Usos y abusos del victimismo en Cataluña

Aleardo Laría.

El uso del victimismo es uno de los recursos más utilizados por el nacionalismo. La idea de un pueblo-nación sometido a la opresión por parte de poderes  oscuros y remotos, eleva la temperatura sanguínea y hace  aflorar el sentimiento de libertad que anida en cada ser humano. Cuando las imágenes transmiten la acción represiva de fuerzas de seguridad actuando contra ciudadanos indefensos, estalla de modo espontáneo un sentimiento de indignación que lleva aguas al molino del nacionalismo. De allí que, aunque no siempre es posible, conviene agotar todos los recursos antes que aparezcan los bastones policiales.

            El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como era previsible, censuró con gran dureza las cargas policiales que tuvieron lugar el domingo 1 de octubre en Cataluña. “Brutalidad policial”, “represión brutal”, “vejaciones” y “abusiva y grave violencia policial” fueron algunas de las expresiones empleadas para terminar afirmando que “el Estado español ha escrito una página vergonzosa en su historia de relación con Cataluña”. Por ese motivo, Puigdemont apeló a las instituciones europeas para pedir que “actúen con rapidez” frente a los “abusos” del Gobierno del Partido Popular que “escandalizan a los hombres y mujeres de bien”.

            En realidad, la Policía Nacional y la Guardia Civil se limitaron a cumplir instrucciones de los jueces que habían ordenado proceder al secuestro de las urnas y papeletas de votación de un referéndum declarado ilegal. Claro que no era una tarea sencilla. Si bien ya se habían realizado labores de requisa en los días previos, los dirigentes de la Generalitat anunciaron que los ciudadanos podían imprimir sus papeletas en sus casas y que se utilizarían como urnas cajas de plásticos adquiridas en los supermercados. De modo que cuando la policía intentó secuestrar esos elementos en los colegios electorales, debieron sortear a los ciudadanos que de forma coordinada les impedían el paso, en claros actos de resistencia a la autoridad. De allí los golpes registrados por las cámaras de televisión y teléfonos de los resistentes, efecto claramente buscado por los independentistas.

            El gobierno de Mariano Rajoy se encontraba ante un difícil dilema. Si  intervenía la policía del modo que finalmente lo hizo, las páginas de los diarios europeos iban a mostrar las escandalosas imágenes de los rostros ensangrentados de algunos de los participantes en las refriegas y así se alimentaba el victimismo de los independentistas. Pero si no  actuaba y permitía la celebración pacífica del referéndum,  entregaba a los secesionistas un argumento de legitimidad de unos resultados que si bien eran fruto de una consulta unilateral, tenían elevado valor simbólico.   

            La alianza independentista había preparado una hoja de ruta donde la declaración de la independencia era la consecuencia inmediata de los resultados previsibles de una consulta que iba a dar un resultado favorable, dado que no participaban los partidos que se oponían a la independencia. El Parlament había dictado una norma que si bien había sido suspendida por el Tribunal Constitucional, señalaba en su artículo 4.4 que “dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados, el Parlament celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente”. Para el miércoles 4 de octubre está previsto un pleno de la Cámara que, la mayoría de los observadores consideran que dará lugar a esa declaración.

            Siempre se puede pensar que las cosas se podrían haber realizado de otro modo o que ha faltado destreza política para evitar las soluciones extremas. Pero es muy difícil la negociación política cuando enfrenta un impulso político basado en el mesianismo religioso y que, como acontecía con las antiguas religiones, adopta una fe ciega en sus dogmas, acude al proselitismo para ganar fieles, se refugia en la victimización pasada para obtener rentas en el presente y busca mártires para encender el fuego de la intransigencia. A la política la resultará siempre muy difícil negociar con las religiones políticas.

            El sistema de comunidades autónomas diseñado por la Constitución Española de 1978 fue fruto de una transacción temporaria, estableció claras desigualdades y dejó sin resolver el problema de las competencias locales de tuvieron que ser arrancadas, una a una, en duras negociaciones posteriores. Sería deseable una reforma constitucional que diera lugar a la conformación de un sistema federal ordenado, con el mayor grado de autonomía posible para otorgar la mayor cuota de libertad política y cultural a las distintas nacionalidades que se alojan en el Estado español.  

            Después de haber definido el  nuevo diseño institucional, recién entonces se podría convocar un referéndum en todo el Estado español y dar así oportunidad a todos los catalanes de que se manifiesten sobre la nueva Constitución. Se debería además informar previamente a esos ciudadanos, por parte de la Unión Europea, sobre las consecuencias que devendrían de un proceso de secesión, para que nadie se lleve a engaño como ha acontecido con el Brexit. La democracia no consiste simplemente en colocar urnas para que la gente vote. Todo proceso de consulta sobre el diseño institucional y la modificación de fronteras debería ser preparado de modo tal que facilite que los elementos racionales prevalezcan sobre los impulsos emocionales de las ensoñaciones románticas.     

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