Aguiar, el bidón de Capretti y la saturación social por la “ATE-manía”

Alicia Miller.

En química, se denomina saturación al punto en que una sustancia ya no puede disolverse más en otra. Todo intento por sumar más de ese elemento terminará precipitándolo hacia el fondo. Ese punto de saturación depende de la temperatura y de la condición de cada componente.

Es frecuente que, en otro plano, una sociedad dé muestras de avanzar hacia la saturación de determinadas prácticas, que en otros tiempos hayan sido toleradas o incluso valoradas positivamente por amplias mayorías.

Esa pareció ser la reacción social que provocó esta semana la desmedida violencia aplicada frente a la Legislatura provincial en Viedma por el grupo de activistas que responden al secretario general de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar, en ocasión de que ese cuerpo analizaba el proyecto conocido como Plan Castello, finalmente aprobado por una holgada mayoría especial: 35 votos de los 46 legisladores.

Más allá de las consideraciones sobre la iniciativa, la conducta promovida y concretada por Aguiar merece un análisis particular.

Dos días antes, el juez Federal de General Roca, Hugo Greca, le había impuesto ciertas normas de conducta al concederle la excarcelación en una de las tantas causas que se siguen contra el sindicalista por coacción agravada, daños y atentado contra la autoridad: le exigió no cortar rutas, no entorpecer el funcionamiento de servicios públicos ni salir del país. Lo hizo luego de que Aguiar estuviera prófugo casi dos semanas por negarse a prestar declaración indagatoria frente al magistrado. Ahí nomás, al salir del edificio judicial, rodeado de un par de decenas de activistas que quemaban gomas y estallaban bombas de estruendo, anunció que al día siguiente cortaría la ruta 22 junto al puente de Neuquén. Y cumplió, claro.

El miércoles, en Viedma, la conducta de Aguiar no tuvo nada de ejercicio legítimo del derecho a peticionar a las autoridades. Arremetieron contra todo y usaron los palos de los carteles o de los instrumentos de percusión para golpear a los policías que custodiaban la Legislatura. Además, ese día hubo un paro de actividades y piquetes de ATE bloquearon los tres accesos a Viedma por la ruta 3 hacia un lado y los dos puentes carreteros hacia el otro.

En el video que acompaña esta nota se observa al secretario adjunto de ATE, Aldo Capretti, con un bidón de combustible, quemando cubiertas apoyadas frente a la pared de la Legislatura. Muchos testigos presentes –entre ellos varios periodistas- señalan que también roció con el líquido inflamable a varios policías.

El resultado: ocho policías heridos –uno de gravedad- y al menos dos mujeres de ATE con lesiones, además de unos cuantos resentidos por el efecto de los gases lacrimógenos.

La Justicia de Viedma imputó a Capretti, a Aguiar y a otras personas por los daños, y el adjunto ya está detenido en la capital provincial.

Para el gobernador Alberto Weretilneck y el vice Pedro Pesatti, lo sucedido frente a la Legislatura fue una “barbarie injustificada” ante una ley “que no representa la más mínima afectación de las cuestiones laborales de los trabajadores rionegrinos a quien este minúsculo grupo de violentos dice representar”.

En las redes sociales, hasta afiliados a ATE manifestaron oposición y vergüenza por lo que hicieron los activistas, que hasta pintaron un grafitti sobre una bandera argentina que adornaba el edificio legislativo con motivo de la fecha patria del 25 de Mayo.

El gremio, como es habitual, eligió victimizarse y habló de “represión pensada” y reprochó que frente a la Legislatura se hubieran instalado vallas y “multitud de policías”.

“La única forma de imponer una deuda de tal magnitud es con la violencia. Con palos, balas y gases lacrimógenos, el Gobierno hipotecó el futuro de los rionegrinos. No lo podría haber hecho si llamaba a una Consulta Popular. Los rionegrinos están en contra del Plan Castello”, se afirmó en el sitio del gremio. “Me quieren meter preso”, agregó Aguiar desde las redes.

Un gobierno tiene la obligación de preservar el funcionamiento de las instituciones. Y la sesión de la Legislatura había sido legalmente convocada y ninguno de los legisladores –ni siquiera quienes se opusieron a la ley- invocaron que fuera ilegítima, nula o cuestionable de ningún modo.

Nadie más que ATE ha señalado que el accionar de la policía haya sido la causa de lo que sucedió.

Las vallas se han impuesto en los últimos tiempos como respuesta estatal, y a medida que crecía la violencia de las manifestaciones sindicales. Pero tienen “puertas”, por las cuales toda persona que quiso ingresar a la Legislatura en actitud pacífica pudo hacerlo. De hecho, las bandejas del público estuvieron ocupadas durante la sesión del miércoles.

Si no hubieran estado, ATE ¿hubiera ingresado a la Legislatura, hubiera quemado cubiertas adentro del hall, hubiera llegado hasta el recinto y golpeando a los diputados en lugar de a los policías? No hay respuesta posible para esa pregunta.

¿ATE pudo reclamar de otro modo? Sin duda que hay muchas otras maneras. Gran cantidad de personas y organizaciones expresaron su oposición al Plan Castelo pero ATE fue el único en golpear, pegar y avasallar.

El secretario general de ATE no llega a este tipo de conductas por necesidad del contexto histórico. No hay en la provincia una situación que deje como único camino de expresión política o sindical la violencia.

Aguiar se erige como desafiante de las instituciones del Estado. Busca ser reprimido, detenido por la policía, perseguido por la Justicia… llevar las cosas hasta extremos para provocar reacciones también inusuales.

Resulta difícil concluir si lo hace por patología, como método de incrementar la cantidad de afiliados de su gremio o como trampolín para una posición de importancia nacional.

Pero resulta evidente que Aguiar está siendo ya un problema para el Estado, para ATE y hasta para sí mismo.

Y también se hace notorio que la sociedad rionegrina está llegando a un nivel de saturación respecto de la “ATEmanía” de agredir, cortar calles, quemar cubiertas, dañar organismos públicos, entorpecer el funcionamiento de instituciones y… hasta tomar pozos petroleros!

Como resultado de eso, los jueces parecen haberse convencido de que tendrán el respaldo social suficiente si se resuelven a aplicar a los dirigentes de ATE las mismas leyes que rigen para todo el resto de los ciudadanos.

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