Diputados ha convalidado un peligroso precedente

Aleardo Laría.

La  Cámara de Diputados de la Nación acaba de aprobar el desafuero del diputado Julio De Vido, atendiendo al pedido efectuado por un juez que siguió instrucciones de la Cámara Criminal Federal (Sala 2). Por varias razones se trata de una decisión inédita, que no registra antecedentes y que sienta un peligroso precedente. Los diputados que aprobaron el desafuero probablemente no han medido las consecuencias de su decisión que en la práctica significa anular el sistema de fueros parlamentarios de la Constitución Nacional y convalidar una decisión arbitraria de la Cámara Criminal Federal que vulnera los principios de garantías procesales consagrados en la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

. La prisión preventiva en nuestro derecho

Partiendo del principio constitucional de inocencia -nadie es culpable hasta tanto se demuestre lo contrario- el principio general que rige las actuaciones de la justicia criminal es que mientras no medie condena el imputado debe permanecer en libertad cualquiera que sea la gravedad del delito imputado. Según el criterio establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos “…las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputan no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva” (sentencia de 30/10/2008, caso “Bayarri vs. Argentina”). Siguiendo la estela de esta doctrina, el artículo 3 del nuevo Código Procesal Penal de la Nación establece que “nadie puede ser considerado ni tratado como culpable hasta tanto una sentencia firme, dictada en base a pruebas legítimamente obtenidas, desvirtúe el estado jurídico de inocencia del que goza toda persona”.
Como medida de excepción, se admite la prisión preventiva a los solos efectos de evitar que el imputado pueda sustraerse de las responsabilidades propias del proceso o que pueda entorpecer la labor de obtención de pruebas. El Código de Procedimiento Penal de la Nación (art. 17) señala que “las medidas restrictivas de la libertad solo podrán fundarse en la existencia real de peligro de fuga u obstaculización de la investigación”. La palabra “real” significa que tiene que existir algún un dato objetivo que avale la existencia del riesgo, de modo que sería insuficiente la mera intuición subjetiva de un juez. Estaríamos ante un riesgo de “peligrosidad procesal” que es el motivo exclusivo y excluyente que permite la imposición de la prisión preventiva. Dicha excepcionalidad está consagrada en el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la doctrina tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH). Estos instrumentos tienen jerarquía superior a las leyes y algunos, tienen jerarquía constitucional, en virtud de lo dispuesto en el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional (CN).
En este contexto normativo la prisión preventiva se aplica cuando el peligro es concreto y ha sido demostrado. No se puede partir desde una mera presunción del riesgo procesal aun cuando la pena en expectativa sea elevada. Doctrina consagrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en el caso Merlini que recoge los criterios de la Corte IDH: «Para que se respete la presunción de inocencia al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso que el Estado fundamente y acredite la existencia, en el caso concreto, de los referidos requisitos exigidos por la Convención Americana de Derechos Humanos» y que consisten: 1) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sean dirigidas a asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; 2) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; 3) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Se añade que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En nuestro derecho se investiga y se juzga por los actos cometidos y no por la condición personal, cultural o profesional en la que se reviste. De lo contrario estaríamos frente a un “derecho penal de autor” un sesgo que ha sido eliminado del derecho penal moderno. De allí que la Corte IDH haya afirmado que “el principio de inocencia rige por igual en todos los casos y para todas las personas. Por ello, el principio no puede ser ignorado para cierto tipo de casos o figuras delictivas, aun cuando se trate de situaciones de emergencia –v. gr., terrorismo– o de delitos de suma gravedad”. En este sentido, la Corte IDH ha criticado la excepción contemplada en la ley argentina de limitación temporal al encarcelamiento preventivo referida a delitos de narcotráfico, como mecanismo que menoscaba la presunción de inocencia e impone un castigo anticipado (cf. CIDH, Informe nº 2/97, Casos 11.205 y otros, Argentina, párr. 51)”.

. La resolución de la Cámara Criminal Federal

La Cámara Criminal Federal (Sala 2) hizo lugar al pedido del fiscal Germán Moldes que solicitaba la prisión preventiva del diputado Julio De Vido en un proceso abierto contra el diputado y otras 27 personas en relación con un supuesto delito de malversación en la subcontratación de unas obras públicas en Río Turbio, provincia de Santa Cruz. El ponente de la resolución, el juez Martín Irurzun, expone –a modo de justificación de la medida adoptada- que en el proceso recién abierto ha habido dificultades para hacerse con unas 36 cajas de documentación que se encontraba en la Fundación Facultad Regional Santa Cruz. Textualmente dice que “dentro de esta investigación penal, se observa que en ocasión de materializarse la orden de presentación en la sede de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional -que funcionaba dentro de un predio de la Dirección General de Albergues y Plantas Estables de la Secretaría de Deportes, Recreación y Turismo de la provincia de Santa Cruz-, se incautaron elementos que fueron colocados en treinta y cuatro cajas: treinta de ellas fueron remitidas a la sede del juzgado instructor dos meses después, y las cuatro restantes cinco meses más tarde de aquél procedimiento”. Dado que en realidad ignora la causa que ha demorado en cinco meses la entrega de cuatro cajas, señala que “en base a lo advertido en relación a las particularidades que rodearon el envío de la documentación secuestrada en la sede de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz, corresponde encomendar al a quo la apertura de una investigación a efectos de esclarecer lo acontecido”. Como parece evidente por las propias afirmaciones del juez, ni a Julio De Vido ni al resto de los 27 procesados cabe asignarles responsabilidad alguna por lo acontecido con esa documentación.
Es por ese motivo que el camarista Irurzun, reconoce que no existe mérito para declarar la prisión preventiva de 27 de los procesados. Sin embargo, en relación con Julio De Vido, considera que se da una circunstancia especial. Afirma que “es razonable valorar como uno de los indicadores del “riesgo latente” al que hace referencia el Sr. Fiscal General, que parte de la actividad legislativa que desarrolla actualmente en su condición de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados se encuentra íntimamente ligada, precisamente, con la actividad del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio”. De allí concluye que “la totalidad de las circunstancias analizadas permiten concluir que, en tanto se verifican en derredor de De Vido indicios de entidad suficiente como para presumir que su libertad constituye un riesgo para el proceso en curso, su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación”.
El fundamento de Irurzun es tan raquítico que no hace falta una mayor argumentación para percibir que es claramente arbitrario. Es de tipo circular, dado que pide el desafuero de un diputado por su condición de diputado, como si esto representara un riesgo objetivo para cualquier investigación penal. Con este argumento, cualquier diputado bajo proceso puede ser inmediatamente encarcelado por la peligrosa condición de ser diputado. Con ese argumento Mauricio Macri, en su condición de jefe de Gobierno de la CABA y por tanto de jefe de la policía local, debió estar preso en el proceso que sufrió por escuchas ilegales obtenidas por esa policía. Lo que sorprende en todo esto es que la Cámara de Diputados, llevada por la ola mediática que impulsa la “caza de brujas”, no se haya detenido a leer la resolución del juez y haya permitido sentar un precedente que dinamita el sistema de fueros parlamentarios establecido en la Constitución Nacional. Desde una perspectiva exclusivamente jurídica, ya hemos señalado que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte IDH, la presunción de inocencia rige para todo tipo de personas y no puede ser desafectado por la calidad de diputado del autor. Tampoco el “riesgo latente” que invoca el juez es causa suficiente, sino que deben existir hechos que demuestren que ha habido un intento concreto de destrucción de pruebas atribuible al procesado. De lo contrario, bastaría que un juez ponga en juego sus habilidades de arúspice leyendo las entrañas de las aves para que cualquier ciudadano termine con sus huesos en la cárcel.

. Los delitos que justificaron el desafuero

El pedido de desafuero de De Vido fue formulado en base a un presunto delito de malversación que consiste en destinar dineros de una partida presupuestaria a otra. Es decir que estaríamos ante una irregularidad de tipo administrativo, sancionada penalmente, en virtud de la cual se habrían subcontratado irregularmente servicios prestados por distintas universidades nacionales que facturaron y cobraron los servicios de asesoramiento prestados. Esas contrataciones se hacen en la órbita del Ministerio de Obras Públicas, como toda la contratación de la obra pública, pero no se registra una intervención directa del ministro del ramo que, en el peor de los casos habría incurrido en una culpa “in vigilando”. La otra causa en la que el juez Claudio Bonadío ha solicitado también la prisión preventiva se refiere a las contrataciones de gas natural licuado. Según el perito designado por Bonadío se habrían pagado precios superiores a los que resultan de sumar los costos de producción internacional y el flete marítimo. Pero hay que tener en cuenta que en el comercio internacional los precios están determinados por los costos de oportunidad que a su vez vienen condicionados por las urgencias y necesidades de satisfacer una demanda que no puede quedar desatendida. Por otra parte, si hubiera habido sobreprecios, deberían ser encausados también los directivos de las empresas que hicieron el suministro, entre los que se encuentra el ex CEO de Shell, el actual ministro de Energía Juan José Aranguren. En cualquier caso, no es el momento ni está en nuestro interés afirmar prematuramente la inocencia de Julio De Vido en estos dos procesos. Simplemente queremos señalar que son causas que por su complejidad requieren la realización de estudios especiales y pericias para comprobar que efectivamente ha habido una irregularidad administrativa y no parecen tener la entidad suficiente para justificar la prisión preventiva de ningún ciudadano.
Lo que llama la atención es que la Cámara de Diputados no haya realizado un estudio preliminar sobre la naturaleza de las causas en las que se solicitaba el desafuero del diputado con el único propósito de encarcelarlo. Debe tenerse en cuenta que el fuero parlamentario, en la regulación establecida por la Constitución, requiere el ejercicio de un elemental control de densidad para aceptar el desafuero de un par, Según el artículo 70 del texto constitucional, “examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de los votos, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento”. Como es evidente por la celeridad que tuvo el tratamiento del pedido de desafuero, la Cámara no hizo ningún análisis del mérito que arrojaba la causa. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto por la ley 25.320 que regula los fueros, nada impide la prosecución del procedimiento judicial hasta su total conclusión. Por ese motivo lo lógico y habitual es que se solicite el desafuero cuando ya se ha dictado una sentencia y nunca antes. Para mayor escarnio de los diputados que aprobaron el desafuero, las resoluciones en base a las cuales se solicitó la medida estaban recurridas y no eran firmes. De modo que la precipitación con la que los diputados se lanzaron sobre la presa mediática recuerda más a la acción de los depredadores que a las personas que por su cargo deben ser cuidadosas en el cumplimiento de la ley.
Todo este cúmulo de irregularidades ha llevado al ex fiscal Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido, a afirmar que con estas actuaciones se está violando el Estado de derecho. Ha calificado a la sesión convocada para tratar el desafuero del diputado De Vido como “un escándalo nunca antes visto” y opinó que la decisión pone en crisis el debido proceso y la República. “No puedo imaginar un escenario más triste para el Estado de derecho que esta situación”, se lamentó Rusconi, quien opinó que las garantías procesales “dependen del color de los globos”. Rusconi informó que había participado de una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para transmitir la preocupación que hay en el país por el avance del poder Ejecutivo sobre el Judicial. “Tuve una audiencia y los comisionados de la CIDH están realmente preocupados por lo que pasa en Argentina. Hay entre 400 y 500 causas penales abiertas contra los funcionarios de la gestión anterior”, apuntó el abogado para referirse al nivel de persecución política que se ha desatado en Argentina.

. La pena añadida por la ministra de Seguridad

Merece una consideración especial la singular práctica implementada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrrich, consistente en utilizar a la Gendarmería para detener a sus antiguos compañeros de la causa peronista, con expresas instrucciones para que aparezcan ante la prensa como peligrosos narcotraficantes, caracterizados con casco y chaleco antibalas. Se trata de una pena añadida ex profeso que rememora el sambenito de la Inquisición española. El sambenito era un traje de lana, casualmente de color amarillo, que se colocaba a los sentenciados junto con la coroza, un sombre alto de papel prensado que tenía forma cónica. Esta práctica, dirigida a humillar a personas que gozan de la presunción de inocencia, no solo es éticamente reprobable desde una perspectiva republicana, sino que sencillamente es ilegal, y entraña un claro abuso de autoridad, puesto que de acuerdo con el artículo 3 del Código Procesal Penal “el imputado no debe ser presentado como culpable. Los registros judiciales, legajos y comunicaciones no podrán contener inscripciones estigmatizantes o que desvirtúen el estado jurídico de inocencia”.

. La justificación de los fueros

La Constitución, al establecer la inmunidad de arresto persigue el propósito de brindar una cierta protección a los legisladores. Los fueros aseguran que los miembros del Congreso puedan llevar adelante su trabajo sin impedimentos y evita que jueces afines al Poder Ejecutivo puedan ordenar el arresto de diputados de la oposición. Es una forma de resguardar el principio de división de poderes y goza de una cierta legitimidad si se limita a impedir medidas provisionales como el arresto o la prisión preventiva. En cambio, opinamos que no debieran servir para proteger a legisladores que han recibido una condena judicial confirmada por una segunda instancia, como acontece con el senador Carlos Menem. En el caso de Menem no sólo es insólito que una condena llegue 20 años después de haberse cometido el hecho. Más insólito aún es que una persona con una condena a prisión e inhabilitación, confirmada en segunda instancia, pueda presentarse nuevamente como candidato a senador por el solo hecho de haber formulado un recurso ante la Corte Suprema.
Ahora bien, la circunstancia de situaciones especiales e indefendibles como la del senador Menem, no debe llevarnos pendularmente al otro extremo, y privar a los diputados y senadores de los fueros que fueron concebidos justamente para evitar la persecución política. La democracia no es sólo un sistema de reglas formales para gobernar las sociedades. Es también una laboriosa construcción diaria de ciudadanía, para conseguir que en la aplicación del derecho se impongan criterios de justicia y equidad. Cuando el presidente Macri considera que Leopoldo López –condenado por una decisión de la justicia venezolana- es un “preso político”, lo hace valorando la desproporción entre los hechos acontecidos y la condena recibida. Utilizando esos mismos parámetros, se podría considerar a Julio De Vido también un “preso político”. Por ese motivo debemos ser claros y advertir cuando los gobiernos democráticos se deslizan, en ocasiones sin ser conscientes de ello, hacia la caza de brujas. Es posible que levantar hogueras a corto plazo brinde ventajas electorales, pero desde una perspectiva a más largo plazo, cuando lleguen las condenas de los organismos internacionales, colocarán a la Argentina en un lugar bochornoso.-

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