Aleardo Laría.
La visita del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) de las Naciones Unidas ha servido para recordar el penoso estado de los derechos humanos en las prisiones argentinas. No solo por el deplorable estado de las infraestructuras carcelarias, sino por la extremada ineficiencia del aparato judicial, que se muestra incapaz de juzgar en un plazo razonable a los procesados por infracciones al Código Penal. Esta situación se ha hecho crónica como consecuencia de un conjunto de factores inerciales de larga data, pero la responsabilidad política debe asignarse a los sucesivos gobiernos que muestran una extrema insensibilidad frente a este problema.
El Grupo de Trabajo de la ONU, que a lo largo de diez días visitaron 19 cárceles, comisarías y centros de detención, presentó un duro informe sobre la Argentina en el que solicita al gobierno de Mauricio Macri que “implemente en su totalidad las opiniones que vertió” sobre el país en ocasión de otra visita realizada en el año 2003. Transcurrieron 15 años desde esa visita, pero, señalaron, “lamentablemente, hay observaciones que realizamos entonces que permanecen sin modificaciones”.
Los expertos realizaron un detallado cuestionamiento referido a la aplicación de la prisión preventiva, el carácter discriminatorio del sistema de justicia penal, las amplias facultades de la Policía para detener o “demorar” personas y la detención de chicos y chicas menores de 16 años. En relación con la prisión preventiva denunciaron la tendencia del Poder Judicial a “otorgar la mayor parte de las solicitudes de prisión preventiva” que arroja como resultado que “el 60 por ciento de los detenidos son preventivos” a pesar de que por ley la prisión preventiva es de “carácter excepcional”.
Son varios los factores que confluyen para que la prisión preventiva sea la regla en vez de la excepción. En primer lugar, la persistencia de un sistema procesal anacrónico que no se actualiza y permanece inmutable frente a las innovaciones necesarias para agilizar los procesos. En segundo lugar una burocracia judicial que se refugia en el latiguillo de “la falta de medios materiales y humanos” pero que acepta con indiferencia el sufrimiento que genera por su proverbial indolencia. Finalmente, la responsabilidad de los gobiernos por la falta de inversión presupuestaria para conseguir los recursos materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de los fines últimos de la Constitución.
Es inevitable contrastar nuestra situación con la forma en que el mismo problema ha sido resuelto en otros países para demostrar que no existe ninguna exageración al afirmar que se pueden reformar los procedimientos y hacer las inversiones necesarias para obtener resultados sorprendentes. En España se han implementado los “juicios rápidos”, un procedimiento especial para enjuiciar los delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años. De esta manera entran dentro de esta categoría delitos como lesiones, coacciones, amenazas, robo, hurto, daños, venta de estupefacientes, delitos contra la seguridad en el tráfico, etc. En general se trata de delitos cuya instrucción o investigación se presume sencilla. La Policía Judicial fija de manera coordinada con el Juzgado Instructor el día y la hora de celebración del juicio rápido. De modo que con estos aceitados mecanismos, aunque sorprenda, de manera habitual los juicios se celebran al día siguiente de cometido el hecho.
El gobierno del presidente Mauricio Macri ha sido tildado de demasiado insensible al tema de los derechos humanos, una acusación que tomó fuerza después del cuestionado fallo de la Corte sobre la extensión del “2 x 1” a los detenidos por delitos de lesa humanidad. En este terreno, tiene un amplio espacio para demostrar que es posible conciliar la sensibilidad política por los derechos humanos con la gestión pública eficaz. Construyendo cárceles, reformando los procedimientos, exigiendo eficacia a los jueces, podría obtener resultados espectaculares. Solo necesita proponérselo.
