Urgencias fugaces sobre la tarifa de Edersa

Alicia Miller.

En Río Negro todo cambia. Lo que parecía un frente se divide en dos o en tres. Lo que parecía un conflicto insoluble se derrite como helado al sol. Lo que era urgente puede esperar un par de meses… o más.

El panorama del gobierno y la política en la provincia se acomodan a los humores y los (poco frecuentes) impulsos de ansiedad de Alberto Weretilneck. El tempo que más le gusta es el tipo “siesta de verano”. Despacio y cada cual en su sitio.

La audiencia pública para la revisión quinquenal de la tarifa de la distribuidora de electricidad Edersa estuvo precedida por una tormenta de acusaciones que preanunciaba rayos y centellas.

-En noviembre, desde Edersa se hablaba de un “plan de ahogo financiero contra la distribuidora” por parte de las autoridades de la secretaría de Energía rionegrina y del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). “Pecan de ignorancia y le mienten a la población y al gobernador Alberto Weretilneck”, decía el presidente de la compañía, Matías Bourdieu, al señalar que es imposible funcionar con tarifas de hace cinco años y costos que aumentan cada día. En la “asfixia financiera” incluía a la estatal ARSA y a otros entes públicos que mantienen deudas con Edersa.

-La respuesta del gobernador fue igualmente dura: “La empresa está tratando de confundir a la sociedad y culpar a la Provincia. Si no están conformes con el trato que reciben, que se retiren de Río Negro y dejen el servicio en manos más responsables”.

Pero, en la audiencia, apenas cayó una garúa. Edersa fundamentó someramente su propuesta aun teniendo suficientes argumentos para defender un aumento cuando sus costos han crecido en forma visible en los últimos cinco años.

En la maraña de cifras, casi pasa inadvertido que, desde 2011, los precios de los materiales y servicios que contrata aumentaron un 320% y los de impuestos provinciales entre 309 y 340%. Esto incluye la tasa que le cobra el EPRE y que Edersa no puede trasladar a los usuarios pero la Cooperativa Eléctrica Bariloche sí (???).

Por su parte, el gobierno dejó en manos del defensor del Usuario designado por el EPRE una descripción técnica, plena de cifras y definiciones contables sobre costo de capital, VAD, VNR, y pidió una “tarifa razonable” que contemple los costos reales del servicio y sugirió “más estudios”.

En cuanto al resto de los expositores, gran parte del tiempo lo destinaron a relatar las fallas en el servicio en la Región Sur y en el área de Campo Grande, originadas en décadas de casi nula inversión y agravadas diez días antes de la audiencia pública por un terrible temporal de viento que derribó postes y cortó cables en toda la provincia.

Y los tiempos se dilatan. La tarifa que debía regir desde noviembre difícilmente entrará a regir antes de mayo próximo.

Todo eso es lo que sucede en la superficie.

Menos visibles, se producen encuentros y gestiones entre el gobierno provincial y directivos de la empresa eléctrica que controla desde fines de 2013 Jorge Neuss. Nadie sabe a ciencia cierta qué elemento pesó más para romper el hielo que separaba a unos y otros hasta hace días. Pero explorar en internet las imágenes y noticias de los últimos dos años permite apreciar múltiples contactos, encuentros, cenas de gala y beneficencia, encuentros empresarios y mítines políticos que encontraron bajo el mismo techo a conspicuos representantes del actual gobierno nacional y a integrantes de la familia Neuss, que han elegido como figura de promoción de la compañía nada menos que a la rionegrina famosa Teté Coustarot.

Jorge Neuss y su hijo. Foto Infobae 3/11/2016

Lo que se advierte, en todo caso, es que la olla en que se cuece la tarifa eléctrica rionegrina se pone al fuego en Cipolletti, donde tienen su sede Edersa, el EPRE, el Sindicato de Luz y Fuerza y la secretaría de Energía provincial, pero que los condimentos se preparan en otras geografías.

Sea como fuere, por convicción o porque el enojo anterior fue una puesta en escena para mejorar la negociación, el gobernador avanza hacia aprobar el aumento solicitado por Edersa ante la evidencia de que ese servicio ha quedado relegado en su tarifa respecto de la que el propio Estado rionegrino cobra por el agua de ARSA y respecto de otras compañías similares como la neuquina Calf. Ni hablar si se la compara con la que perciben la CEB o la Cooperativa de Río Colorado, a las que se les permite incluir en la factura fondos para obras e inversiones sólo con la aprobación de una asamblea de los socios de la cooperativa.

En síntesis, resulta tan impopular como verdadero admitir que en Río Negro, como en el país, tendremos la energía que estemos dispuestos a pagar. Puesto que a nadie escapa que un servicio ficticiamente barato tendrá como único resultado un servicio deficiente e inestable.

Esto es así, y los políticos lo saben, aun cuando eviten hablar de ciertas cosas.

Una de ellas es la incidencia de la toma de tierras y las consecuentes conexiones irregulares a la red eléctrica. En la audiencia, casi todos aludieron a este segmento, que hace crecer hasta niveles muy superiores al promedio del mercado el rubro de “pérdidas técnicas y no técnicas” de energía que plantea la compañía eléctrica. Según el relevamiento que coordiné para el diario Río Negro en 2015, más de 30.000 personas viven en asentamientos ilegales en la provincia, de las cuales 17.830 están en jurisdicción de Cipolletti, incluyendo gran parte de la población del paraje Las Perlas. Muchas de ellas nacieron y crecieron mientras el actual gobernador, Alberto Weretilneck, ocupaba el cargo de intendente de Cipolletti. Entre Provincia y municipio se turnan para mirar para otro lado, intercambiar acusaciones y descargos, a sabiendas de que la falta de decisiones políticas lleva a que una empresa privada como Edersa asuma el costo económico y ponga la cara frente a las

Infografía diario Río Negro 26 de julio de 2015.

quejas de usuarios que pagan su servicio pero enfrentan cortes y altibajos como resultado. Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato y resolver si el Estado asume una función de asistencia total, parcial o conduce un proceso de normalización de la posesión de la tierra, viendo caso por caso.

Algo similar sucede con la crisis frutícola. En la audiencia pública, la CAFI hizo un planteo en relación con la tarifa que pagan los frigoríficos y los galpones de empaque, grandes consumidores de una actividad en problemas. Pidieron, por ejemplo, tener una tarifa mensual que les permita no asumir costos fijos durante los períodos en que no encienden sus equipos y cámaras de frío. Sobre este punto, la cuestión debería sincerarse. Si el Estado considera que es necesario apoyar a un sector de la economía, tiene herramientas para hacerlo sin trasladar el peso a un tercero ajeno a la cuestión.

“No podemos pretender tener un bien útil y escaso y que sea barato”, dijo durante la audiencia pública el periodista económico Daniel Darrieux.

El punto es: ¿Cuál sería una tarifa justa, razonable, que los consumidores puedan pagar y que permita a la compañía mejorar el servicio?

Según la propuesta de Edersa, el impacto del aumento quinquenal será del 60% en el valor final de la factura, lo que llevaría a que el 65% de los usuarios residenciales paguen como máximo hasta $450 por mes, incluidos los impuestos. ¿Mucho? ¿Poco? Para una u otra respuesta inciden el tamaño del bolsillo que paga, la posición que se tenga respecto del gobierno provincial y nacional, la confianza en la política, la opinión sobre el tamaño del Estado y acerca de los derechos y responsabilidades de una empresa privada.

El tema es complejo y difícilmente una audiencia pública tediosa y técnica pudiera alumbrar toda la cuestión. Aun así, este tipo de encuentros permite conocer pormenores y centrar la atención en aspectos poco visibles en la marcha habitual de la economía. Para lo demás, una información completa y constante resulta imprescindible.

 

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