La guerra imaginaria de Bonadío

Aleardo Laría.

El Auto judicial en virtud del cual el juez federal Claudio Bonadío decreta el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidente CFK y otros altos funcionario por los delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado se inicia con una primera parte que el juez titula “reconto histórico”. La palabra “reconto” no existe ni en la lengua española ni en la italiana. Probablemente el juez quiso decir “racconto histórico” que es una narración que busca contar eventos del pasado. Este error lingüístico carece de relevancia, pero tiene elevado valor simbólico, porque de algún modo señala el poder taumatúrgico de un juez que del mismo modo que inventa una palabra, se toma la libertad de inventar una guerra que, según su versión, se habría librado entre Argentina e Irán sin que los argentinos ni los iraníes lo percibieran.
Según Bonadío, en los años 1992 y 1994 en la República Argentina hubo dos actos de guerra –el atentado contra la embajada israelí y el atentado de la AMIA- que la investigación judicial atribuye a la Jihad Islámica, Hezbollah y la República Islámica de Irán. Esta guerra no declarada por Irán hubiera autorizado el uso de la fuerza por Argentina en ejercicio del derecho a la legítima defensa. Pero el Estado argentino, – “tal vez por convicción o por falta de capacidad militar”- frente a la agresión ilegítima sufrida eligió como respuesta establecer las responsabilidades penales por esos actos y buscar el castigo de los perpetradores por la vía judicial.
La ficticia creación de un escenario bélico le sirve a Bonadío para introducir con calzador la figura del delito de traición a la patria previsto y sancionado por los artículos 119 de la Constitución Nacional y 214 del Código Penal. El delito se configura –en la versión del 214 -ligeramente diferente del 119 de la Constitución- cuando un argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación “tomare las armas contra ésta o se uniere a sus enemigos o les prestare ayuda o socorro”. Según Bonadío, la conducta de todos los procesados encuentra adecuación típica en la “ayuda”, toda vez que los imputados se habrían unido con representes de un Estado que había perpetrado dos actos de guerra en el territorio de la República Argentina para prestarles ayuda.
El principal argumento de Bonadío para sostener que ha habido una guerra no declarada entre Argentina e Irán es que el concepto de “declaración de guerra” es una idea propia del derecho internacional que ha caído en desuso desde que en la II Guerra Mundial Japón atacó a la base de Pearl Harbor sin haber declarado la guerra formalmente a los EEUU. Actualmente las guerras simplemente se hacen, no se declaran. Conceptualmente lo que dice Bonadío puede ser correcto, pero lo que es evidente que de un hecho negativo –la falta de declaración de guerra- no se puede extraer un hecho positivo –la efectiva realización de una guerra-.
El Derecho Internacional contempla que una determinada conducta pueda ser calificada de hecho internacional ilícito. Se requieren dos elementos: que se haya producido la infracción de una obligación internacional –elemento objetivo del ilícito- y que tal conducta ilícita le sea atribuible a un sujeto de Derecho Internacional –elemento subjetivo del ilícito-. En los casos de comportamientos atribuidos a altos funcionarios de un Estado, se consideran hechos de un Estado cuando son realizados por uno o varios órganos de dicho Estado actuando en el ejercicio de prerrogativas del poder público.
El sistema de seguridad colectiva establecido en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas permite la adopción de un elenco de medidas contra los Estados que amenacen o quiebren la paz y la seguridad internacionales o cometan actos de agresión. La medida más importante permite acudir al Consejo de Seguridad dado que como órgano central del sistema de seguridad tiene facultades para decidir medidas, incluso armadas, vinculantes para todos los miembros, con el fin de hacer frente a situaciones que implican una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión (art. 39).
¿Cómo se entiende entonces que el Estado argentino, habiendo sido objeto de dos actos de agresión armada por parte de otro Estado no haya acudido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? La explicación es muy sencilla: porque Argentina no contaba con ninguna prueba que permitiera respaldar la acusación de que Irán tenía responsabilidades en los atentados de la embajada de Israel y en la AMIA. A pesar de que el juez Bonadío afirma en su auto –y los medios masivos de comunicación lo trasladan al gran público- que “está demostrado judicialmente que Irán ordenó/organizó /financió/ instigó dos actos de guerra en el territorio nacional contra ciudadanos argentinos desarmados e inocentes” en realidad estamos ante una mera hipótesis de una investigación que no ha avanzado.
No existen pruebas inequívocas de la autoría de Hezbollah y menos aún de la participación de la embajada de Irán en el atentado de la AMIA. Son sólo suposiciones aportadas por los servicios de información de EEUU e Israel. La fragilidad de esos indicios quedó demostrada con el resultado del pedido de extradición formulado por Argentina cuando se detuvo en Londres en septiembre de 2003 a uno de los acusados, el ex embajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour. El Reino Unido rechazó su extradición a la Argentina y dejó en libertad al diplomático por considerar que las pruebas aportadas por los jueces argentinos carecían de toda consistencia. Podemos afirmar entonces que si Argentina no acudió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha sido, entre otras razones, por carecer de pruebas que pudieran respaldar una acusación de semejante envergadura.
De modo que la existencia de “dos actos de agresión internacional” promovidos por Irán y que Bonadío considera equivalentes a una guerra no declarada, es una ficción creada por el juez para justificar una imputación artificial a la ex presidente Cristina Fernández y a sus colaboradores. La atribución de autoría por este relato propio del realismo mágico es tan débil que el ministro de Justicia Germán Garavano ha intervenido reservadamente para alertar al Gobierno de que con la actuación del juez Argentina puede afrontar un bochornoso reproche por parte de los tribunales internacionales.
La imputación de Bonadío pretende ser reforzada con la acusación suplementaria de que hay un concurso ideal con un delito de encubrimiento agravado, al “haber prestado impunidad a los autores del atentado” a través del Memorándum firmado con Irán. Esta acusación, que fuera archivada en su momento por el juez Daniel Rafecas en un fallo confirmado por la Cámara de Apelaciones, fue reabierta de mala manera por la Cámara de Casación debido a una querella interpuesta por la DAIA. Según la doctrina citada por Bonadío, para tener por acreditad este ilícito no se requiere el dictado de una sentencia condenatoria en el caso AMIA y basta la existencia de la certeza del delito con base a la prueba recolectada en ese procedimiento. Sin embargo el juez no cita ni el más mínimo hecho comprobado tomado del sumario de la AMIA que pudiera respaldar su decisión.
Existe una incongruencia lógica en el argumento de que con la firma del Memorándum se conseguía impunidad para los acusados del atentado que debería hacer reflexionar a los que opinan que “el encubrimiento de responsables de la masacre de la AMIA es patente”. Eran las leyes de Irán las que no permitían la extradición de sus nacionales. De modo que la impunidad era un hecho previo a la firma del Memorándum y obedecía a una circunstancia legal que estaba fuera del alcance de las autoridades políticas y judiciales argentinas. Ese impedimento se quiso salvar con la firma del Memorándum que justamente apuntaba a eludir ese obstáculo legal.
Tampoco es consistente el argumento de que el único interés de Irán era que se levantaran las alertas rojas de Interpol. La circunstancia de que Irán no ratificara el Memorándum revela que no tenía expectativas en que con ese instrumento fuera posible alcanzar esos fines. Y lo único cierto es que finalmente esas alertas no se levantaron porque atendiendo a los protocolos de Interpol –según informó el jefe de Interpol, Roland Noble- solo una decisión del juez de la causa podía habilitar esa posibilidad.
Lo menos que se puede decir de una investigación que fue objeto de archivo y ha quedado tan deshilachada es que debiera obligar a actuar con prudencia a cualquier juez imparcial, evitando condenas anticipadas. Pero este no ha sido el criterio de Bonadío que en su personal enfrentamiento con Cristina Fernández no ha dudado en declarar la prisión preventiva de los acusados. Algo va mal en una democracia cuando se encarcelan a ciudadanos en base a delitos imaginarios basados en guerras que no han tenido lugar.

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