Sacerdote condenado por abuso sexual: La verdad que ocultó el Obispado del Alto Valle

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El portal ANR reveló inconsistencias en las declaraciones oficiales y públicas que el Obispado del Alto Valle brindó tiempo atrás, al conocerse la denuncia de abuso sexual que un joven de Allen presentó contra un sacerdote de esa localidad. En octubre, el Obispado había pedido perdón por el hecho y señalado que el religioso acusado había sido sometido a un juicio canónico. Ahora, tras la lectura de la sentencia, el periodista Luis Leiva advierte que ese proceso interno de la Iglesia había sido por otro hecho, no por el denunciado. El Obispo Marcelo Cuenca quien habría recomendado a la víctima «que no formulara la denuncia penal».

El 28 de noviembre pasado, la Cámara Tercera del Crimen de Roca condenó al sacerdote de Allen Juan José Urrutia a 8 años de prisión por considerarlo culpable de haber abusado sexualmente de un menor de 14 años.

ANR señala que, días después del 3 de octubre, en que ese medio publicó en exclusiva el inicio del juicio contra el religioso, la Diócesis del Alto Valle emitió un comunicado de prensa pidiendo perdón por ese hecho, y aclarando que el sacerdote en cuestión había sido sometido a un juicio canónico (proceso de la Iglesia) por su falta. Sin embargo, lo que omitieron aclarar es que en realidad el proceso fue por otro caso (no por el que se ventiló en la Justicia) donde el propio Urrutia reconoció haber mantenido «actos impuros consentidos», pero con otro menor.

Aquel comunicado del Obispado llevaba la firma del Obispo Marcelo Cuenca, y de los obispos eméritos Néstor Hugo Navarro, José Pedro Pozzi (fallecido el domingo), con un mensaje dirigido «al Pueblo de Dios». Allí se hacía referencia al juicio contra el religioso y reconocieron que era miembro de esa comunidad desde su ordenamiento en el año 2000. También remarcaron que prestaba servicios como sacerdote en la Iglesia Santa Catalina, de Allen.

«Desde septiembre de 2013, se encuentra privado de todo oficio eclesiástico y suspendido del ejercicio público del ministerio como consecuencia de la conclusión de un proceso administrativo penal canónico; realizado en la Diócesis, por mandato de la Santa Sede, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe», expresaron en la información que fue difundida a través de distintos medios de comunicación.

Incluso se aclaró que en el año 2014 «fueron anoticiados informalmente de una denuncia penal en su contra ante la justicia provincial. Teniendo este Obispado, en la persona de su Diocesano, una actitud de plena colaboración en la investigación llevada a cabo por la justicia provincial, actitud que seguirá manteniendo hasta el final del juicio que se inicia ahora».

Además expresaron «dolor y vergüenza por los hechos denunciados y a juzgar». «Nuestro humilde pedido de perdón a ellos, y a todos aquellos varones y mujeres que vuelven a escandalizarse, pudiendo llegar a dudar en su fe, por el pecado de quienes estamos convocados a cuidarlos y animarlos en el camino del seguimiento fiel de Jesucristo».

Lo que la sentencia dijo y omitió el Obispado

Pero tras conocerse el fallo de los jueces los jueces Fernando Sánche Freytes, Laura Pérez y Natalia González, surgieron algunos datos sorprendentes.

La víctima, ahora de 21 años, contó en el juicio que cuatro años después del hecho, le relató lo sucedido a María Belén Barrios, una laica consagrada que trabajaba en la parroquia. Luego tomaron conocimiento el padre Yamanouchi y sus propios padres.

«Recordó (la víctima) que tuvo una reunión con el Obispo Cuenca, quien le refirió que no formulara la denuncia penal, y que todo se solucionaría en el marco eclesiástico», se especifica en el fallo.

Lo que no aclararon los obispos es que el juicio canónico realizado contra el sacerdote Urrutia no fue por el caso del menor denunciante sino por otro caso de un menor que también habría sido abusado por el sacerdote. ANR no dio detalles de este delito ya que todavía no fue denunciado penalmente pero sí trascendieron en el proceso.

En el juicio, el obispo Marcelo Cuenca brindó su declaración aunque por escrito. «Se desprende, como dato interesante para la decisión de este caso (a modo de indicio), que tomó conocimiento de este hecho realizando una visita al Padre Fidel Yamanouchi en la Parroquia Santa Catalina, a mediados de 2014, entre él, la víctima, la Srta. María Belén Barrios y el padre ya citado. Agregó que el padre Urrutia se presentó y declaró haber cometido ‘actos impuros consentidos’ (pero en relación al caso…brinda detalles del otro menor) y por ello fue suspendido del ejercicio ministerial público en la Diócesis del Alto Valle».

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