Caso Parrilli: Otra acusación carente de rigor

Aleardo Laría.

El juez federal Ariel Lijo acaba de dictar un auto de procesamiento por el que considera que la conducta del ex Director General de la AFI, Oscar Parrilli podría ser encuadrada en un delito de encubrimiento agravado (art. 277, inc.1° del CP) penado con un máximo de 6 años de prisión. Basta la simple lectura del Auto del juez para tener la impresión de que se trata de una acusación  carente del mínimo rigor jurídico. La justicia federal argentina ofrece la deplorable imagen de una veleta que cambia con la misma velocidad que cambia la dirección del viento político.

El hecho concreto en que se apoya el auto del juez es la presunción de  “que Parrilli ocultó el informe en el que se había individualizado a Gladys Delgado –supuesta pareja de Pérez Corradi en Paraguay- y se había identificado a una persona con notables similitudes fisonómicas con Pérez Corradi”. La deducción que hace el juez del propósito de “ocultamiento” del informe es la simple demora en trasladar ese informe a los fiscales del caso. Como el informe lo recibió Parrilli el 16 de noviembre de 2015 y cesó en su cargo el 10 de diciembre de 2015, la supuesta demora se reduce a los 15 días hábiles que median entre una y otro fecha.

Para calibrar la decisión del juez hay que hacer un breve recorrido por el itinerario que recorrió el famoso informe. Con fecha 4 de agosto de 2015, un sujeto de identidad reservada se comunicó telefónicamente con la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas de Mercedes y aportó una serie de datos de interés acerca del –por entonces- prófugo Ibar Perez Corradi. Al día siguiente, el testigo prestó declaración testimonial en dicha dependencia de Gendarmería Nacional y reveló varios datos sobre un presunto domicilio que tenía un tal Gladys, presunta pareja de Perez Corradi en Paraguay. Las actuaciones de referencia fueron recibidas en la Unidad Fiscal el día 12 de agosto de 2015. Trece días después, por medio de los oficios de fecha 25 y 31 de agosto de 2015, los titulares de la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas de Mercedes y de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, le encomendaron al entonces Director de la Agencia Federal de Inteligencia colaboración para establecer el paradero del prófugo Pérez Corradi. Igual petición se formuló a Gendarmería y  a la Policía Federal.

Con fecha 3 de septiembre de 2015, el entonces Director General de la Agencia Federal de Inteligencia – Oscar Parrilli- designó a dos agentes de la Dirección Operacional de Contrainteligencia de ese organismo para cumplir con las tareas requeridas por la U.F.I.  de Mercedes y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5. El informe de los dos agentes, luego de dos meses y medio de investigación,  fue remitido a la Dirección de Asuntos Legales y Técnicos de la A.F.I. el día 16 de noviembre de 2015. Señalaba que la referida Gladys Delgado mantendría una relación sentimental con un individuo que se identificaba en Facebook como Pablo Martínez y que tenía similitud de rasgos fisonómicos con Pérez Corradi, pero sin dar ninguna certeza de que lo fuera.

Parrilli ha alegado en la causa  que como esa información no era suficientemente precisa, dio instrucciones para que se continuara profundizando en la búsqueda. El informe provisional, entre tanto, quedó en el despacho del Director de Asuntos Legales y Técnicos de la AFI,  Emiliano Rodriguez  que continuó en funciones hasta el 30 de diciembre de 2015. Fue “hallado” el 11 de enero de 2016 por las nuevas autoridades y remitidos a  la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 y en la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas de Mercedes donde fueron recibidos con fecha 21 y 22 de enero de 2016, es decir 11 días después. Cabe añadir que finalmente se comprobó que Pérez Corradi no residía en Paraguay y fue capturado por la policía brasileña en Foz de Iguazú recién en junio de 2016. Trasladado a Argentina, se dispuso su falta de mérito en la causa del triple crimen por la que se había sido solicitada su captura.

Si se ha prestado atención al itinerario del informe, se observa que en todas las ocasiones en que la solicitud se trasladó de una oficina administrativa a otra, se produjeron demoras de varios días, lo que no debe sorprender a nadie, puesto que es algo habitual en la Administración Pública. Pero el juez, en vez de atribuir la demora en que habría incurrido la AFI a la simple inercia burocrática, deduce la intención subjetiva de Parrilli de “encubrir” al prófugo. Sin embargo, con el otro procesado, el Director de Asuntos Jurídicos, Emiliano Rodriguez que tuvo el informe en su oficina por más tiempo -desde el 16 de noviembre hasta su cese el 30 de diciembre- no le atribuye la misma intencionalidad y lo libera de toda responsabilidad.

El Auto de procesamiento le ha permitido al juez Lijo dejar en un segundo plano la responsabilidad que le cabe por el “filtrado” a los medios de comunicación de una nueva comunicación privada entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su secretario privado, Oscar Parrilli. Esas escuchas provienen de una autorización dispensada por el juez Lijo en los meses de junio  a septiembre de 2016, cuando Pérez Corradi ya había sido detenido y Parrilli había dejado de ser funcionario hacía siete meses. A la vista de las pruebas reunidas por el juez en el auto de procesamiento, donde ninguna referencia se hace a esas grabaciones, se puede deducir que las escuchas carecían de toda justificación. Queda así en evidencia –para quienes no padecen ceguera política- que detrás del montaje judicial estaba el inocultable propósito de intervenir comunicaciones de la ex presidenta Cristina Fernández

La custodia del diálogo privado entre CFK y su secretario es, jurídicamente, responsabilidad compartida de la Corte Suprema, que ahora tiene a su cargo la labor institucional de controlar las escuchas judiciales; del juez Lijo; del fiscal Marijuán, que tuvo acceso a esas grabaciones en el proceso; y de la AFI que tuvo en su poder el audio y realizó las transcripciones. La Dirección de Asistencia Judicial de la Corte trató de desligar su responsabilidad mediante la emisión de un comunicado afirmando que no había violado los protocolos de la cadena de custodia establecidos para garantizar el resguardo de la información, pero lo cierto es que mientras no se determine quién es el responsable de la filtración, todas estas instituciones quedan afectadas por la sospecha.

El pasado domingo 22 de enero, justo unos días antes que se conociera la primera escucha, un premonitorio editorial de La Nación  señalaba, citando al eximio politólogo italiano Norberto Bobbio, “que la democracia contemporánea está afectada por un problema: debajo de los poderes del Estado operan organismos que están fuera del control del electorado y la opinión pública. Bobbio los llamó sottogoverno, porque están en el subsuelo de la administración”. El editorial añadía que “en el centro de ese averno se encuentran los servicios de inteligencia. Se trata de agencias que, en todo el mundo, se resisten al monitoreo de la autoridad civil. Por eso, en las sociedades más abiertas existe un esfuerzo permanente por perfeccionar ese monitoreo”.

En referencia a nuestro país, el editorial expresaba que “una de las deudas más inquietantes de la política con la ciudadanía es la creciente degradación que se verifica desde 1983 en las tareas de espionaje. Su objetivo principal no ha sido proveer al Presidente de información para garantizar la seguridad del país. Ha sido la persecución de dirigentes políticos, magistrados, periodistas, empresarios o líderes religiosos. Una función más parecida a la de una Gestapo que a la de un organismo de inteligencia”.

En una democracia, cuando los eslabones institucionales son débiles, y los funcionarios eluden sus responsabilidades, amparándose en meros subterfugios, o se pliegan a las exigencias de determinados grupos de poder, se puede ir configurando una trama que termine ocasionando un daño político de enormes consecuencias Las instituciones que deben proteger la intimidad de los ciudadanos en una democracia han fallado. De igual modo, los procesos abiertos con escaso rigor dejan la impresión de que responden a un deseo de persecución política. El desgaste  provocado por estas aventuras judiciales innecesarias,  a la larga, terminará perjudicando  al Gobierno.

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