Los riesgos de juzgar en ausencia

Aleardo Laría.

Una iniciativa respaldada por varios senadores propone una modificación del Código Procesal Penal para permitir que en los procesos en que se hubiera declarado la rebeldía de un imputado se pueda disponer la continuación del proceso en ausencia del rebelde. Según el senador Angel Rozas, “no es una ley exclusiva para tratar el atentado a la AMIA, pero no debemos desconocer que será el disparador de una causa que lleva 20 años sin resolución”. Lo afirmado por el senador confirma que la ley persigue regular un caso particular, lo que no es una buena carta de presentación para normas que tienen que tener siempre un carácter general.

Contemplado el proyecto desde la perspectiva de los principios reguladores del Derecho Penal, ofrece dudas una regulación que elimina una de las garantías básicas del proceso penal, cual es el principio de contradicción. Como ha señalado el Tribunal Constitucional español  “el juicio oral es el momento decisivo en el que con publicidad y plena contradicción se hace efectivo el derecho de defensa debatiendo acerca de la fundamentación de las pretensiones de condena y la fuerza de convicción de las pruebas aportadas por la acusación y la defensa para desvirtuar la presunción de inocencia”. De modo que, como principio general, se considera indispensable la presencia del encausado para que se respete de manera efectiva la garantía del debido proceso.

El argumento más fuerte que se da a favor del juicio en ausencia es evitar que el poder punitivo del Estado quede burlado por la paralización del proceso penal. De esta manera se trataría de neutralizar las maniobras de aquellos acusados que tratan de evadir la acción de la justicia, ya sea por la fuga o por las estrategias dirigidas a evitar la extradición en los casos de residencia en el extranjero. De modo que estaríamos ante un conflicto donde el interés en evitar la impunidad de los delitos llevaría a sacrificar las garantías procesales incuestionadas del juicio penal que señalan que nadie puede ser condenado sin ser oído.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa, en la “Recomendación sobre simplificación de la justicia penal”, acordó recomendar a los estados miembros que consideren la posibilidad de permitir a los órganos judiciales sentenciadores celebrar juicios en ausencia cuando se trate de  infracciones menores  atendiendo a la naturaleza de la pena que pudiera imponerse. Por otro lado se exige que el juicio en ausencia del acusado quede condicionado, entre otros aspectos, a que se haya intentado asegurar su presencia, dándole la oportunidad de comparecer mediante una citación que produzca un conocimiento efectivo y, por tanto, verificando que la ausencia es el resultado de una decisión voluntaria.

En algunos países, como es el caso de España, se ha optado por permitir que el juicio oral se lleve a cabo únicamente en delitos que no son graves, cuando la pena solicitada por el fiscal no exceda de un año de privación de libertad.  El Art. 793.1 párrafo 2.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España dice que “la ausencia injustificada del acusado que hubiera sido citado personalmente o en el domicilio o en la persona a que se refiere el apartado 4 del Art. 789, no será causa de suspensión del juicio oral si el Juez o Tribunal a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora y oída la defensa, estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento cuando la pena solicitada no exceda de un año de privación de libertad o, si fuere de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que la presencia del acusado en el juicio es un derecho básico de éste, pero que no se infringe el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos cuando el acusado, debidamente emplazado, decida libremente renunciar a su presencia en el juicio (STEDH de 23 de noviembre de 1993, caso Poitrimol c. Francia, § 35). Por su parte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado, en relación con los derechos a la tutela judicial efectiva (arts. 47 y 48.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), que el derecho del acusado a comparecer en el juicio constituye un elemento esencial del derecho a un proceso equitativo, pero que el acusado puede renunciar a ese derecho por su libre voluntad, expresa o tácitamente, siempre que la renuncia conste de forma inequívoca, se acompañe de garantías mínimas correspondientes a su gravedad y no se oponga a ningún interés público relevante. (STJUE de 26 de febrero de 2013, C-399/11, asunto Melloni, apartado 49).

De lo expuesto se deduce que existe una fuerte prevención hacia el juicio en ausencia y que en algunos países europeos solo se contempla para los casos de delitos que carecen de gravedad y siempre que se garantice que se han agotado todas las formas de comunicación, de modo que se pueda establecer que la ausencia es el resultado de una decisión voluntaria. Por otro lado puede deducirse de lo anterior que las pruebas en un juicio de estas características debieran tener una contundencia mayor para alejar toda duda razonable sobre la autoría.  

Esas prevenciones la tienen también algunos familiares de víctimas del atentado de la AMIA, que ya han sufrido las consecuencias de un intento deliberado de “esclarecer” la causa asignándoles la responsabilidad a terceros inocentes. En declaraciones recogidas por el diario Clarín la titular de Memoria Activa, Adriana Reisfeld, se ha adelantado a opinar que “es una ley que no va a ayudar al esclarecimiento del atentado” y ha añadido que en este caso “no hay nadie que pueda identificar de manera certera a los responsables del atentado a la AMIA”. Sus declaraciones son una advertencia sobre la naturaleza del juicio en ausencia y los riesgos de  que razones de Estado vengan a ocupar el lugar de la justicia.

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