Salario docente y estatal, un problema de difícil solución

Alicia Miller.

El conflicto salarial entre los gobiernos nacional y provinciales y los gremios estatales y docentes deviene del impacto lógico en los ingresos individuales del esfuerzo que Mauricio Macri realiza para desacelerar la inflación que corroe al país desde hace décadas. De eso deriva la brecha entre el 17% de aumento salarial que fijan los gobiernos y el 35 o 40% que reclaman los sindicatos. Si a eso se le suma que se trata de un año electoral y que el kirchnerismo y sus aliados alientan una virulenta oposición contra el Ejecutivo nacional, se completa un panorama complejo.

La Argentina viene de una pésima tradición inflacionaria, originada principalmente por la tendencia de los sucesivos gobiernos de conceder aumentos salariales por encima de las posibilidades concretas de pago, lo que deriva invariablemente en que las empresas aumenten los precios de los productos y que el Estado devalúe el valor relativo del dinero y –como efecto obvio- su poder de compra. Esto, a su vez, genera nuevos reclamos de aumento salarial, y el ciclo se repite.

En 2016, la tasa de inflación en la Argentina fue varias veces superior que la de los países vecinos: multiplicó cinco veces la de Uruguay y Brasil, diez veces la de Bolivia o Paraguay y 15 veces la de Chile. Igual que la del 2002, fue la más alta desde 1991.

Si para el Estado la inflación es una trampa peligrosa que afecta a todos y para la actividad económica privada es una amenaza severa, los que más se perjudican son los asalariados. Día a día, el dinero pierde valor y no bastará aumento ni porcentaje para reparar el daño al poder de compra del sueldo.

En definitiva: parar la inflación es un imperativo para todos, y especialmente para los trabajadores y personas de menores ingresos.

Pero estas cuestiones macroeconómicas resultan ajenas si se las observa desde el bolsillo de un asalariado porque hay una verdad de Perogrullo: bajar la inflación produce sufrimientos salariales y personales en los sectores más débiles de la economía de un país.

Desde los sindicatos, la prioridad es evitar que sean sus afiliados quienes paguen la cuenta de una desaceleración súbita de los indicadores. Y en cierto modo es lógico: pedirle comprensión a quien vive al límite del nivel de pobreza aparece como injusto.

La confianza necesaria para que el proceso tenga éxito requiere de un acuerdo general basado en la convicción de que el gobierno nacional sabe lo que hace y está dispuesto a contener los aumentos de precios y el gasto público infundado.

En un año político, el marco no es propicio. Pero vale la pena el esfuerzo.

Paritaria nacional vs. docentes provinciales

Uno de los nudos que complica la resolución del conflicto en el ámbito de la educación primaria y media es la disposición de la Ley de Financiamiento Educativo de que el Ejecutivo Nacional convoque a una paritaria nacional docente. Ese ámbito de discusión fue creado por el artículo 10 de la ley N° 26075 de 2006 y reglamentado por el Decreto 457/07.

La paritaria debe fijar el piso salarial docente en todo el país para el “cargo testigo”, correspondiente a un docente que recién inicia su carrera y que tiene un solo cargo. Debe fijar también un fondo compensador financiado por el gobierno nacional para las provincias que tienen dificultades para pagar el salario mínimo nacional acordado. Sobre esa base, cada provincia puede establecer un piso salarial mayor.

Así, esta ley genera lo que –en cierto modo- es un contrasentido: la educación es un servicio provincializado desde hace décadas. Nación, que no tiene docentes primarios ni secundarios a su cargo, participa en la negociación del salario de los educadores provinciales. Y esa negociación obliga a los gobernadores, aun cuando lo acordado por la paritaria supere las posibilidades de pago de la provincia.

La ley fue un éxito de CTERA, una confederación de gremios docentes provinciales e incluye otras muchas disposiciones referidas principalmente a la exigencia de porcentajes de inversión en educación.

El gobierno nacional argumenta ahora que esa convocatoria anual no es necesaria, porque desde el año pasado se definió que el salario mínimo docente se actualiza en forma automática un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil.

Desde las provincias, la existencia del fondo compensador nacional ha servido en los últimos años para aliviar la presión del salario docente sobre sus propias finanzas, lo que con el tiempo fue derivando en una virtual “nacionalización” de la administración del servicio educativo.

El paro, única metodología de reclamo

En ese marco, los sindicatos plantean el paro de actividades como estrategia central de reclamo frente a los gobiernos. Esto genera un costo gravísimo en la prestación del servicio público que, en la educación, tiene como perjudicados a los alumnos que concurren a escuelas públicas, que en su mayoría pertenecen a familias de bajos recursos.

Así, el reclamo de mejores condiciones salariales impacta no en el gobierno sino en sectores vulnerable, contribuyendo a incrementar una desventaja social que se asocia con otros males tales como el desgranamiento, el desempleo, la pérdida de chances de controles de salud y alimentación, entre otros.

Finanzas provinciales vs. control fiscal

El objetivo de desacelerar la inflación requiere, principalmente, del control sobre el gasto público, que en el país ronda el 40% del Producto Bruto Interno, muy superior al de otros países de América.

En un país federal y caracterizado por las desigualdades regionales, como es la Argentina, esto tiene muchas dificultades. El gobierno nacional fue el que más creció en gastos durante el kirchnerismo, concentrando tareas que tradicionalmente fueron atendidas por las provincias y que, en ocasiones, derivaron en la duplicación de organismos burocráticos.

El gobierno de Mauricio Macri dispuso una serie de medidas de contención del gasto nacional, pero la autonomía provincial dificulta la generalización de esas conductas.

Además, en provincias como Río Negro, el pago de salarios es el rubro principal de erogaciones. Las partidas de gastos de funcionamiento y de obras públicas han reducido su incidencia hasta lo mínimo. Por lo tanto, el margen de maniobra es escaso. Con plantas de personal que crecieron por encima de las necesidades de la administración, un punto porcentual de incremento en los salarios representa un gasto enorme para el Presupuesto provincial.

El panorama político

Este año es clave respecto de cómo se van a conformar las mayorías y minorías en el Congreso de la Nación. El gobierno nacional aspira a mejorar su situación relativa en ambas cámaras. El kirchnerismo, por su parte, será la primera vez que vaya solo a las elecciones, sin el soporte del Partido Justicialista. Uno y otro buscarán reforzar su peso relativo, con estilos diferentes y compitiendo por el rol de oposición con otras fuerzas, como el Frente Renovador que lidera Sergio Massa.

En Río Negro y Neuquén, gobernadas ambas por partidos provinciales, la batalla será por los alineamientos y alianzas con las fuerzas nacionales, al mismo tiempo que los sectores que están ubicados en la oposición en ambas jurisdicciones buscarán mejorar su representación parlamentaria nacional.

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