Algo huele mal en Dinamarca

Aleardo Laría.

La convocatoria de acreedores de la empresa Correo Argentino SA no deja de deparar sorpresas. Un nuevo dictamen de la fiscal Gabriela Boquin  pone al descubierto un cúmulo de irregularidades que pueblan un proceso concursal que lleva la friolera de casi 17 años de tramitación. Lo notable es la facilidad con la que los jueces retuercen los textos legales para hacer exactamente lo contrario de lo que marca la ley. Como en el drama de Shakespeare, algo huele mal en Dinamarca.

            Cuando en el pasado mes de febrero el caso Correo Argentino SA tomó estado público, luego del primer dictamen de la fiscal Boquin, muchas especulaciones se hicieron acerca de los motivos por los que un procedimiento concursal pudiera llevar tanto tiempo sin resolverse. Los partidarios de las tesis conspirativas, tan frecuentes en Argentina, no dudaron en atribuir las demoras a la complicidad o negligencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, la lectura del nuevo dictamen de la fiscal Boquin coloca la pistola humeante en otras manos.

            Las reglas que regulan los procedimientos judiciales son de orden público y los jueces están obligados a someterse a las pautas y procedimientos que fija la ley. Una de las instituciones procesales más importantes es la preclusión, que consiste en la regla que señala que cuando una etapa del procedimiento se ha cumplido ya no es posible volver atrás. De este modo se garantiza que una vez acabada una fase la actividad procesal deba continuar con la siguiente establecida por la ley. Es una garantía que permite que los procesos avancen de modo paulatino hasta su culminación en una sentencia.

            La Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) fija una serie de etapas que sucintamente son las siguientes: luego de la presentación en concurso de una empresa acuden los acreedores a verificar y graduar sus créditos. Una vez que se han establecido las categorías de los acreedores y los importes de los créditos se inicia lo que la ley denomina “período de exclusividad”, una etapa breve, de 90 días –que puede ser ampliada en otros 30 días- ,  dirigida a buscar un acuerdo de pago que puede culminar en una quita, una espera o ambas cosas. Si no se alcanzan las mayorías establecidas en la ley para aprobar la propuesta de pago formulada por la empresa en cada una de las categorías de acreedores se abre una nueva fase denominada “período de salvataje” o “cramdown”. El objetivo es explorar la posibilidad de que un tercero quiera hacerse cargo de la continuidad de la empresa, abonando o acordando con los acreedores la forma de pago, evitando así el cierre de una fuente de trabajo. Para ello los interesados deben inscribirse en un plazo de cinco días y si no aparecen interesados se debe declarar, sin más trámites, la quiebra de la concursada.

            En el caso del Correo Argentino SA no se alcanzó un acuerdo con el Estado en el período de exclusividad y la jueza de primera instancia, en abril del 2007,  dispuso abrir el período de salvataje de cinco días para la inscripción de eventuales interesados en continuar con la actividad de la empresa. Debe señalarse aquí que la posibilidad de que se presente un tercero a hacerse cargo de una empresa que está en inactividad y que perdió la concesión que era el objetivo social, es muy remota. La quiebra de una sociedad controlada por otras, como es el caso, conlleva también la quiebra de las controlantes Sideco y Socma según lo dispone el artículo 161 de la LCQ. De allí que esa resolución de mero trámite fuera recurrida por la empresa para impedir que se declarara la quiebra y hace cuatro años que el expediente está “planchado” en la Cámara  Comercial a la espera de una resolución.

De modo insólito, la Cámara Comercial –que solo tiene competencias para aprobar o rechazar las resoluciones del juez de primera instancia- habilitó el año pasado una negociación especial entre la concursada y el Estado. Allí se alcanzó  el famoso acuerdo que impugnó la fiscal Boquin y que el Estado se retractó cuando estalló el escándalo y el presidente Macri anunció que el asunto “volvía a fojas cero”. Como el sistema de preclusión impide ningún retroceso, era un dislate jurídico que la Cámara se hubiera tomado la atribución de reabrir el período de exclusividad cuando estaba precluido y además lo hubiera hecho sustituyendo facultades que son propias del juez de primera instancia.

Pero no es esta la única irregularidad de este procedimiento singular, donde la empresa presento 14 incidentes apelando ante la Cámara Comercial a lo largo del proceso con el indudable objetivo de retrasarlo e ir licuando la deuda por obra de la inflación. Ahora, en el nuevo dictamen de la fiscal Boquin salen a relucir nuevas anomalías. Debido a que la empresa Correo Argentino tiene una serie de plazos fijos que rinden intereses, esos recursos se han venido utilizando a lo largo de estos años para abonarles honorarios a cinco directores de la propia empresa –que son también directivos de la controlante Sideco- a pesar de que está inactiva. Por este concepto en el año 2012 los directores del Correo Argentino SA recibieron pagos por 947.142 pesos. Como mera anécdota, se registra también la autorización de pago de 30.000 pesos para gastos de la “fiesta de fin de año” para despedir el 2012. A la empresa controlante  Sideco Americana SA se le abonaron 308.678 pesos sin causa alguna y se le alquilan unas oficinas por las que se abonan 18.000 dólares mensuales, cuando una oficina equivalente se podría conseguir por la décima parte del valor abonado.

La tenencia de  un plazo fijo de 14 millones de dólares y otras colocaciones en el Banco Ciudad de 52 millones de pesos, dejan al descubierto la falacia argumental del ministro Oscar Aguad cuando afirmaba que “era mejor cobrar algo que nada”. Al ser el Estado un acreedor privilegiado, en caso de declararse la quiebra, esos fondos quedarían en poder del Estado, sin perjuicio de lo que se podría obtener como consecuencia de la quiebra de las sociedades controlantes. Es decir que el interés del Estado consiste claramente en obtener la declaración de quiebra cuanto antes, dado que se trata de una empresa sin actividad y sin personal, mientras que el interés del Grupo Macri es conseguir que el proceso se eternice para no asumir las consecuencias legales de la quiebra.  

Otra operación curiosa que describe el nuevo informe de la fiscal Boquin consiste en la aparente autorización concedida a Correo Argentino SA para que adquiera de Socma Americana SA –su sociedad controlante- el 25 % de las acciones de la empresa uruguaya Neficor SA que está asociada con la china Wuhu Bondy Ltd para supuestamente fabricar el modelo de auto “Tiggo”. Por esa compra, que se realizó el 28 de septiembre de 2007, Correo Argentino SA pagó 2.100.000 dólares, sin que hasta la fecha se haya obtenido dividendo alguno por un emprendimiento que no ha tenido resultados claros. Es insólito y no se registran antecedentes jurisprudenciales que una empresa en convocatoria de acreedores lleve a cabo inversiones de riesgo.

Todo este conjunto de irregularidades, consentidas por la jueza del concurso con la negligente complicidad de la Cámara Comercial, han llevado a la fiscal Boquin a asegurar que se ha venido produciendo el vaciamiento patrimonial de Correo Argentino SA con la complacencia de las sindicaturas actuantes y la venia de la jueza de primera instancia. Las personas más suspicaces, conocedoras de las metodologías que se utilizan habitualmente para engrasar los oxidados engranajes de la Justicia argentina, seguramente no pensarán que este cúmulo de errores es fruto de la casualidad.

En este contexto se produce el cese de Carlos Balbín,  Procurador General del Tesoro y su sustitución por Bernardo Saravia Frías, un abogado que registra entre sus antecedentes profesionales haber sido asesor de las empresas del Grupo Macri. Según informaciones de sus allegados, Carlos Balbín, un profesional honrado,  había iniciado una auditoria de todo el expediente judicial del concurso del Correo Argentino; había formado sumarios contra todos los funcionarios que tuvieron alguna participación en el proceso judicial  y preparaba unos informes que no eran del agrado de la Casa Rosada. Entre tanto, en otro procedimiento, sigue actuando el Fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, quien ha pedido a la justicia federal que se establezcan la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en el acuerdo del Correo.

El caso del Correo Argentino SA se ha convertido en un ejemplo paradigmático del grado de corrupción que impera en vastos sectores de la judicatura argentina. En estos procedimientos complejos, donde intervienen jueces, contadores, abogados y ejecutivos, los procedimientos se eternizan porque todos obtienen alguna forma de retribución, ya sea por encima o por debajo del mostrador. Lo que permite apreciar que la corrupción no es un fenómeno limitado a las adjudicaciones de la obra pública sino que permea en amplios sectores de la sociedad argentina.

Las sociedades que consiguen progresar son aquellas donde los códigos éticos que reglamentan el comportamiento de las sociedades se han incorporado a los hábitos de vida cotidiana. En las sociedades donde predominan los comportamientos patrimonialistas de las corporaciones, que permiten obtener beneficios por fuera de las prácticas autorizadas por la ley, no existe modo de establecer la confianza que es el cemento de la sociedad. En el caso de profesionales de nivel terciario, como abogados y jueces, se da por descontado un mayor grado de autonomía basado en la confianza en el cumplimiento de las normas deontológicas de cada actividad. Cuando estas normas no se han interiorizado, estamos ante señales claras de una grave disfunción social.

Todas las sociedades tratan de restringir el egoísmo de la naturaleza humana mediante la incorporación de normas morales por obra de la educación.  Se pretende que los individuos sigan las reglas morales por la simple habituación, pero al mismo tiempo se diseñan instituciones para reprender los comportamientos que infringen la ley. Por otra parte, los gobiernos tienen una enorme responsabilidad en predicar con el ejemplo para incentivar  los comportamientos éticos adecuados. Lamentablemente, como lo evidencia el caso del Correo Argentino, en nuestro país existe una enorme dificultad cultural en interiorizar lo que Nietzsche llamó el “el lenguaje del bien y del mal de los pueblos” que es lo que verdaderamente cuenta a la hora de trazar el progreso de las sociedades.

 

Leer informe completo de la fiscal Boquin:

Nuevo dictamen de la fiscal Boquin

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