Educación: un fallo ajeno a la actualidad

Jalenska Zurakoski Luparelli.

Mientras en Neuquén los docentes nucleados en ATEN paraban los días 6 y 7, adhiriéndose a las actividades programadas por otras agrupaciones para el 8 de marzo (por el día de la mujer); el Juzgado de Familia Niñez y Adolescencia N° 2 de la provincia hizo lugar a la acción de amparo promovida por la Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente en contra de la madre de una niña, quien decidió educar a su hija en su hogar (home schooling) en lugar de enviarla a la escuela, al detectar que la menor era víctima de maltratos, verbales y físicos, por parte de sus compañeros.

Según consta en la información divulgada en medios locales y nacionales, en los autos “Def. de los Derechos del Niño y Adolescente C/ W. H. C. P. S/ Acción de Amparo”, mediante la promoción de una acción de amparo contra la madre, la defensora adjunta Marcela Robeda, solicitó que “se intime a la accionada a garantizar el cumplimiento del derecho/deber de escolarización de su hija durante el plazo de educación obligatoria que culmina con la finalización del ciclo secundario”.

Teniendo en cuenta que año a año el mes de marzo se encuentra atravesado por una elevada conflictividad que perjudica el inicio de clases, llama la atención el desfasaje del fallo en relación a la dramática realidad que interpela a la educación pública a nivel país. En este contexto, es cuando menos penoso que el Estado Provincial, a ojos vista incapaz de garantizar la educación universal, pública y gratuita a los niños y adolescentes de su territorio con escuelas abiertas y en condiciones a tal fin; intime a una madre que da cuentas de encontrarse educando a su hija en el hogar, a llevarla a la escuela mientras los establecimientos educativos permanecen cerrados por motivos políticos.

Llama poderosamente la atención que la Defensoría del Niño y Adolescente promueva medidas legales contra una madre que se halla educando a su hija, y que la Justicia acompañe la acción de amparo con un fallo a favor, al tiempo que la violencia propiciada por distintas facciones sindicales se apodera de las calles y obstaculiza el normal funcionamiento de las instituciones públicas, ante la inacción de jueces y fiscales.

El caso descripto cuenta con un antecedente reciente en la provincia. El año pasado la Justicia había intervenido en en la escolarización de una menor, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén le ordenó a otra madre que envíe a su hija a la escuela, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia a una orden judicial. En aquella ocasión, la mujer había argumentado que era partidaria de la educación libre, en contra de la educación formal, por lo que asumiría la educación de su hija en su hogar. No obstante, la Justicia provincial falló en su contra.

La educación en el hogar o homeschooling es una opción de aprendizaje surgida en los Estados Unidos, que cada vez suma más adeptos entre quienes cuestionan las limitaciones del sistema educativo tradicional. Según especifica INFOBAE, en la Argentina se estima que hay cerca de 2 mil casos en todo el territorio, si bien no se cuenta con estadísticas oficiales. Sucede que en nuestro país la educación es obligatoria, desde la sala de cuatro años de jardín hasta el último año del colegio secundario, no así la escolarización. De esta manera, el homeschool es legal y queda en manos de cada provincia su regulación, según las facultades que les reconoce la constitución nacional. Los defensores de la educación en el hogar se amparan en los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional: el primero establece que educar y enseñar es un derecho y el segundo asegura que nadie está privado de hacer lo que la ley no prohíbe.

Sin perder de vista el panorama político actual, en esta oportunidad el argumento de la jueza neuquina merece ser destacado por su ironía, dada la distancia entre sus dichos y la dramática coyuntura política y social: “está en juego el interés superior de la niña cuya efectivización resulta primordial, es su derecho –y obligación- a la educación que se garantiza mediante la escolarización inmediata”, como si dicha inmediatez pudiera ser posible. Más aún, la magistrada en el fallo determinó que el actuar de la madre “lesiona en forma actual con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta el derecho y obligación de su hija a la escolarización”, como si el derecho y la obligación de los niños a la educación no se encontrara en una situación de extrema precariedad en el contexto de la discusión paritaria que deja fuera de los establecimientos educativos a miles de menores.

Sin embargo, las contradicciones son moneda corriente en un país acostumbrado a que sus políticos envíen a sus hijos a instituciones privadas, mientras que en sus discursos defienden con fervor a la educación pública. Si bien todos los años se presenta esta crisis, que posee claramente características estacionales que se recrudecen en tiempos electorales, el sistema político se manifiesta incapaz de anticiparse a los conflictos con soluciones que permitan ponerle cauce a una problemática que perjudica severamente a los más necesitados.

En Neuquén, mediante medidas de fuerza, en estos días pararon los docentes sindicalizados y se apoderaron de las calles los empleados del Estado agrupados en ATE por tiempo indeterminado, paralizando a las instituciones públicas, tanto educativas como administrativas, sin que medien acciones efectivas por parte de los funcionarios llamados a administrar educación y justicia. Con el afán de resolver el conflicto, los Ministros del gobernador Gutiérrez han llamado a la conciliación obligatoria a ATE, mientras que se reunirán con los docentes el lunes. Sin embargo, el conflicto está atado a las negociaciones en Buenos Aires, donde el paro y la movilización continuarán los días 15, 16, 21 y 22 del corriente, con lo cual no se avizora una solución en breve.

Los datos de la decadencia Argentina indican que, en palabras del Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich: “la mitad de la adolescencia del país, o bien no cursa el nivel secundario, o bien abandona los estudios medios en forma temprana. Sólo 1 de cada 10 jóvenes concluye los estudios universitarios y sólo 1 de cada 100 proviene de los sectores más pobres”. Esta información es determinante para comprender las abismales diferencias socioeconómicas que padece alrededor de un tercio de nuestra población, condenado a vivir en la pobreza y en la indigencia. Salta a la vista que los argentinos hemos olvidado que todo niño tiene derecho a superar su condición social a través de la educación.

Las carencias de la escuela pública, estrechamente vinculadas a la ineptitud de la dirigencia política, funcionarios de gobierno y líderes gremiales, para frenar su deterioro e impulsar su mejora, tienen su contracara en los índices abrumadores de deserción escolar y en el éxodo de las familias desde los establecimientos públicos a los privados.

Cada vez más familias, de niveles socioeconómicos dispares, llevan a cabo un esfuerzo sideral para afrontar las cuotas de un colegio privado. A la par que con sus impuestos sostienen la escuela pública, pagan en simultáneo la escuela privada con tal de que sus hijos tengan clases durante el ciclo lectivo y reciban educación de calidad. Siempre queda la duda acerca de cuántas más familias emigrarían a instituciones privadas de tener los medios necesarios para hacerlo.

Así, el sistema educativo argentino, diseñado en un comienzo para dar a todos los niños igualdad de oportunidades, en la práctica exacerba las diferencias sociales y económicas, perjudicando a generaciones enteras de niños que hoy carecen de la formación adecuada para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Superar esta situación es tarea de gobiernos con visión a largo plazo y de familias comprometidas con un futuro mejor. Tal vez una alternativa para lidiar con la extorsión permanente que llevan a cabo los grupos de interés contra un Estado elefantiásico, especialista en gastar mucho y de forma ineficiente su presupuesto, sea explorar otras opciones que ya se experimentan en otras latitudes con éxito, que permitan abrir el abanico de posibilidades para garantizar el derecho a la educación , tales como el homeschooling y los vouchers educativos.

En Neuquén, los casos de las madres que procuraron educar a sus hijas por métodos alternativos a los tradicionales deben ser vistos como un llamado de atención para las autoridades y para los responsables de un sistema cada vez más deteriorado, en la búsqueda de opciones que garanticen el derecho a la educación de niños y adolescentes al mismo tiempo que les brinden la calidad en el aprendizaje necesaria para ser alfabetos en la sociedad del conocimiento.

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