Un Ministerio de Salud anémico

Javier Vilosio

La reciente crisis en el Ministerio de Salud de la Nación no se pareció en nada a la repercusión que por estos días tienen la renuncia del ministro de Hacienda, y la designación de sus sucesores.

El cuestionamiento a la cartera sanitaria y los anuncios de cambios, demorados y extraoficiales, produjeron sólo una conmoción restringida al pequeño mundillo de quienes por intereses políticos, económicos o académicos echan cotidianamente una mirada a las novedades de un sector que no parece movilizar el interés del público ni de los medios (que no son lo mismo, pero se parecen mucho), pese a que casi el 10% de la riqueza que produce Argentina se gasta en los servicios de salud –con sólo algo menos de la tercera parte como gasto público-; o que se trata de un componente central de la calidad de vida de los habitantes de un país donde una de cada tres personas es oficialmente pobre.

Sin embargo, es obvio que nuestra percepción como ciudadanos es que los avatares de las decisiones de la macro y microeconomía impactan en nuestra vida cotidiana de una manera brutal y trascendente. Algunos, además, sabemos que la economía condiciona mucho de la utilización y los resultados del sistema sanitario. De manera que un ministro de Economía vale, entre nosotros, varios ministros de Salud.

Más allá de la personalidad más o menos expansiva del funcionario de turno, sus ambiciones y destrezas políticas o su curriculum, un ministro de Salud de la Nación es un hombre con escaso poder.

Y desde el principio enfrentará un dilema de hierro: si se propone sólo “gestionar” encontrará que el funcionamiento del sistema no está en sus manos. Y si se propone transformar el sistema encontrará que tiene poca capacidad de negociación con los actores fundamentales, que son políticos, pero fundamentalmente corporativos.

¿Por qué? En primer lugar el Ministerio de Salud no tiene “territorio”, ese bien tan preciado por la ambición política, e imprescindible para desarrollar acciones concretas que incidan en la vida de las personas. El ministro tiene un despacho grande, secretarias, una gran estructura técnica y administrativa a su disposición. Viajará por el mundo representado al Estado Nacional. Pero tiene escasa capacidad de incidir sobre la realidad de la gente de su país.

Y es que es raro nuestro federalismo: un sistema tan centralista en muchos aspectos (por ejemplo, en materia fiscal), pero en el que las evidentes inequidades interjurisdiccionales de los servicios sanitarios se sostienen obstinadamente como un orgulloso logro, digno del siglo XIX.

De los dos puntos y medio del PBI que gasta el Estado en Salud, sólo medio corresponde a la Nación. El resto a Provincias y Municipios. Las obras sociales provinciales también doblan en gasto a la Nación.

En segundo lugar, aunque formalmente el ministro encarna la máxima autoridad sanitaria, lo cierto es que en la práctica tiene poca o nula incidencia en el funcionamiento de dos organismos fundamentales para comprender cómo es y cómo funciona la salud en la Argentina: el PAMI – que gasta casi el doble que la jurisdicción nacional- y la Superintendencia de Servicios de Salud, que gasta casi el triple solo en lo referido a las obras sociales: tiene bajo su jurisdicción, además, a las empresas de medicina prepaga.

La enorme cantidad de recursos materiales que administran o gestionan estos organismos le otorgan a sus conducciones un peso político trascendental.

Recursos implican capacidad de negociación. Y ese es el nombre del juego.

Sólo si el PAMI y la Superintendencia se alinearan con el Ministerio tras programas y políticas concertadas en objetivos, estrategias y metodología podríamos esperar que ocurran algunas transformaciones sustanciales en el sistema de salud.

¿Sería eso posible? La experiencia política en Argentina no abunda en ejemplos de equipos con un programa explícito y la convicción de que la misión es más importante que los protagonismos: sea que los funcionarios provengan de la militancia política, la línea burocrática o de las oficinas de un head hunter, no hemos asistido hasta ahora a esa conjunción de voluntades políticas y capacidades que permitan integrar recursos y generar firmes acuerdos y estrategias que sobrevivan más de una administración.

Y las oportunidades para que ello pase se repiten sólo cada cuatro años.

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