Roca: Municipio tendrá que indemnizar por arbitrariedad de inspectores de tránsito

Confluencia Digital

La Cámara Civil de Roca condenó al Municipio de General Roca a pagar $160.000 más intereses a un policía de La Pampa que fue abusivamente detenido y sometido durante varios años a un larguísimo proceso por una infracción que no había cometido.

El tema viene de lejos, lo que vuelve a poner en cuestión qué sentido tiene que la Justicia llegue a una decisión sobre un hecho mucho tiempo después de que éste sucedió. Sobre todo, cuando la sentencia busca mitigar un daño moral que el demandante padeció hace siete años.

El 1 de abril de 2010, policía de La Pampa que trabajaba en Casa de Piedra, viajó a Roca a cobrar su sueldo en el cajero automático del Banco de La Pampa. Era de madrugada, y el móvil policial se descompuso quedando mal estacionado aunque sin interrumpir el tránsito. El hombre fue a comer algo y, cuando volvió, un inspector de tránsito municipal -con el apoyo de dos policías- lo sometió a un test de alcoholemia.

El policía cuestionó dos cosas: que no estaba conduciendo ni podía hacerlo, porque el auto no funcionaba, y que por ser diabético el test habitual podía dar falsos positivos, por lo cual pidió que se le extrajera sangre para hacer un dosaje de alcohol más fidedigno. En lugar de acceder a sus quejas, por orden del inspector de tránsito, los policías lo llevaron detenido.

Allí comenzó un expediente ante el Juzgado de Faltas por «conducir con las facultades alteradas por estado de ebriedad», aún cuando no había estado al volante y el análisis resultaba cuestionable, por lo cual el Acta de Infracción resultaba falsa. El proceso administrativo, que duró años, le ocasionó consecuencias serias por su condición de policía, gastos y viajes por vivir en otra provincia, además de una natural angustia personal y afectación física y psicológica.

El policía, de apellido Cabral, demandó al municipio por daño moral y recién en octubre de 2016 -más de seis años después de sucedido el incidente- logró que la jueza Verónica Hernández fallara a su favor, condenando a la Municipalidad de General Roca a pagarle $160.000 como indemnización por daño moral.

Tanto Cabral como el Municipio apelaron ante la Cámara, pero la representación legal de la comuna presentó los agravios fuera de término, por lo cual su recurso no fue considerado.

A la apelación de Cabral, patrocinado por los abogados roquenses Eduardo Saint Martín, Lautaro Vettullo y Jorge Audisio, la Cámara hizo lugar parcialmente. No tuvo en cuenta su petición de incrementar el monto del daño moral, pero sí consideró necesario aplicar un 8% de interés desde que sucedió el hecho -en 2010- hasta la fecha de la sentencia -en 2016-. Lo hizo en aplicación del criterio «de reconocer la tasa pura desde la generación del daño hasta la fecha en que se valora la indemnización y, desde ésta hasta el efectivo pago, la tasa que cubre no sólo la renta que se presume que se ve privado el acreedor como consecuencia de la mora (tasa pura), sino también el plus que compensa el envilecimiento o pérdida del poder adquisitivo de la moneda como consecuencia del proceso inflacionario y que en la actualidad sería la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de libre destino».

«No me cabe la menor duda de la existencia de un comportamiento absolutamente irregular del funcionario municipal e incluso también de la policía, cuando a quien no estaba conduciendo y ni siquiera se encontraba pronto a hacerlo, le realizan un test de alcoholemia previsto para el que conduce, pese a habérseles informado además de la circunstancia de estar detenido el vehículo por desperfectos mecánicos y a la espera de su reparación en la mañana siguiente. Ni hablar de la detención», afirmó el camarista Gustavo Martínez en el primer voto, al que adhirió su par Víctor Soto.

Martínez creyó «muy probable» que el ensañamiento del inspector y los policías con Cabral «haya obedecido a motivaciones nada justificables, conociendo los prejuicios y revanchismos que existen entre las fuerzas de seguridad de provincias vecinas y en tal sentido concuerdo en que las autoridades al no haber puesto inmediata solución de continuidad al atropello y hacer efectivas las responsabilidades del caso, agravaron el ilícito y sus consecuencias. Podían haber mitigado el daño, siendo una actitud noble pedir disculpas y aclarar la situación frente a la opinión pública, pero no se hizo». 

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