Sueldos policiales aumentaron en negro para algunas categorías. Denuncian discriminación y perjuicio a retirados

Alicia Miller.

Los aumentos salariales a policías otorgados para este año por el gobierno de Alberto Weretilneck violan la ley Policial y perjudican a unos 700 retirados y familiares de agentes fallecidos en cumplimiento de su deber. Así lo afirma la denuncia que varios oficiales de la Policía de Río Negro en situación de retiro presentaron ante el fiscal de Investigaciones Administrativas de la provincia.

La presentación fue realizada por el comisario mayor Jorge Otiñano, el comisario inspector Pedro Simón y el comisario Ramón Albornoz, todos ellos en situación de retiro, quienes señalaron que el aumento de cifras “en negro” resulta discriminatorio y perjudicial, además de violatorio de “principios básicos y derechos establecidos como elementales en nuestra Carta Magna, tales como el principio de igualdad ante la Ley y la garantía de una movilidad jubilatoria”

Refieren así a que las jerarquías más bajas, de Agente a Sargento en los Suboficiales y de Oficial Ayudante a Oficial Principal en los Oficiales, perciben el incremento como “suma no remunerativa ni bonificable”. En tanto, para las jerarquías de Sargento Primero a Suboficial Mayor y de Subcomisario a Comisario General, la suma asignada tiene carácter “remunerativo, pero no bonificable”, es decir que produce descuentos previsionales, pero no impacta en otros rubros del sueldo que terminarían aumentando el resultado final.

Violación a la ley de la Policía

Los denunciantes señalaron que “la Ley nº 679, del Personal Policial, es clara al establecer un mecanismo práctico y sencillo para aplicar incrementos en los sueldos policiales: Dice que la única manera es incrementando el valor del punto policial. Además deja fijado que TODO INCREMENTO aplicado al sector policial con carácter de “permanente” debe tener carácter general, o sea es aplicable por extensión al sector pasivo, esto es retirados y pensionados en su totalidad sin discriminación de jerarquías ni cargos. Por ende el incremento así aplicado y a ojos vista, está contraviniendo el espíritu y la letra de la norma de aplicación en uno de sus aspectos más básicos”.

El perjuicio

En cuanto al perjuicio que genera el pago de sumas en negro -no remunerativas- indicaron que genera una pérdida irreversible en los haberes de los retirados ya que el haber jubilatorio se obtiene de “todos aquellos aportes patronales y personales que la persona genera a lo largo de sus años de servicio”. Añadieron que lo más grave es que “al pagar sumas en negro a las jerarquías más bajas, significa que los agentes en situación pasiva de retiro o pensión que revistan en esas jerarquías no percibirán ningún beneficio porque el porcentaje de aumento será cero por ciento, y el año próximo, como seguramente se repetirá la discusión en los mismos términos o parecidos, durante todo el año que viene tampoco recibirán nada. Lo dramático de esta situación, es que ese tramo del sector, corresponde a aquellos que por distintos motivos tuvieron que abandonar su carrera sin completarla (razones de salud, accidentes, lesiones o hechos motivados en servicio, incluso la muerte), y en este contexto no percibirán incremento alguno, y más grave aún porque ese tramo es justamente el que percibe haberes más bajos de todo el sector”.

Entre los perjudicados con mayor vulnerabilidad mencionaron “a los hijos menores de edad de quienes fueron víctimas de hechos luctuosos en los que sus padres murieron y hoy en día nadie puede defender: Citamos entre ellos a los hijos de Lucas Muñoz, oficial asesinado en San Carlos de Bariloche el año pasado; a los hijos de Yanina Di Julis, suboficial asesinada en la puerta de un colegio de Viedma; a los padres del Cabo Cornejo, muerto en un asalto en El Bolsón por delincuentes que vestían uniformes policiales; o los derecho-habientes de Natalia Sifuentes, muerta por un delincuente en General Roca; a los derecho habientes del Sargento Guillermo Oses, asesinado bestialmente en Bariloche, o el Sargento Avilés herido en acto de servicio y condenado a vivir el resto de sus existencia en una silla de ruedas y otros tantos hombres y mujeres, con enfermedades propias de su edad que ya ni pueden ni tienen fuerzas para reclamar lo que por justicia les corresponde”.

“A ellos -afirmaron- el Gobierno de la Provincia de Río Negro hoy no solo les ha faltado el respeto; los ha condenado a la ignominia de discriminarlos y hacerles sentir el desprecio de violar sus más elementales derechos humanos y aquellos que les son propios porque así lo determina nuestra Constitución Nacional, como el de igualdad ante la Ley, de movilidad jubilatoria, y de igual remuneración por igual tarea”.

Otros perjuicios

Indicaron además que el pago de sumas no remunerativas “repercute en los montos que deben percibir las obras sociales, mutuales, y centros o entidades representativas de los mismos, provocando desfinanciación y descalabros contables”.

Lo paradójico es que también el Estado se perjudica, y esa fue la razón por la cual denunciaron el caso ante el fiscal de Investigaciones Administrativas. Esto sucede porque los pagos de Policía Adicional se calculan sobre el valor del “punto policial”, que no ha tenido aumento. Esto impide que los policías que realizan adicionales vean incrementado el monto que perciben por ellos pero también “al Estado de percibir el porcentual de incremento al valor del 12,5% de dichos servicios, como el porcentual equivalente por tasas a Empresas prestadoras de servicios de seguridad privadas”, que también se calculan teniendo como base el “punto policial”. 

Pagaron primero, hicieron el decreto después

Los denunciantes también señalaron como irregular el hecho de que el pago de los incrementos objetados no se realizó, como corresponde a los principios del derecho administrativo, sobre la base de un acto administrativo previo que así lo dispusiera.

“El incremento abonado con los haberes del mes en curso y con retroactividad al mes de marzo, con distintas modalidades, ya que con los haberes del mes anterior se otorgó una suma fija a cuenta de futuros aumentos y durante todo este tiempo, hemos podido comprobar que no existió decreto alguno, ni fue reservado el número del mismo (práctica también ilegítima pero usual en el Gobierno)”, afirmaron los denunciantes.

Señalaron que “como es de público y notorio conocimiento, recién en fecha 13 de Junio de 2017, se firma el Decreto nº 681, que fija la pauta salarial para el corriente ejercicio”.

No sólo ocurrió con los policías. Añadieron que “cabe consignar que también es de público y notorio conocimiento que los incrementos dispuestos para los activos de la totalidad de la Administración Pública de la Provincia, percibieron los incrementos dispuestos previamente al dictado del ya citado Decreto”.

El decreto N° 681 tiene fecha 12 de junio de 2017 y fue publicado en el Boletín Oficial de hoy, 22 de junio. En sus artículos 10 a 15 prevé cómo se calculará el aumento de acuerdo para las distintas jerarquías, que agrupa en forma discrecional.

El boletín oficial donde está el texto del decreto aquí.

Calificaron de arbitraria la utilización de fondos, porque “la ley que regula el sistema de sueldos y pensiones policiales establece claramente que todo incremento salarial debe hacerse variando el porcentaje del valor del punto policial”.

“El tramo que recibe sus haberes en negro (no remunerativo) no hace aportes patronales ni personales que a la postre incidirán en su haber de retiro, a diferencia del otro tramo que sí los efectúa; al disponer que ese incremento sea no bonificable, implica que aquellos conceptos que se destinan a otros rubros del haber mensual se vean privados de ellos, tales como las obras sociales, los centros de retirados y mutuales que quedarían fuera del alcance del incremento ya que se trata de una bonificación que no produce incidencia en esos rubros”, agregaron.

“Discriminatorio” e “ilegal”

Recordaron que “existe normativa legal que prohíbe al Estado como primer empleador, otorgar sumas en negro. Con este criterio, se viola esa disposición y pone en riesgo al sistema”. Además, señalaron que el aumento, aplicado así, “significa en la práctica un claro y flagrante hecho de discriminación toda vez que viola la disposición de ley de considerar a todo el sector policial como uno solo, determinando a quiénes considera dignos de recibir un incremento y a quiénes no”.

En lo que respecta al sistema previsional, entienden que “se producirá además una distorsión en los aportes toda vez que los dos tramos aportan el 13% de sus haberes para garantizar el sostenimiento del sistema, generando una variante muy peligrosa: Uno de ellos no percibirá el proporcional que le corresponde, ni efectuará el porcentual de aportes que debería”.

En el caso, indican que “todos y cada uno de los funcionarios públicos involucrados, habrían incumplido sus obligaciones más elementales dañando a los más débiles sin motivo alguno”. Y que, antes de esta presentación, se intentó por todos los medios advertir a los funcionarios de los efectos que tendría la medida: pedidos de audiencia sin atender o atendiendo pero no resolviendo nada sobre el problema, notas, publicaciones varias dan cuenta de ello, o sea que obraron a pesar de la advertencia”.

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