Ruta 22: el Municipio de Roca y sus vecinos deberán ser escuchados en audiencia pública

Alicia Miller.

Una importante victoria judicial logró el municipio de General Roca en el amparo planteado contra el avance inconsulto de la ampliación de la ruta Nacional N°22 y las “murallas” que prevé en su paso por la ciudad. El juez Federal Hugo Greca hizo lugar a la demanda y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad cumplir con el requisito de dar participación ciudadana en audiencia pública y asegurar la intervención municipal en el procedimiento ambiental previsto por la ley.

En cambio, no compartió que el municipio deba ser quien autorice la obra -como pretendía la comuna indicando que no había delegado tal facultad- sino que consagró al Estado Provincial a través de su secretaría de Ambiente como el órgano de aplicación de la ley 3266 y quien deberá convocar a la audiencia pública y emitir la Resolución Ambiental definitiva. Pero negó validez a una supuesta Resolución Ambiental provincial de fecha 2006, precisamente porque no incluyó la participación ciudadana ni la intervención municipal.

La resolución del juez Greca descartó uno por uno todos los argumentos esgrimidos por la Dirección Nacional de Vialidad. “Queda manifiestamente demostrado que DNV no tiene cumplidos los mecanismos de participación ciudadana ni ha dado intervención al municipio de General Roca en la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) en los términos de la LGA (Ley General del Ambiente) y de la ley local 3266, en orden a obtener la RA (Resolución Ambiental) necesaria para emprender la ampliación de la ruta 22 en el tramo del ejido roquense”, señaló el magistrado.

Por ello, ordenó que se garantice esa participación ciudadana y la necesaria intervención municipal “ya sea en el marco de la primigenia traza (como autovía) o en la nueva proyectada como autopista, con los requisitos establecidos en el art. 7° relativo a la participación ciudadana y a la intervención municipal en el procedimiento de evaluación ambiental previsto en el art. 8° in fine de la ley 3266, todo en orden a obtener la RA (resolución ambiental) de modo previo a iniciar las actividades de obra correspondientes a la ampliación de la ruta nacional 22 en el tramo del ejido del municipio roquense”, indicó.

La resolución fue adoptada en el trámite de amparo presentado en 2016 por el Municipio de General Roca -a iniciativa del intendente Martín Soria- acompañado por unas 20.000 firmas de vecinos de la ciudad. En la presentación se hacían dos pedidos para que se ordene a Vialidad Nacional “1)… convocar en la ciudad de General Roca la correspondiente Audiencia Pública en el marco de las leyes 25675 y 3266, es decir, llevando a cabo la misma a las condiciones, formas y efectos previstos en las referidas normas ambientales; y 2) … cumpla con el mecanismo de Evaluación de Impacto ambiental allí previsto –declaración jurada ambiental; recabe autorización municipal y obtenga resolución ambiental favorable”.

El juez Greca hizo lugar al primer punto en forma completa, reconociendo al municipio legitimación activa para actuar en representación de los vecinos en un amparo colectivo. En cuanto al segundo punto, hizo lugar pero puso en manos del Estado provincial aprobar la EIA, expedir la Resolución Ambiental y dar la autorización para la obra. En la causa, el Juzgado ya había dictado una medida cautelar ordenando a Vialidad paralizar las obras en el ejido de Roca hasta tanto se emitiera la resolución definitiva, lo que ahora sucedió.

Al descartar los argumentos de Vialidad, el juez rechazó la posibilidad de analizar si el nuevo proyecto -de autopista en lugar de autovía- cumple con lo pedido por Roca, porque indicó que tampoco en este caso se convocó a audiencia pública, no se cumplió con dar intervención al municipio ni se gestionó la Resolución Ambiental provincial.

En todo momento, el juez consideró de aplicación a la ley de Ambiente de Río Negro, la 3266, como norma que implementa en la provincia los requisitos mínimos previstos por la ley General del Ambiente nacional, la N° 25675. 

El acta de intendentes del año 2005

Negó también el juez Greca que el acta firmada por intendentes del Alto Valle en mayo de 2005 -incluido el exintendente de Roca Carlos Soria- pueda sustituir a la participación ciudadana. Aclaró que, como señala el propio reglamento de audiencias públicas de Vialidad Nacional, éstas tienen como objeto “confrontar en forma transparente y pública las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones relativas al proyecto, las que una vez merituadas y debidamente consideradas contribuirán a mejorar la calidad de la decisión a adoptar”.

“Ahora bien, el modo en que esa audiencia pública deberá ser ejecutada es materia exclusiva de quien resulta ser la autoridad de aplicación de la resolución ambiental para la consideración de esta ampliación de la ruta 22, es decir la Provincia de Río Negro, extremo no negado por la actora y que se deduce patentemente de los arts. 8, 28 de la ley 3266, y decreto provincial 656/04”, agregó Greca.

No a la supuesta Resolución Ambiental de 2006

El magistrado señaló que el art. 2° in fine del acta de los intendentes de 2005 “deja claro que el proyecto ejecutivo “deberá contemplar la normativa vigente que garantice las evaluaciones de impacto ambiental”.

Además, restó validez a la resolución 236/06 del Codema (Consejo de Medio Ambiente de Río Negro) presentada por Vialidad, indicando que la supuesta autorización “no dedica un solo vocablo a la participación municipal, ni siquiera a la mención del acta compromiso”.

Por ello, el juez concedió el reclamo del municipio de General Roca, ordenó convocar a una audiencia pública y completar el trámite de autorización ambiental para la obra e impuso las costas del proceso a Vialidad Nacional.

La sentencia completa, sentencia amparo federal.

 

 

 

 

 

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