Paso Córdoba y esa manía de poner el nombre de políticos a lugares públicos

Alicia Miller.

Muchos próceres fueron políticos. Pero ¿todo político es un prócer como para ponerle su nombre a un lugar de uso público?

La reciente aprobación por la Legislatura de Río Negro de un proyecto para imponer el nombre de “Vicegobernador Carlos Gustavo Peralta” al puente Paso Córdoba, en General Roca, divide opiniones y lleva a reflexionar sobre quién, cuándo y cómo se ejerce el poder para asignar denominaciones de políticos o personalidades a lugares de uso público.

El proyecto de la legisladora de Juntos Somos Río Negro en representación del circuito Región Sur, Sandra Recalt, quedó aprobado en primera vuelta el pasado 7 de abril. La sorpresa se hizo notar rápidamente en General Roca, donde muy pocos conocían sobre la iniciativa, que no había sido difundida ni consultada a la población.

El medio que en forma más completa y oportuna reflejó la polémica fue ANRoca.com.ar y así, la cuestión puede reconstruirse en base a sus artículos periodísticos. Una encuesta realizada por ese portal entre sus lectores, arrojó un 74% de los votos en contra del cambio de denominación, contra sólo un 14% a favor y un 11 % que manifestó que el tema le resultaba indiferente.

En su calidad de vecina de la ciudad, Ana María Alonso hizo llegar al vicegobernador Pedro Pesatti su oposición al cambio de nombre. Argumentó para ello con antecedentes históricos sobre las razones por las cuales el puente es conocido como Paso Córdoba en homenaje a Antonio Córdoba, un pionero del lugar que construyó la balsa que unió el valle con la región sur durante décadas. Alonso estudió especialmente el tema y publicó varios artículos sobre el puente y su nombre, durante los 34 años en que se desempeñó a cargo de la Biblioteca Pública del diario “Río Negro”.

También la Comisión de Estudios Históricos de General Roca pidió que la iniciativa se archive y no sea tratada en segunda vuelta.

Otras cuestiones, de tono más político, quedaron expuestas en la ocasión, como la directiva que se habría dado a la legisladora sorista Marta Bizzotto de que se abstenga a hablar sobre el tema en la sesión.

En las redes sociales, son numerosas las opiniones a favor de priorizar la consulta a la comunidad afectada, antes de proceder desde la Legislatura a asignar nombres de políticos a lugares de uso público.

Para acentuar el debate, hasta el gobernador Alberto Weretilneck intercedió en el tema, respaldando el polémico cambio de nombre.

El poder de dar nombres

Es tradicional que una nación recuerde a las personas destacadas bautizando con sus nombres monumentos, calles o parques. Es en homenaje a lo que fueron, a su contribución a hacer mejor una sociedad y, a la vez, como modelo para las nuevas generaciones. José de San Martín y Manuel Belgrano en la Argentina, José Gervasio Artigas en Uruguay, José Carrera y Bernardo O’Higgins en Chile cumplen ese rol de “padres de la Patria” con presencia habitual en las denominaciones urbanas.

Pero, en las últimas décadas, se hizo habitual en la Argentina una tendencia a priorizar los nombres de personas de reciente fallecimiento e incluso de quienes aún estaban vivos, como manera de oponer una relación más presente con la vivencia cotidiana.

Claro que esta costumbre tiene un riesgo: el tiempo actúa como filtro natural de la memoria y permite ver con más claridad la verdadera herencia que ha dejado una personalidad en la vida de una sociedad. En cambio, la cercanía exacerba la controversia, salvo en los pocos casos en que se impone el consenso. Ejemplo de ello es que en muchas ciudades del país se dio el nombre del médico René Favaloro a calles y plazas.

La controversia suele ser mayor cuando se trata de nombres de políticos, asignados por organismos políticos. Suena a auto-homenaje de la clase política a sus propios miembros, a abuso de autoridad, a autoelogio.

A diez años de la muerte de Néstor Kirchner, más de 160 calles, edificios, rutas y paseos llevan su nombre, la mayoría de ellos asignados por sus propios partidarios o incluso por su viuda, la expresidenta Cristina Fernández.

En Río Negro, la trágica muerte de Carlos Soria tras ejercer la gobernación sólo 21 días también disparó el hábito de asignar su nombre a edificios, rutas y lugares.

La polémica por el proyecto referido al puente Paso Córdoba llevó a plantear la necesidad de que se reglamente la facultad de asignar o cambiar nombres a lugares de uso público, para restarle discrecionalidad a decisiones que afectan al conjunto de una sociedad.

Hay varios antecedentes valiosos en materia de regulaciones. Algunos toman el paso del tiempo, otros imponen criterios objetivos mientras que en otros casos se privilegia la evaluación académica o popular.

El municipio de Vallarta, en México, cuenta con un reglamento en tal sentido que privilegia la iniciativa de los ciudadanos para que se asignen nombres a sitios que no posean ninguno y que sólo estén denominados con números o letras. Para el caso de que alguien proponga cambiar la denominación de un sitio o paseo, impone consultas, chequeo de antecedentes y la intervención de un consejo técnico. También en Bolivia, Ecuador y varios países de Europa hay reglamentos sobre el particular.

Esa tendencia llevó a la diputada Laura Alonso a proponer la regulación en el país. A través de un proyecto propuso crear una comisión bicameral de ocho senadores y ocho diputados e incentivar la participación ciudadana a través de la realización de una Audiencia Pública, donde los interesados puedan participar aportando sugerencias e impugnaciones.
El proyecto aclara que no puedan utilizarse para las denominaciones “personas vivas o fallecidas dentro de los 10 años anteriores a la sanción de esta ley; personas que se hubiesen desempeñado en cargos públicos de cualquier tipo durante los gobiernos de facto; lo que conlleve connotaciones político partidarias; lo que sea contrario a los valores democráticos, a la paz y la concordia social, o que signifiquen una reivindicación de hechos violentos o una ofensa a cualquier persona o grupo de personas”.

Según la diputada, el objetivo de este proyecto es “acabar con las prácticas antidemocráticas como el culto a la personalidad, la acción pública guiada por la idolatría política, la confusión permanente entre Estado, partido y líder, la promoción sistemática de los funcionarios públicos a través de la abundante publicidad oficial y el uso impúdico de los bienes y recursos públicos con fines partidarios y electoralistas”.

Resulta propicio utilizar esta controversia generada en Río Negro para evaluar en profundidad cómo asignar nombres a espacios de uso público, a fin de lograr mejorar la convivencia ciudadana y reducir el margen de discrecionalidad de la dirigencia política, con el objetivo de mejorar la calidad de la democracia.

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