocatorias a concurso, se resolvieron 34 durante este año y 27 de los mismos fueron destinados a la Procuración General.

 También se reforzó paulatinamente la planta de funcionarios y empleados del Ministerio Público. Desde el debate de la Ley de Reforma a la fecha, se incorporaron 121 agentes más a la Procuración. En poco más de dos años, se incrementó en 7 la cantidad de fiscales, en 11 el número de fiscales adjuntos, se sumaron 21 defensores, 2 defensores adjuntos, 10 funcionarios a la Procuración, 4 profesionales y 66 empleados.

 Además,la Unidad de Implementación, con intervención de la Defensora General y el Fiscal General, ha atendido las necesidades de traspaso de personal desde la jurisdicción al Ministerio Público, para lo cual se realizó una encuesta entre empleados del fuero penal.

Inversión

Por las especiales características que tiene el nuevo paradigma, de oralidad y publicidad, la inversión más importante que se necesita en principio es tecnológica. Las salas de audiencias en las distintas circunscripciones contarán con tres cámaras de video que filmarán todo lo que suceda. Esta grabación a través de fibra óptica se almacenará en tiempo real tanto en la localidad como en una ubicación remota. Se requieren enormes sistemas de storage ya que esos videos y su conectividad serán, a partir de ahora, el expediente, al desaparecer en papel.

En esta tecnología se invierten este año 40 millones de pesos, por única vez. Aproximadamente 30 millones se invertirán en edificios y mobiliario. Este rubro incluye locaciones, relocalizaciones, refuncionalizaciones edilicias en 6 localidades, mejora de conectividad y un mobiliario que prevé formas de trabajo abiertas y colaborativas.

Otros cinco millones aproximadamente tiene el costo del software específico desarrollado a pedido del Ministerio Público.

Luego se ubican las inversiones en capacitación (casi mil personas el año en curso) y en menor medida contratación de personal. En definitiva, los recursos invertidos este año fueron en una amplia proporción a equipamientos y mejoras estructurales, mientras que los gastos de funcionamiento fueron ínfimos.

Capacitación

Entre febrero y noviembre de 2016 se brindaron cursos, charlas, talleres y jornadas de observación de audiencias a través de la Escuela de Capacitación Judicial a más de 950 personas (entre jueces, fiscales, defensores, secretarios, empleados judiciales, cuerpos técnicos, abogados y periodistas) en el marco del Plan Integral 2016 de Capacitación para la Reforma Procesal Penal.

Ese plan se diseñó estratégicamente en cuatro niveles: sensibilización y motivación; contenidos comunes básicos; especialización y entrenamiento.

 

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