La confirmación de penas contra Contreras y Mozzoni, el fracaso del control del Estado y un año electoral

Alicia Miller.

Hace pocos días, el Superior Tribunal de Justicia confirmó las penas contra un exministro, un exsecretario de Estado y una empleada jerarquizada de la gestión del radical Miguel Saiz, por hechos ocurridos hace nueve años. 

En el mismo año en que la Justicia rionegrina intenta mudar hacia un sistema de oralidad absoluta e inmediatez, este caso alerta sobre algunas cuestiones clave:

  1. sin duda que el procedimiento judicial que se aplica actualmente es absurdamente lento, lo que confirma la necesidad del cambio.
  2. que los casos vinculados con políticos en el gobierno sólo prosperan cuando los involucrados dejan el poder, por lo cual la rapidez en resolver una acusación sólo podría derivar en absoluciones.
  3. que los hechos de corrupción se materializan en su mayoría en expedientes y decisiones gubernamentales, por lo cual deberían ser detectados, evitados o –en caso de concretarse- sancionados de inmediato por los organismos de control del Estado.
  4. el Estado rionegrino tiene una compleja y costosísima estructura de organismos de control interno –la Fiscalía de Estado, la Contaduría General y la Comisión de Transacciones Judiciales- y de control externo –la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Tribunal de Cuentas-. Entre todos ellos suman cientos de empleados. En el caso de los órganos de control externo, sus remuneraciones se relacionan con el monto de las dietas legislativas, superiores en términos relativos a los sueldos del Ejecutivo. En algunos organismos, además, cobran adicionales como incentivos.
  5. casi siempre en manos de la mayoría que gobierna, toda esa estructura no garantiza transparencia, está lejos de los parámetros que caracterizan las pautas internacionales conocidas como Gobierno Abierto y se vuelve un coto cerrado en cuanto se trata de facilitar al periodismo y a los ciudadanos comunes el acceso a la información pública del Estado. Al decir de empleados de los organismos de control, “se trabaja para no hacer nada”. Las escasas filtraciones de datos suelen obedecer a intereses particulares o conveniencias políticas de los controladores, más que a seguir pautas objetivas de transparencia.

El futuro de los órganos de control

En 2017 habrá cambios de nombres en los órganos del Estado rionegrino:

  • En el Tribunal de Cuentas, Juan Huentelaf renunció en noviembre del año pasado, dimisión que se haría efectiva con fecha posterior, la vocal Dolores Cardell estuvo con licencia tras el fallecimiento de su esposo, lo que dejó a Erika Acosta sola en el triunvirato. En reemplazo de Huentelaf, el oficialismo había pensado en Gastón Pérez Estevan. Pero luego, al conocerse el rumor de que la Procuradora General del Poder Judicial Silvia Baquero Lezcano dejaría el cargo este año, el gobernador Alberto Weretilneck decidió reservar a su actual ministro de Seguridad para ese puesto. Esto abre un interrogante de quién completará el Tribunal de Cuentas.
  • En la Fiscalía de Estado, Julián Fernández Eguía podría dejar el cargo para reemplazar en el ministerio de Seguridad a Pérez Estevan, por lo cual se produciría allí otra vacante.
  • El mandato de la defensora del Pueblo, Nadina Díaz, vence este año y el oficialismo no está dispuesto a renovárselo. A fin de este mes vence el plazo de presentación de postulantes y ya se ha anotado Néstor Busso, exsecretario de Derechos Humanos de la Provincia durante el mandato ministerial de Marcelo Mango. Habría otros candidatos al cargo. La decisión de Weretilneck puede resumirse en una frase: hacer ver que se elige a alguien de la oposición, pero de ninguna manera al PJ tradicional, lo que excluiría a cualquier postulante afín a Martín Soria.

En un año electoral, estas designaciones podrían estar teñidas de fuertes negociaciones entre sectores. 

La confirmación de condenas

El STJ confirmó las sentencias de la Cámara en lo Criminal de Viedma que –hace dos años- condenaron al exministro de Turismo José Omar Contreras, al exsecretario de Medios de la provincia, Claudio Mozzoni, y a la delegada de Prensa de la Secretaría de Medios en Bariloche, Susana Parra, a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

En el caso de Contreras y Mozzoni, fueron hallados autores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública provincial en concurso ideal con el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Parra, en cambio, fue condenada por ser partícipe necesaria del mismo delito.

La condena a Parra y Mozzoni es por un hecho que ocurrió en Viedma entre el 10 de marzo y el 24 de septiembre de 2008. Mozzoni adjudicó pautas publicitarias del Estado a favor de Al Kabir S.R.L. -de Parra- para que emitiera un programa de entrevistas para la “difusión institucional” los domingos a las 14 por Canal 6 Bariloche. No podía contratarla sabiendo que pertenecía a una funcionaria de su sector y, además, el programa no era emitido y Mozzoni lo sabía, según el fallo. A nueve años de los hechos, la suma del perjuicio resulta irrisoria: $31.500.

El segundo hecho se atribuyó a Contreras, Mozzoni y Parra. En este caso, el ex ministro de Turismo, según la acusación, “actuó asignándole ilegítimamente pauta publicitaria” a Al Kabir, mientras que Mozzoni participó justificando la razonabilidad del precio.

Fallo del STJ

El voto principal del juez del STJ Sergio Barotto, al que adhirieron Enrique Mansilla y Ricardo Apcarián, señaló que quedaron “en evidencia las circunstancias disímiles entre lo contratado y los microprogramas referidos en cuanto a duración de los programas, contenido y oportunidad en que se emitirían, por lo que existió un perjuicio para el Estado”. Consideró probado que las menciones institucionales no fueron emitidas tal como habían sido contratadas y que el dolo está probado al conocer los funcionarios que violaban las normas referidas al manejo de dineros públicos.

El máximo tribunal coincidió en que Mozzoni y Contreras “operaron con la manifiesta intención de (…) favorecer a otro funcionario de su gobierno, la coimputada Parra y tal actividad se observa encarnada en ocasión de contratar la pauta oficial, causando de esa forma un perjuicio patrimonial al Estado Provincial”. Agrega que “el plexo fáctico indiciario es concluyente: Mozzoni sabía que al contratar con Al Kabir SRL lo estaba haciendo por intermedio de su representante y en beneficio de Susana Parra”.

“En síntesis, Mozzoni y Contreras, con abuso e infidelidad en el ejercicio de sus funciones públicas, persiguieron y lograron las contrataciones directas de publicidad que favorecieron a Susana Parra -quien en ese período temporal se desempeñaba como funcionaria a cargo de la Delegación Bariloche de la Secretaría de Medios de Comunicación-, prestaciones que no se realizaron en conformidad con lo acordado, lo que ocasionó un evidente perjuicio al erario público y un consecuente beneficio a la encartada”, expresa el voto de Sergio Barotto.

Comentarios

comentarios

Sé el primero en comentar

Deja un comentario