Desvaríos judiciales

Aleardo Laría.

Una democracia puede considerarse consolidada cuando cuenta con un Poder Judicial independiente, que actúa con imparcialidad, y no cede frente a la presión de actores de la sociedad civil o del propio Gobierno cuando pretenden condicionar sus decisiones. Son numerosas las muestras que evidencian que Argentina está muy alejada de ese ideal. Las decisiones judiciales que recientemente han tenido gran impacto mediático, revelan que el problema ha alcanzado tal dimensión que envuelve con una niebla densa al conjunto de las instituciones.

            Son muchas las motivaciones que pueden llevar a un juez a apartarse del principio de imparcialidad y terminar cediendo frente a presiones de coaliciones oportunistas o exigencias del poder. Tampoco hay que descartar meras cuestiones de inquina personal, que son muy evidentes en algunas de las decisiones que en los últimos días ha venido tomando el juez Claudio Bonadío. Ahora bien, con independencia de los móviles internos que incitan a un determinado comportamiento, siempre inasibles para el observador, lo cierto es que el daño final lo reciben las instituciones que se desprestigian y pierden calidad en su rol de válvulas moderadora de las tensiones inevitables de los conflictos políticos. Sería ingenuo no vincular los disturbios en las calles de Buenos Aires  con las decisiones judiciales que buena parte de los afectados atribuyen al  revanchismo político.

Son numerosas las causas judiciales que en Argentina han sido contaminadas por la intervención de la ex SIDE: la causa de las coimas del Senado; las acusación contra Enrique Olivera por una falsa cuenta suiza; la denuncia por presunto tráfico de efedrina contra Francisco de Narváez; la divulgación de conversaciones telefónicas de asesores de Ernesto Sanz por investigar esa denuncia; la demanda contra Luis Juez por otra cuenta suiza; la persecución contra Ernestina Herrera de Noble y sus hijos; etc. Pero sin duda la causa más emblemática ha sido la causa AMIA, cuando operadores judiciales del presidente Carlos Menem, con la complicidad del entonces presidente de la DAIA y del juez de la causa trataron de fraguar una falsa pista judicial con el aparente propósito de dar satisfacción a los familiares de las víctimas que demandaban el esclarecimiento del incalificable atentado criminal. Actualmente se lleva a cabo el proceso en el que está imputado el ex juez Juan José Galeano, el ex presidente de la DAIA, Roberto Beraja y el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, junto con otros acusados. El juez Galeano fue apartado de la causa y terminó siendo destituido a raíz de las irregularidades detectadas en la investigación de la conexión local del atentado.

            No obstante este antecedente tan negativo, la reapertura de la investigación de la causa AMIA volvió  a quedar contaminada con la intervención de los servicios secretos de Estados Unidos e Israel, estados que mantienen un conflicto geoestratégico con Irán. En 2003 la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con la colaboración del FBI, el Mossad (servicio secreto israelí) y otros servicios europeos elaboró un informe donde decía que el autor del ataque a la AMIA era un ciudadano apellidado Berro, Brru o Borro, que habría ingresado al país desde la Triple Frontera. En 2005 los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos informaron que el conductor suicida había podido ser identificado como Ibrahim Hussein Berro, un militante de Hezbollah de 21 años.

Los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos viajaron entonces a Detroit, Estados Unidos, donde el FBI había encontrado a dos hermanos del sospechoso Berro. Nisman y Burgos entrevistaron a los hermanos Hassan y Abbas Berro, junto a una fiscal estadounidense, y volvieron a Buenos Aires con sus testimonios señalando que los hermanos habían vinculado  a Ibrahim con el Hezbollah —se entrenaba en sus campos del sur del Líbano— y que confirmaron que había muerto en un acto suicida para la época del atentado a la AMIA. A la ceremonia de despedida del joven Ibrahim —sin su cadáver presente— dijeron que había asistido nada menos que el secretario general del Hezbollah, Hassan Nasrallah, quien sólo acude a los sepelios de los que entregan su vida a su causa.

Sin embargo, un documento interno del Ministerio de Justicia al que accedió el diario “La Nación”(1) reveló poco tiempo después, que las declaraciones de dos libaneses tomadas en Estados Unidos en la causa de la AMIA contradecían totalmente lo afirmado por el fiscal federal Alberto Nisman. En realidad los hermanos que declararon en presencia de la fiscal de Michigan, desvincularon por completo a su hermano Ibrahim Berro como chofer suicida de la camioneta Tráfic. Incluso, uno de ellos aseguró haber estado con Ibrahim una o dos semanas antes de su muerte, ocurrida el 9 de septiembre de 1994 (53 días después del atentado de la AMIA) durante un ataque israelí en el pueblo libanés de Talousah.

            Llamativamente los estudios de ADN de uno de los hermanos de Berro con el ADN de los restos sin identificar recogidas en la AMIA, pendientes desde 2005, recién fueron ordenados en 2016. Los estudios fueron encargados al FBI, y concluyeron con resultado negativo  en noviembre de 2017, estableciendo que los restos hallados en la AMIA no corresponden a Ibrahim Berro, rechazando la hipótesis sobre el conductor suicida libanés y haciendo caer una de las principales hipótesis que había formulado Nisman. Por otra parte, la sentencia del Tribunal Oral N° 3 que declaró la nulidad de la causa AMIA, cuestionó varias veces la labor de Nisman por efectuar “valoraciones parciales y arbitrarias de las pruebas” e incluso mencionó su “irregular proceder”.

            Con pruebas tan débiles el fiscal Alberto Nisman no tuvo reparos en acusar, en octubre del 2006, a las máximas autoridades políticas de Irán que estaban al frente del gobierno en el año 1994.  Le pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral que ordenara las detenciones de varios ex altos funcionarios de ese país, entre los que se encontraban el  ex presidente Alí Rafsanjani,  y el ex ministro de Relaciones Exteriores, Alí Akbar Velayati. Interpol cursó sólo algunas de esas órdenes de captura: las de Mohsen Rabbani (ex agregado cultural de Irán en Argentina), Ahmad Vahidi (ex ministro de Defensa) , Mohsen Rezai (ex Jefe de la Guardia Revolucionaria) ,  Alí Fallahyjan (ex jefe de Inteligencia de Irán) y Ahmad Reza Asghari (tercer secretario de la embajada de Irán en Argentina). Para la fiscalía, se encontraba plenamente acreditado que la responsabilidad del atentado recaía sobre las máximas autoridades de Irán por haber diagramado en una reunión el operativo, encargando su ejecución a la organización libanesa Hezbollah.  

Quien sigue sosteniendo  la responsabilidad de Irán en el atentado de la AMIA es el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, que en su reciente visita a la AMIA declaró que “Irán voló la embajada israelí en Buenos Aires y la AMIA”. Esta tesis es compartida por todos los sectores de la comunidad judía argentina que comulgan con las políticas de Netanyahu en Medio Oriente. En cambio, otros sectores de familiares de víctimas de la AMIA, más distantes de la derecha israelí,  han efectuado un reclamo  ante la Justicia argentina en el que piden se exija al premier israelí que aporte las pruebas sobre la supuesta responsabilidad de Irán en el atentado del 18 de julio de 1994.  Los actuales directivos de la DAIA, estrechamente vinculados a Netanyahu, son los autores de la extravagante denuncia contra la ex presidente Cristina Fernández y el ex canciller Héctor Timerman por “traición a la patria”,  que fuera luego adoptada por Bonadío.

            Como es sabido, años después de haber denunciado al presidente de Irán, Nisman no tuvo reparos en denunciar por encubrimiento a otro presidente, en este caso de Argentina, basando su acusación en que el Memorándum firmado con Irán encubría el propósito de cancelar las alertas rojas emitidas por Interpol. En la página 107 de su denuncia Nisman afirmaba que “la baja de las notificaciones rojas constituyó el interés central para las autoridades iraníes en este acuerdo y el canciller Timerman aceptó y contribuyó a ello. Hizo todo lo posible para que ese objetivo fuera cumplido por Interpol, más allá de sus declaraciones públicas en sentido contrario, porque sostener la verdad además de confesar su participación en el plan delictivo, hubiese sido incompatible con los reclamos de justicia”. Según Nisman “la diligente y a la vez inesperada –para los encubridores– actitud de Interpol, específicamente de su secretario general, Ronald Noble, lo impidió.  En la página 120 narra una reunión de Timerman con el secretario general de Interpol el 26 de noviembre de 2013 en la sede de la organización en Lyon y dice que el canciller argentino intentó convencer a Noble “para que cediera y dispusiera el cese de las notificaciones rojas”.

            El ex secretario general de Interpol, Roland Noble, se ha encargado estos días de desmentir todas y cada una de las afirmaciones de Nisman, que fueron tomadas luego como dogmas de verdad  en el auto de procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadío. El enfado e indignación de Roland Noble es evidente porque en su condición de alto funcionario de Interpol conocía perfectamente las cuestiones vinculadas a estas alertas que habían sido acogidas con muchas dudas dado que Interpol tiene prohibido hacer lugar a reclamos de naturaleza política. De hecho, la decisión de no hacer lugar al pedido del juez argentino en relación con el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, muestra que no había demasiada confianza en el rigor jurídico de aquella solicitud.

            Roland Noble no ha dudado en el uso de ásperos calificativos a la hora de evaluar  la conducta de Alberto Nisman en la investigación de la AMIA  y la del juez Claudio Bonadío en el  auto de procesamiento por “traición a la patria” que ha dictado. En una entrevista que concedió al diario norteamericano The New York Times, Noble declaró que “nunca hubo en Interpol un caso con los problemas de investigación, procesales y judiciales como el de la AMIA”,  añadiendo que “expertos y políticos han cuestionado la solidez de la evidencia que respalda la acusación y sugirieron que podría haber tenido una motivación política. En relación con el auto del juez Bonadío, señaló que “no hay evidencia que respalde la conclusión del juez Bonadío de que existía algún tipo de acuerdo secreto entre Argentina e Interpol para eliminar las alertas rojas”. “Si el juez estuviera interesado en la verdad, podría haberse contactado con el ex asesor general de Interpol”, agregó.

            La reciente declaración de la prestigiosa organización de derechos humanos de Estados Unidos, Human Rights Watch (HRW), criticando el procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadío contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kircher y su canciller Héctor Timerman, ha permitido conocer una opinión independiente que echa luz sobre este encrespado debate. Los duros calificativos empleados por HRW contra la resolución judicial, considerándola “descabellada”, “inverosímil” y “sin fundamentos serios”, son absolutamente proporcionales con el desatino judicial que se analiza. Ahora solo resta recordar que todavía  hay ciudadanos en prisión  como consecuencia de este nuevo y lamentable desvarío judicial.

 

(1)http://www.lanacion.com.ar/805686-amia-mas-dudas-sobre-el-chofer-suicida

 

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