Una grieta que penetra en la justicia

Aleardo Laría.

La grieta existe,  todo el mundo la reconoce, pero nadie se esfuerza  por cerrarla porque siempre es obra de “los otros”. Cuando se toma partido emocional por una causa, las personas se incorporan a una burbuja cognitiva desde la que es muy difícil percibir la  propia contribución al agravamiento del conflicto. Por consiguiente, al ser un hecho incausado, sin responsables, la grieta permanece inalterable. El problema se expande cuando  penetra en las instituciones y agrieta una de los pilares del Estado de derecho.  Una justicia agrietada es una justicia sin venda, una suerte de oxímoron, un verdadero desastre.

            Algo similar acontece con la acusación del uso político de ciertos acontecimientos. Quienes sacan partido político de los hechos, quienes los politizan, son siempre “los otros”. Se verifica así un olvido flagrante de que la política consiste justamente en la controversia sobre el significado que se asigna a determinados hechos. Durante un concierto de la Orquesta Fernández Fierro en Munro, la mitad del público se retiró del teatro cuando los músicos lanzaron un pedido por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Quienes se retiraron interpretaron que el pedido era una demanda política que le hacía el juego al kirchnerismo. Es de suponer que quienes permanecieron en la sala no necesariamente eran kirchneristas y a lo mejor pensaban que el pedido era legítimo, porque  en palabras de Alejandro Katz,  “Maldonado no es el desaparecido de algunos, sino una herida más en la democracia de todos”.

            Las controversias sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y la desaparición de Santiago Maldonado tienen en común que son ilustrativas de esta dificultad para observar los hechos con alguna imparcialidad. Estamos, en principio, ante investigaciones que deberían ser abordados desde el prisma de la criminalística, en una actuación presidida por la más estricta neutralidad científica. Una vez develados los hechos, se podrían por fin obtener conclusiones sobre las responsabilidades jurídicas y políticas que  se derivan de su perpetración. Ahora bien, en la medida que son episodios que vienen dados en un contexto político, es difícil evitar que los actores políticos tomen posiciones anticipadas. Pero lo que sería exigible es que exista una cierta contención, una mesura, que permita que no toda la realidad quede pulverizada bajo la controversia política.

            Es aquí donde entran a jugar las instituciones. En los países con instituciones consolidadas, estas cumplen un cierto papel amortiguador de las pasiones políticas. Su intervención permite confiar en que, con independencia de los intereses políticos en juego, una cierta forma de verdad estará siempre al alcance de todos. Este rol, en hechos que son analizados bajo la luz del derecho penal, lo tiene en la democracia el Poder Judicial, porque está concebido justamente para hacer justicia, es decir para dar a cada uno lo suyo.

            En España –para tomar un ejemplo distante- existe en la actualidad una áspera controversia sobre las responsabilidades políticas derivadas de comprobados hechos de corrupción. Es comprensible e inevitable que la oposición golpee permanentemente al Gobierno con la acusación de que es el responsable político de la expansión del fenómeno. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, los hechos de corrupción dan lugar a una responsabilidad penal individual y personal de los condenados como autores por los tribunales de justicia. Pero cuando alcanzan cierta magnitud es inevitable extraer consecuencias políticas.

La diferencia con Argentina es que en España existe una mayor confianza en las instituciones, algo que no se percibe en nuestro país. Las decisiones de los tribunales no son objeto de controversia y las investigaciones policiales se hacen por equipos de policía muy profesionales que actúan con absoluta autonomía del poder político. Por ese motivo, son numerosas las condenas que han recaído en plazos razonables sobre notorias figuras de la clase política.

            En Argentina, como consecuencia de la grieta, tenemos jueces  y fiscales que militan en un bando frente a otros que lo hacen en la acera opuesta. Esta confrontación fue alentada hasta la extenuación durante los doce años de gobierno del matrimonio Kirchner. Se politizaron causas -como la de Ernestina Herrera de Noble o la de Papel Prensa- con el objetivo subalterno de condicionar o castigar a dos importantes medios de prensa. Como secuela, hasta las investigaciones criminales han quedado contaminadas por el espíritu de trinchera.

            La aparición de una agrupación autodenominada “Justicia Legítima” marca el momento culmen de la penetración de la política en la Justicia. Como el populismo contempla toda la realidad desde el paradigma de la contradicción “amigo-enemigo”, era inevitable que la introdujera en el seno de las instituciones. De allí que se estimulara la formación de una agrupación integrada fundamentalmente por fiscales militantes que habían tomado las investigaciones por las violaciones de derechos humanos como una cruzada justiciera. 

            La consecuencia inevitable de esa polarización intencional fue la aparición de otra agrupación de fiscales en la vereda opuesta, aunque en este caso no en forma oficial. La audaz denuncia formulada por el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta inauguró la “contraofensiva” de estos fiscales. La trágica muerte del fiscal en tan crucial momento, dio lugar a la profundización de los desacuerdos. Como el suicidio podía interpretarse como una suerte de reconocimiento de la debilidad de la denuncia presentada, era necesario presentar la muerte como un magnicidio. 

 Los resultados que alcanzó una Junta Criminalística integrada por reconocidos  expertos forenses -reforzando la hipótesis del suicidio- no han sido aceptados por esa agrupación de fiscales antikirchneristas. Han conseguido que se disponga la realización de una nueva pericia por una “fuerza amiga” y ya se puede adivinar cuál será el dictamen de la nueva junta.  Como consecuencia de esta intervención política en una prueba científica se ha producido una interna entre la Policía Federal y la Gendarmería que amenaza contaminar también el caso Santiago Maldonado.

Los jueces que con fundados argumentos jurídicos habían desestimado la denuncia de Nisman, pasaron a convertirse en jueces “impresentables”. Se inició una campaña política para conseguir el desplazamiento del juez Daniel Rafecas y el camarista Eduardo Freiler con variados argumentos, pero que en el fondo, buscaba el alineamiento político  del Poder Judicial a los nuevos tiempos. Las dolencias que afectan en estos días al camarista Jorge Ballestero –primer  ponente en la sentencia que tiró abajo la denuncia de Nisman y en la que se burla ácidamente del fiscal- demuestra como somatizan los jueces estas presiones.

            Llegados a este punto del relato, es inútil opinar sobre la multiplicación sorprendente de  causas que, con el cambio de gobierno, sobrevuelan sobre la cabeza de la ex presidenta Cristina Fernández, en una suerte de “dejá-vu” que recuerda la cruzada contra el “tirano prófugo”. Se registran actuaciones insólitas, como el de un juez que se ha declarado incompetente pero no trepida en administrar tranquilamente  el patrimonio de la ex presidenta, adoptando medidas de disposición que otro caso dejaría horrorizados a tantos eximios defensores de la propiedad privada. Es decir que tenemos una justicia que, según la ilustrativa metáfora de un periodista, utiliza el freezer o el microondas para congelar o descongelar las causas, acoplándose a las demandas del poder político.

            El problema no es nuevo. Lo inauguró Carlos Menem con “los jueces de la servilleta”. A partir de allí, la intervención de operadores de la Justicia y  el uso de fondos reservados para reforzar los sueldos de algunos jueces federales, ha sido permanente. La promiscua relación con los servicios de informaciones del Estado ha dado lugar a una siniestra dependencia de algunos jueces con el denominado “sottogoverno”. El gobierno de Mauricio Macri, sosteniendo a su amigo Gustavo Arribas al frente de la AFI, o interviniendo del modo en que lo hizo en la separación del camarista Eduardo Freiler, no ha dado muestras de una voluntad política destinada al cambio de paradigma.

            En la democracia, los ciudadanos aspiran a una cierta neutralidad de las instituciones y a que se distinga el rol del Estado del que cabe al Gobierno. Esa falta de neutralidad fue evidente en el tratamiento inicial que hizo el Gobierno del caso Santiago Maldonado. Declaraciones precipitadas e innecesarias de una ministra, desinformación sobre el rol de un alto cargo en la zona y operaciones mediáticas de distracción, urdidas en la zona de inteligencia del Estado, no hicieron más que atizar el fuego de la suspicacia.

            Nuestro sistema de justicia doblegada sobrevive porque sirve al poder. Los políticos lo sufren cuando están en la oposición, pero en cuanto acceden al mando de nuestro presidencialismo monárquico, no renuncian a la fuerte tentación de rentabilizarlo. En tanto que este sistema persista, persistirá la grieta, que es la consecuencia inevitable del uso partidista del Estado. Mientras no se entienda que la independencia del Poder Judicial es fundamental para amortiguar los conflictos que surgen de la controversia política, seguiremos distraídos en una dinámica que impide la formación de un cierto consenso alrededor de los temas verdaderamente importantes.    

           

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