Recrudece la crisis política en Venezuela

VENEZUELA. Maduro aprieta las filas chavistas tras elegir como vicepresidente al radical Tareck El Aissami

Confluencia Digital

La crisis en Venezuela es cada día más preocupante. El conflicto ha escalado en su faceta política dado que las tensiones entre el chavismo y la oposición, aglutinada en el Congreso, van en aumento.

A inicios de esta semana, horas después de la frustrada ofensiva opositora en el Parlamento para desalojar al presidente Maduro y llamar a elecciones anticipadas, el chavismo lanzó su contraofensiva.

La oposición expresa que puede aplicarse la figura legal de “abandono del cargo” a Maduro, al ser éste el máximo responsable de la desastrosa situación económica, los altos niveles de delincuencia y la escasez de alimentos.

A pocas horas del voto parlamentario en su contra, Maduro lanzó una advertencia: “Aténganse a las consecuencias del llamado a golpe de Estado que la pandilla aprobó ayer, una pandilla que secuestró la Asamblea Nacional”, sentenció antes de viajar a Nicaragua para la asunción de Daniel Ortega en su cuarto mandato.

Como primera medida, creó un ente público «antigolpe» en respuesta a la iniciativa opositora. Maduro juramentó en Caracas al denominado Comando Antigolpe por la Paz y la Soberanía, presidido por su vicepresidente El Aissami y conformado por diversos representantes del oficialismo y de los organismos de seguridad.

Según denunció la Mesa de Unidad Democrática (MUD), el gobierno ordenó la persecución policial y penal contra los legisladores que votaron en contra del jefe de Estado. La primera víctima ha sido el diputado Gilber Caro, quien fue detenido y trasladado por la policía secreta del régimen a las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN). También el miércoles el Gobierno ordenó la captura de Jorge González, representante del partido Primero Justicia en el Consejo Legislativo de Maracaibo, segunda ciudad del país.

“Venezuela sabe que el Gobierno ha desatado una política de miedo y terror porque sabe que no tiene apoyo popular”, protestó Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia y presidente de la Asamblea Nacional desde el 5 de enero. “Si cree que haciendo presos va a resolver la crisis, va a tener que poner presos a 30 millones de venezolanos”, agregó en una nota que publica el periodista EWALD SCHARFENBERG para EL PAÍS,

El vicepresidente confirmó este miércoles por la noche la detención de Gilber Caro, diputado suplente a la Asamblea Nacional por el estado de Miranda y miembro de la Dirección Nacional del partido Voluntad Popular (VP) que lidera el ex alcalde Leopoldo López, recluido desde febrero de 2014 en una cárcel militar.

El Aissami dijo que durante la detención se le incautaron explosivos, un fusil de asalto, dinero en efectivo y documentos. El vicepresidente resaltó la cercanía personal de Caro con Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López y vocera de la campaña por la libertad del encarcelado dirigente. 

El Aissami, quien mantiene estrechos lazos con el régimen iraní y había ocupado la cartera del Interior y Justicia, entre 2008 y 2012, en el Gobierno de Hugo Chávez, fue designado vicepresidente Ejecutivo el pasado 4 de enero por el primer mandatario. Maduro encargó a su segundo concentrarse en atención de los problemas de seguridad.

Hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional de Venezuela

La iniciativa opositora, que gozó de amplio apoyo parlamentario, tenía pocas perspectivas de prosperar porque el oficialismo la trabó apelando al Poder Judicial bajo su control. Sin ir más lejos, la Justicia venezolana ha declarado la nulidad de todos los actos del Congreso. 

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), controlado por el chavismo, dictaminó el miércoles que la elección de la directiva del Parlamento la semana pasada es nula y sus actuaciones inválidas. Esto incluye la sesión del lunes en la que los parlamentarios declararon “el abandono del cargo” del presidente, Nicolás Maduro. Según los magistrados del alto tribunal, el Parlamento, de mayoría opositora, continúa en la situación de desacato que le atribuye desde agosto, lo que anula de forma automática cualquiera de sus decisiones.

La sentencia del tribunal -que se produce a solicitud de la bancada parlamentaria del chavismo- exime a Maduro de presentar ante la Asamblea su Memoria y Cuenta anual, una formalidad que la Constitución obliga a cumplir antes del 15 de enero de cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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