Inhiben bienes de Gatica, por la estafa con terrenos legislativos

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El juez Carlos Mussi, subrogante del Juzgado de Instrucción N° 2 de Viedma, decretó la inhibición general de vender o gravar sus bienes a Alejandro Gatica, secretario general del gremio de los legislativos APEL, y a otros integrantes de la comisión directiva de esa entidad. La medida fue adoptada en la causa que investiga el manejo de dineros públicos correspondientes al Fondo para la Vivienda y el Turismo Social de Empleados Legislativos, creado por resolución del parlamento rionegrino.

La decisión del magistrado alcanza también a Stella Maris Sale, José Zoilo Sáenz Esparza, Gonzalo Javier Angos, Alejandro Ezequiel Leon y Alicia Beatriz Fernández. El juez libró los oficios a los Registros de la Propiedad Automotor y de la Propiedad Inmueble de las provincias de Río Negro y Buenos Aires.

El caso comienza con una denuncia penal sobre que se investigue la admininistración y el destino del Fondo creado por resolución 04/2010 de la Legislatura de Río Negro, que era administrado por Alejandro Gatica como secretario general del gremio de los empleados legislativos, APEL.

Los hechos que se investigan sucedieron entre el 12 de agosto de 2010 y el 13 de marzo de 2014 y las diversas maniobras defraudatorias fueron efectuadas con el dinero correspondiente al Fondo para la Vivienda y el Turismo Social del Personal Legislativo creado por Resolución 04/2010 del Parlamento rionegrino.

En ese momento Alejandro Gatica como secretario general y Stella Maris Sale en su calidad de Secretaria de Finanzas, ambos de APEL, administrando bienes ajenos, «habrían procurado para sí o para un tercero un lucro indebido, violando sus deberes perjudicaron dolosamente los intereses confiados, mediante diversas maniobras defraudatorias», señaló la resolución del juez.

El magistrado planteó: “entiendo que resulta en primer lugar prudente recordar que la naturaleza jurídica de las medidas cautelares apunta a proteger los eventuales resultados del juicio, para que según el actuar de las partes, en el transcurso de la tramitación, se mantenga la posibilidad de cumplimiento de lo que se resolviere”.

Además el juez destacó “que si bien no se encuentra aún determinado el monto del perjuicio al patrimonio del Estado Provincial, de la simple compulsa de las constancias habidas en el expediente hasta el momento, surge que la suma sería millonaria, a estar a los montos recibidos en concepto del referido fondo y al valor de los inmuebles adquiridos y obras realizadas”.

Por último, el magistrado explica: “entiendo que, con los elementos de prueba reunidos hasta el momento, y desconociéndose los bienes que integran el patrimonio de los imputados, corresponde hacer lugar a la medida genérica solicitada por la Fiscalía, ordenando la inhibición general de bienes (…) en tanto dure el presente proceso, sin que ello implique en modo alguno adelantamiento de jurisdicción sobre la cuestión de fondo, estando al respecto al devenir de la investigación”.

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