1 de Mayo: Personas con discapacidad y el trabajo

Alejandro Rojo Vivot

“El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todos los seres humanos y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”.       Naciones Unidas. Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. 1986

Los individuos y las comunidades, como el conjunto de la humanidad, se desenvuelven en estrecha interrelación e interdependencia.

El trabajo y la contribución brindando servicios, productos, recursos aportados al interés general, son cuestiones fundamentales en las más diversas culturas. También es una valiosa instancia de interacción humana, muchas veces creativa y fuente de satisfacción además de la generación de ingresos económicos personales.

Desde luego que existen notorias distorsiones en algunas instancias laborales que denigran a la condición humana.

Asimismo es necesario subrayar que, aún en el siglo XXI, muchas personas no acceden a oportunidades laborales o sus resultados son altamente inestables e insuficientes.

Frecuentemente, las personas con discapacidad, como otros grupos sociales, además sufren menoscabos basados en prejuicios que, a priori, los descalifican sin fundamento alguno en cuanto a sus respectivas capacidades laborativas.

Agregándose que las generalizadas barreras arquitectónicas, urbanísticas y de comunicación contribuyen decididamente a dificultar o impedir el acceso al estudio y al desempeño laboral de las personas con discapacidad.

El predominio de las políticas paternalistas y las que segregan, refuerzan los prejuicios y poco impactan positivamente en los procesos de integración.

Favorecer la vida independiente de las personas con discapacidad y el amplio involucramiento de los más diversos integrantes de cada comunidad, incluyendo a los poderes públicos, sin duda es un acertado camino que nos conduce a sociedades equitativas y democráticas.

En tal sentido las Naciones Unidas puntualizaron: “El principio de la igualdad de derechos entre personas con y sin discapacidad significa que las necesidades de todo individuo son de la misma importancia, que estas necesidades deben constituir la base de la planificación social y que todos los recursos deben emplearse de tal manera que garanticen una oportunidad igual de participación a cada individuo. Todas las políticas relativas a la discapacidad deben asegurarse el acceso de las personas con discapacidad a todos los servicios de la comunidad.

Así como las personas con discapacidad tienen derechos iguales, tienen también obligaciones iguales. Es su deber participar en la construcción de la sociedad. Las sociedades deben elevar el nivel de expectativas en lo que respecta a personas con discapacidad y movilizar así todos sus recursos para el cambio social. Esto significa, entre otras cosas, que a los jóvenes con discapacidad se les han de ofrecer oportunidades de carrera y formación profesional y no pensiones de retiro prematuro o asistencia pública.

De las personas con discapacidad se debe esperar que desempeñen en la sociedad y cumplan sus obligaciones como adultos. La imagen de las personas con discapacidad depende de actitudes sociales basadas en factores diferentes, que pueden constituir la mayor barrera a la participación y a la igualdad. Solemos ver la discapacidad por el bastón blanco, las muletas, las ayudas auditivas y las sillas de ruedas, pero no a la persona. Es necesario centrarse sobre la capacidad de las personas con discapacidad y no en sus limitaciones”.

Accionar en ese sentido es posible y vale la pena.

Comentarios

comentarios

Sé el primero en comentar

Deja un comentario