La pérdida de la ecuanimidad

Aleardo Laría.

Señala Steven Pinker en su obra Los ángeles que llevamos adentro, (Editorial Paidós) que “son las personas que identifican su política con la palabra liberal las más susceptibles de subrayar la ecuanimidad y la autonomía (como) virtudes esenciales del liberalismo clásico”. Estas son las cualidades que permiten, entre otras, que las personas determinen sus actitudes y decisiones por sí mismas, por encima de los dictados de la tribu, la autoridad o la tradición. En ocasiones, como acontece actualmente en Argentina, el fervor político lleva a las sociedades a una pérdida paulatina e inconsciente del sentido de la ecuanimidad. Son momentos en que conviene distanciarse de las perspectivas partidarias y analizar los acontecimientos desde una altura más abarcadora. 

            Según el analista Rosendo Fraga, “la estrategia electoral del oficialismo este año fue derivando del anti-kirchnerismo al anti-peronismo” buscando una polarización que ha hondado la famosa grieta y “ha llevado a una virtual parálisis del sistema político”.  Por su parte, el periodista y escritor Jorge Asís, en el tono cáustico que lo caracteriza, ha denunciado la instalación de un clima de “revanchismo gorila”. Si bien son opiniones  personales y subjetivas, diversos acontecimientos de los últimos meses han contribuido a que esta sea una opinión presente en otros observadores independientes.

             Uno de los ejes de la estrategia electoral del oficialismo ha consistido en impulsar los procesos judiciales sobre la corrupción del kirchnerismo, lo que no habla bien de la imparcialidad que le es exigible al Poder Judicial. A estos efectos, el gobierno cuenta con la inestimable colaboración de jueces que han perdido todo sentido de la objetividad, como Carlos Bonadío, o de fiscales, como Carlos Stornelli, que parecen actuar al dictado de las necesidades electorales del gobierno. La fotografía distribuida por la Gendarmería Nacional del contador de la familia Kirchner, disfrazado adrede con casco y chaleco antibalas, rodeado de decenas de gendarmes armados hasta los dientes, como si de un peligroso narcotraficante se tratara, es otra prueba del uso partidista de las instituciones con fines electorales.

            La iniciativa de expulsar de la Cámara de Diputados al ex ministro Julio De Vido en base a su inculpación en varios procesos penales ha dado lugar a un espectáculo de muy bajo nivel, que solo Margarita Stolbitzer ha tenido la decencia de señalar. Es posible que muchos de los admiradores con que cuenta Elisa Carrió se hayan sentido profundamente emocionados por un discurso flamígero que terminó ubicando a De Vido en el sexto círculo del infierno del Dante, donde van los “infames traidores a la Patria”. La verborrágica diputada continuó luego su  raid en la televisión caracterizando a la Cámara de Diputados como un “circo romano lleno de ladrones”, una suerte de “Sodoma y Gomorra”, una descalificación que por su generalidad alcanzaba a amigos y adversarios. Si alguien cree que de esta forma se fortalece “el peronismo de Pichetto” –como con inteligencia reclama Luis Alberto Romero- creo que sencillamente se equivoca.

            Las intervenciones de varios diputados, dando por sentado hechos presuntamente delictivos que no han sido aún probados en ningún proceso, y utilizando descalificaciones personales de todo tipo, guardaban un cierto parecido de familia con los despreciables escraches que se han popularizado en Argentina, en los que no se pone en duda la culpabilidad de la víctima. Esta forma primitiva de justicia por mano propia, donde el acusador hace de testigo y juez, emitiendo una sentencia sobre hechos no verificados en un proceso judicial, es una metodología  indigna de honorables diputados que parecieran haber olvidado sus  convicciones  republicanas.

            La regla de la ecuanimidad consiste en aplicar a los otros la misma regla que reclamamos que se aplique a nosotros. En este sentido, vale recordar algún caso donde los roles están intercambiados para ilustrar esta pérdida de ecuanimidad que hemos señalado. En el año 2001 Mauricio Macri fue procesado por el juez Carlos Liporace como partícipe necesario en un delito de contrabando agravado, que conllevaba una pena de 2 a 10 años de prisión. Según informó el diario La Nación en aquel momento, ante las especulaciones mediáticas, Macri defendió su inocencia y desmintió su alejamiento como titular del Club Boca Juniors. «Por ahora, seguiré siendo el presidente de Boca. Hoy no hay ninguna posibilidad de que me vaya, si todavía ni fui procesado. Si algún día voy a juicio y me condenan, renunciaré. No voy a renegar del estatuto que yo mismo reformé», había dicho el dirigente de Boca, en referencia a la normativa del club, que lo obligaba a dejar su cargo si tenía “condena firme”. La invocación del principio de presunción de inocencia por el entonces dirigente futbolístico Mauricio Macri, era correcta, pero el presidente Macri debió recordar aquel incidente para utilizar la misma regla en el juzgamiento actual de sus adversarios políticos.

            En relación con este tema,  el coro de voces que se ha alzado en la Cámara de Diputados frente al fenómeno de la corrupción política, no deja de tener un costado hipócrita. Ningún proyecto de ley concreto, dirigido a elevar el nivel ético de las instituciones ha sido presentado, cuando los diputados tienen a su alcance una fórmula sencilla: llevar al plano nacional lo que marca el artículo 57 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Dice esta norma: “Nadie puede ser designado en la función pública  cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la Administración pública. El funcionario que fuese condenado por sentencia firme por delito contra la Administración será separado sin más trámite”.

            Esta disposición de la Constitución de la CABA no vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia dado que se limita a elevar el listón de exigencias para todos aquellos que aspiran a asumir responsabilidades en la función pública. Simplemente se quiere garantizar que estas personas no estén afectadas ni siquiera por una sombra de dudas sobre su pasado. Claro que es una regulación enormemente peligrosa cuando no se cuenta con una Poder Judicial imparcial e independiente. Por ejemplo, Macri no podría haber presentado su candidatura a presidente si hubiera existido una norma de estas características, puesto que registraba un procesamiento por escuchas ilegales.

            Lo que interesa a los fines de este análisis es señalar que en un sistema republicano, la ley debe ser igual para todos. Es inaceptable que se pretendan utilizar criterios más exigentes para juzgar situaciones particulares como se ha pretendido hacer con el diputado De Vido. La presunción de inocencia rige para todos y si lo que se pretende es reducir su ámbito de vigencia en el espacio más sensible de la función pública, hay que dictar una ley general para todo el mundo. Una sensibilidad compenetrada con la ecuanimidad que demanda el liberalismo auténtico, no puede aceptar otra fórmula.

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