Presiones sobre el Poder Judicial

Aleardo Laría.

Nunca, desde la restauración de la democracia, los jueces argentinos han debido sufrir una presión de la magnitud de la que actualmente soportan. Esta presión proviene de una coalición mediática-política donde los grandes medios juegan un papel destacado. Pero la responsabilidad principal, como es natural en un régimen presidencialista, corresponde al presidente Mauricio Macri, que es quien autoriza esta ofensiva.

            La independencia del Poder Judicial constituye la columna vertebral de cualquier Estado de derecho y responde al principio de división de poderes. De modo que toda la arquitectura institucional en una República está armada para evitar la intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones de la Justicia. En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales o arrogarse el conocimiento de causas pendientes, ya sea que lo intente por vías directas o utilice otras indirectas menos visibles (art. 109 de la CN).

            Pese al mandato constitucional,  la realidad registra el dato incuestionable de las incursiones del Poder Ejecutivo en la esfera del Poder Judicial, aprovechando dos ventajas que ha recibido como herencia del gobierno anterior: la existencia de un cuerpo de jueces federales sumisos a los requerimientos del poder y  el control político que de hecho ejerce sobre el Consejo de la Magistratura.  Este órgano, que teóricamente debería asegurar la independencia de los jueces (art. 114.6 de la CN),  en la práctica funciona como ariete del Poder Ejecutivo contra los jueces independientes debido a un diseño ingenuo del legislador constitucional que ha permitido que el huevo de la serpiente se incubara en su seno.

            El artículo 114 de la Constitución Nacional asignó al Consejo de la Magistratura las funciones de seleccionar a los jueces, ejercer facultades disciplinarias sobre ese cuerpo, decidir la apertura del procedimiento de remoción de los magistrados y administrar y ejecutar el presupuesto de la Administración de Justicia. En lo referido a la designación de los jueces, como muestra de nuestro presidencialismo reforzado, la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo una potestad que no tiene en los sistemas parlamentarios: la posibilidad de elegir a los jueces federales de una terna que le presenta el Consejo de la Magistratura   (art. 99.4 CN).

            El artículo 114 de la CN no estableció la composición del Consejo de la Magistratura y simplemente señaló una pauta en virtud de la cual la ley debería garantizar un equilibrio entre las representaciones de los órganos políticos resultantes de la elección popular –es decir legisladores y presidente-, de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de personas del ámbito académico y científico. Según Adrián Ventura, los convencionales de 1994 incurrieron en una gravísima omisión al haber delegado en el legislador la responsabilidad de fijar los perfiles en la integración del Consejo de la Magistratura, probablemente por no haber alcanzado un acuerdo político en el seno de la Asamblea Constituyente. Por otra parte, asignarle una representación directa al Poder Ejecutivo en ese organismo no se condice con el espíritu de la reforma que era el de atenuar el presidencialismo.

            La primera ley orgánica que reguló el Consejo de la Magistratura estableció un número de 20 miembros buscando un equilibrio entre todos los estamentos. Luego la Ley 26.080, redactada por la senadora Cristina Kirchner, redujo de 20 a 13 el número de sus miembros de modo que ahora lo integran  6 legisladores, 3  jueces, 2 abogados, 1 académico y 1 representante del PE. Ha sido cuestionada la constitucionalidad de esta integración que da como resultado que el bloque de consejeros políticos -siete de los trece que integran el cuerpo- dispongan de la potestad de veto de las decisiones del Consejo en temas tan delicados como la aprobación de las ternas o la acusación por mal desempeño.

            En un editorial de La Nación  del 20 de abril de  2009 -titulado “herramienta de presión a los jueces”- ya se denunciaba la ruptura del equilibrio prescripto en la norma constitucional “debido a una participación mayoritaria en el Consejo del sector político y con una proporción predominante del oficialismo que le permite, en los hechos, orientar según sus conveniencias la selección de los aspirantes a jueces y amenazar con procesos de remoción a los que están en funciones y demuestran independencia de criterio”.

            Lo expuesto en aquellos años sigue teniendo hoy el mismo valor. Pero sin perjuicio de compartir esa opinión, pensamos que el mayor error del diseño constitucional ha sido permitir que legisladores en ejercicio formen parte del cuerpo. Para ilustrar esta incongruencia, cabe formular, en forma retórica,  la siguiente pregunta: cuando el diputado Pablo Tonelli impulsa una decisión en el Consejo de la Magistratura ¿lo hace en base al principio de respeto de la independencia del Poder Judicial o lo hace en base a satisfacer los requerimientos del presidente Macri? La respuesta expone la magnitud del problema.

Como un caso que permite un didáctico  contraste se puede traer a colación el diseño elegido por la Constitución Española para integrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En su artículo 122.3 señala que el CGPJ estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo y por veinte miembros que deben tener el siguiente perfil: 12 deben ser jueces o magistrados de todas las categorías judiciales y 8 deben ser juristas de reconocido prestigio que son designados 4 por el Congreso de los Diputados y 4 por el Senado, por mayoría de tres quintos de sus miembros. Como es evidente, de acuerdo con esta integración, no forma parte del CGPJ ningún legislador ni ningún representante del Gobierno, con lo cual se asegura la despolitización del organismo.

De hecho, en la práctica, se verifica que el CGPJ de España cumple acabadamente con la función de  preservar la independencia del Poder Judicial evitando la interferencia de los otros poderes. De modo que a diferencia de lo que acontece en Argentina, donde el Consejo de la Magistratura de ha convertido en una suerte de ariete del Poder Ejecutivo, en España cumple el rol de coraza defensiva por lo que no se registran conflictos del tipo de  los que ahora desestabilización a la institución judicial en nuestro país.

Sería largo y motivo de otra nota señalar todas y cada una de las presiones que se han registrado recientemente en Argentina contra las sentencias o resoluciones dictadas por los jueces que no han sido del agrado del Poder Ejecutivo. Basta, como ejemplo ilustrativo, señalar que el plenario del Consejo de la Magistratura acaba de adoptar una decisión inusual: le ha reclamado a la Corte Suprema que explique “el sentido y alcance” de la acordada que anuló el Tribunal Oral Federal N° 9. Según algunos observadores, la irritación de Pablo Tonelli y sus apoyos en el Consejo es mayúscula debido a que la Corte Suprema ha abortado una maniobra dirigida a poner el caso del Memorándum con Irán en un tribunal “ad-hoc”, dotado de un imán especial para atraer las causas que afectan a la ex presidenta Cristina Kirchner.

             Algunas voces de reconocidos juristas se han alzado para denunciar este estado de cosas. En opinión del constitucionalista Daniel Sabsay, -para quien tampoco debiera haber legisladores en el Consejo de la Magistratura- “el zizagueo de las causas penales demuestra que la política se cuela muchísimo en las decisiones judiciales”. Para el profesor de Derecho Penal de la UBA Maximiliano Rusconi –defensor de Julio de Vido- se registra “una actuación vergonzosa, partidista e inmoral presionando jueces. En democracia nunca hemos vivido esta presión sobre la Justicia”. Por el momento no son numerosas estas voces porque la grieta partidaria impide calibrar la realidad en toda su dimensión, pero más vale tenerlas en cuenta si queremos evitar que en Argentina los jueces terminen claudicando frente a esta inaceptable presión del ejecutivo.

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