Las ventajas de la autonomía del Ministerio Fiscal

Aleardo Laría.

El Gobierno conducido por el presidente Mauricio Macri ha elegido el peor momento para lanzar su particular embestida contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. La coincidencia con los intentos del presidente Nicolás Maduro de desplazar a la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, no podían ser más desafortunados. Desde una perspectiva republicana, no partidista, el análisis de ambos casos conducen a  una sola conclusión: conviene respetar el valor institucional de la  autonomía de los fiscales, garantizada en ambos países por las respectivas constituciones nacionales.

            El artículo 120 de la Constitución Argentina establece que el Ministerio Público –integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación-  es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. La Constitución sancionada en 1994, estableció una regla que ya estaba incluida en  la propia declaración  de necesidad de la reforma dispuesta por el Congreso: el Ministerio Público dejaba de ser, como hasta entonces, una dependencia a las órdenes del Poder Ejecutivo.

            En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Fiscal o la Fiscal General forman parte, junto con el Defensor o Defensora del Pueblo y el Contralor o Contralora General de la República, del denominado pomposamente “Poder Ciudadano”. El Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa, a cuyo efecto, dentro del presupuesto general del Estado se les debe asignar una partida anual variable.

            La autonomía de la que goza la Fiscal General de Venezuela le ha permitido a Luisa Ortega Díaz adoptar diversas iniciativas. En 2015 cuestionó la resolución del Ministerio de Defensa que autorizaba e uso de armas de fuego para el control de las manifestaciones; en marzo pasado denunció públicamente que las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional suponían una ruptura del orden constitucional. En la ocasión declaró que el TSJ “ha venido desmantelando el Estado de Derecho, erigiéndose en una especia de corte totalitaria que interpreta y manipula a su antojo y bajo intereses políticos lo que estable la Carta Magna”. Finalmente, también ha declarado que el procedimiento de convocatoria a la constituyente es totalmente inconstitucional por no haber sido consultado con el pueblo.

            En Argentina, las atribuciones del procurador general de la Nación y del resto de fiscales han sido establecidas en una ley orgánica que regula sus competencias -ley 24.946 sancionada en el año 1998-. El procurador general de la Nación debe ser elegido por una mayoría especial de dos tercios de senadores y solo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento de juicio político establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional previsto para remover al presidente de la Nación o a los miembros de la Corte Suprema. La autonomía del Ministerio Fiscal abarca a todos los fiscales, que solo reciben instrucciones en lo referente a la política criminal y de persecución penal diseñada desde el Ministerio Público Fiscal. El hecho de que el fiscal Eduardo Taiano haya pedido la indagatoria de Gils Carbó en una causa por supuesto fraude contra la  Administración pública en la compra de un edificio para la fiscalía, demuestra que los fiscales gozan de plena autonomía para iniciar una causa cuando consideran que se dan los presupuestos procesales.

            En Venezuela, el presidente Maduro  ha acusado a la fiscal Luisa Ortega de “traidora”  y ha pedido su destitución afirmando que no estaba en sus cabales y que solo la motivaban aspiraciones políticas. En Argentina, el presidente Macri ha manifestado que la procuradora general de la Nación “no tiene autoridad moral para seguir en el cargo” y la ha acusado de haber “dilatado los procesos de corrupción del gobierno anterior y acelerarlas acusaciones contra funcionarios del gobierno actual”.

            La imputación del presidente Macri a la procuradora está fuera de lugar y constituye una forma de presión inadmisible en un sistema republicano. Es bastante evidente que la Procuración General no tiene facultades para intervenir ni paralizar ninguna iniciativa de los fiscales como lo demuestra la oleada de imputaciones fiscales de estos últimos tiempos a ex funcionarios kirchneristas, en llamativa coincidencia con los tiempos electorales. Lamentablemente, como lo prueba, entre otras causas, la famosa denuncia del fiscal Nisman, en Argentina los fiscales adoptan iniciativas muy influenciadas por el posicionamiento político.

Desde una perspectiva normativa, la autonomía del Ministerio Fiscal demanda, como obligación correlativa, que los fiscales actúen solo motivados por razones profesionales bajo el principio de imparcialidad. En este sentido, Gils Carbó causó un daño enorme al prestigio de su ministerio cuando decidió integrar una agrupación política-judicial como “Justicia Legítima”. Ahora bien, el gobierno puede promover, si considera que tiene motivos y respaldo suficiente,  la destitución de la procuradora a través del juicio político, pero no debería caer en el error de utilizar los mismos métodos que maneja el vehemente presidente Maduro. El espejo de Venezuela debería servir para evitar borrones institucionales.

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