¿Un nuevo caso Dreyfus?

Aleardo Laría.

En el año 1894 una empleada de la limpieza encontró en una papelera de la embajada alemana en París una carta dirigida al agregado militar alemán. La entregó al servicio de informaciones francés, quien inició una investigación de la que dedujo que el autor era un militar francés de apellido alemán. Así se inició el affaire Dreyfus, un hecho que dividió a la sociedad francesa y que debería hacer meditar a todos los que pretenden convertir hoy a Diego Lagomarsino en un nuevo Dreyfus.

El coronel Henry, un oficial del servicio de informaciones del ejército francés, fue el encargado de la investigación. La prensa rápidamente se hizo eco del caso y ayudó a inclinar a la opinión pública afirmando que el acusado era culpable. Alfred Dreyfus resultó condenado a prisión perpetua, degradado y deportado a la prisión de la Isla del Diablo. Sin embargo, el escritor Émile Zola, en un famoso artículo publicado en enero de 1898, con el título “J’accuse”, se puso al frente de la campaña para pedir la revisión de una condena que consideraba injusta. El caso dio una vuelta de campana cuando el coronel  Henry confesó haber calumniado a Dreyfus y a continuación se suicidó.  

La investigación del caso Dreyfus, según relata Luigi Zoja, estuvo viciada desde el principio porque los investigadores, más que hacer evaluaciones objetivas, se fueron plegando a las hipótesis que habían sido elaboradas de antemano por el poder político. Influyó decisivamente el clima de antisemitismo que reinaba en Francia y la necesidad de utilizar un chivo expiatorio para reunificar a la nación francesa y saldar la traumatizante derrota sufrida en 1870 en la guerra franco-prusiana.

Existen algunas semejanzas del affaire Dreyfus con lo que está aconteciendo en Argentina alrededor del caso Nisman. Determinar si la muerte de una persona es un caso de suicido o fruto de un accionar criminal, es una cuestión científica que deben develar los expertos en criminalística en función de la ponderación de todas las evidencias reunidas. En el resultado de esa deducción científica no pueden ni deben influir las opiniones vertidas en los medios de comunicación o en los editoriales de los periódicos. No es ni debe convertirse en un encuentro de fútbol, donde cada tribuna intenta imponerse con sus gritos al adversario que tiene enfrente.

Resulta decepcionante que algunos representantes de profesiones que por deontología profesional deben preservar su objetividad, se pronuncien públicamente ofreciendo conclusiones anticipadas a los resultados de las pruebas periciales. No es de recibo que haya fiscales que se entrometan en la labor del fiscal de la causa, dando su parecer fuera del proceso. Constituye una grave anormalidad que una jueza, que también es parte querellante en la instrucción penal, no sepa separar ambas cuestiones y utilice su cargo como tribuna pública en vez de canalizar sus  peticiones en el proceso a través de sus abogados.

Los periodistas también tienen una responsabilidad deontológica similar, y no debieran dar por hecho lo que aún no ha sido probado. De ese modo se alejan de una labor objetiva para pasar a ser meros propagandistas de ideas preconcebidas e interesadas. Resulta una novedad sorprendente en la praxis periodística que el editorial de un medio de prestigio termine con un llamado a concurrir a un acto partidario, señalando el día, la hora y el lugar del encuentro.

Luego de dos años de investigaciones la justicia no ha podido dilucidar si la muerte de Nisman es consecuencia de un crimen o de un suicidio. Parece algo insólito dado los ingentes medios y el numeroso personal dedicado y el avance que han experimentado las nuevas tecnologías en materia criminal. Pero Argentina es el país de las anomalías, donde la presión del poder político puede conseguir lo que la ciencia no consigue y transformar en un crimen lo que hasta ahora se encaminaba a ser un suicidio.

Atendiendo a las pruebas reunidas en la investigación, hasta el momento, en el caso Nisman, todas las evidencias apuntan a que se trata de un suicidio que se produjo en la mañana del 18 de enero de 2015. Esta ha sido la opinión coincidente de los 18 expertos que se han reunido, salvando la opinión de los 3 que representan a la jueza Sandra Arroyo Salgado. No existe ninguna evidencia directa que permita pensar en un homicidio. Todas las especulaciones que se hacen alrededor de esa hipótesis son indirectas, y se basan en inferencias a partir de un manejo de dudoso rigor de las primeras actuaciones, muy propio de la forma con la que se hacen las actuaciones oficiales en Argentina.

Existe un indisimulado interés político en convertir el suicidio del fiscal en un “magnicidio” y vincularlo de esa manera con el proceso por “encubrimiento” que se sigue contra la ex presidenta Cristina Kirchner por instar un tratado con Irán relativo al caso AMIA. Son todas hipótesis jurídicamente muy arriesgadas.  Un tratado aprobado por el Congreso podrá ser declarado inconstitucional y considerado un grave error político. Pero de allí a pensar que constituye la materialización de un acto de encubrimiento de un delito de terrorismo producido hace 22 años y cuyos autores aún no han sido descubiertos, media una gran distancia.   

Los grupos de presión que promocionan estas aventuras jurídicas lo hacen cegados por una visión conspirativa, donde mezclan en una amalgama cuestiones nacionales y conflictos internacionales. En esta operación jurídico-mediática han conseguido forzar nuevos pronunciamientos donde ya se habían expedido varios tribunales de alzada; cambiar la jurisdicción de causas que estaban en la jurisdicción ordinaria para llevarla a la federal; y renovar el cuerpo de expertos forenses que dieron un dictamen contrario a sus preferencias.

Todo esto es posible en un país con instituciones débiles, donde es sorprendente la plasticidad de los jueces para plegarse a los requerimientos del poder político y mediático. En las democracias consolidadas, no solo el Poder Judicial es independiente, sino que también lo son las agencias y oficinas del Estado. Aquí estamos lejos de ese nivel de exigencias y si hace falta encarcelar a un inocente para satisfacer una necesidad política, se avanza sin escrúpulos. La prueba elocuente es el propio caso AMIA, donde policías bonaerenses fueron sometidos a prisión con pruebas falsas para dar satisfacción a los grupos de familiares de las víctimas que reclamaban el rápido esclarecimiento de la causa.

Los grupos de presión, frente a gobiernos lábiles, podrán alcanzar sus objetivos, pero si lo logran, será a costa del prestigio de las instituciones. Su triunfo será pasajero, porque en la sociedad mediática moderna será muy difícil transformar un rinoceronte en una jirafa. Habrá en el futuro nuevas investigaciones y periodistas e historiadores rigurosos sacarán a relucir la verdad ante una ciudadanía más independiente que finalmente pondrá a todos frente al espejo de sus responsabilidades.       

 

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