Política y barras bravas

Aleardo Laría.

Desde que Gustave Le Bon escribiera “Psicología de las multitudes” (1911) existe una abundante literatura política dirigida a la denigración de “las masas”. Las multitudes aparecen reflejadas bajo estereotipos similares: son expresiones del “lumpen proletariado”, obedecen a las voces de los instintos más bajos y son fácilmente manipulables por líderes sin escrúpulos. Esta visión conservadora, pseudopsicológica, ha resurgido a raíz del difundido cántico que algunas barras bravas le dispensan últimamente al presidente Mauricio Macri. El error de esta mirada consiste en que sirve para ocultar lo más importante: la estrecha relación que existe entre el fenómeno de las barras bravas y la política.

Es cierto que algunos sociólogos, como Pablo Alabarces, rechazan la tópica denominación de inadaptados o salvajes para referirse a los barrabravas y prefieren aludir a otra racionalidad, a una cultura alternativa que sería necesario descifrar y entender. No es propósito de esta nota defender esa interpretación, sino simplemente señalar que el fenómeno de la violencia en el fútbol tiene múltiples aristas y que exige una mirada que atienda a esa complejidad. En nuestro caso, pondremos el lente sobre el aspecto que consideramos más relevante: la estrecha relación entre el mundo de la política y el de las barras bravas.

Fernando Segura Trejo y Diego Murzi, dos investigadores del Conicet que han estudiado el fenómeno, afirman que “…en Argentina, una de las aristas principales del fenómeno de la violencia tiene que ver con la red de relaciones y complicidades existente entre el poder político, los clubes y las barras bravas” (“Violencia en el Fútbol. Investigaciones sociales y fracasos políticos”, compilado por José Garriga Zucal. Ediciones Godot. 2014). Por su parte, Eduardo Fidanza ha señalado, en una nota publicada en “La Nación”, que “el aceite que lubrica este sistema es el dinero clandestino, del que participan periodistas venales, intermediarios, dirigentes, barras. Ese dinero se distribuye en porcentajes entre las partes que intervienen. Así, el aguante se trueca por plata sucia para enriquecimiento personal, viajes, coimas, tráfico de armas y drogas, delitos comunes, formación de fuerzas de choque, etcétera”. De allí que Steve Powell, integrante de la Federación de Hinchas de Inglaterra y Gales y uno de los responsables de terminar con los hooligans, en una visita al país en 2011 explicara que “en Inglaterra no existía una relación de convivencia con la política como se aprecia en Argentina”.

De esta connivencia entre barras bravas y política son responsables, en primer lugar, los dirigentes que están o han estado al frente de los clubes de fútbol, entre los cuales se destaca, obviamente, el actual presidente Mauricio Macri, quien fuera presidente de Boca Juniors entre 1995 y 2008. La relación de los dirigentes de este club con la barra brava denominada “La 12” fue objeto de una investigación criminal por el juez de instrucción Manuel de Campos. Entre las decisiones adoptadas por el juez sobresale el allanamiento en el Departamento de Socios de Boca y en las oficinas de la empresa de transporte a la que la barra le alquilaba los micros, con el objetivo de determinar quién pagaba ese servicio. También dispuso el allanamiento de las agencias de viaje que llevan turistas a La Bombonera con carnets comercializados por la barra y que son facilitados, según consta en la investigación, por empleados del club. Carlos Mechetti y Gustavo Gómez, presidente y jefe, respectivamente, del departamento de socios de Boca, fueron detenidos en mayo de 2013 en la causa que investiga De Campos, acusados de facilitar a “La 12” entradas para la reventa, entre otros delitos.

Uno de los hombres del “mundo Boca” que ahora pisa fuerte en el sottogoverno de Mauricio Macri es el actual presidente del club, Daniel Angelici, devenido gracias a sus anteriores vínculos políticos en próspero empresario de la industria del juego y que, según las denuncias de Elisa Carrió, es un hábil “operador” judicial, con capacidad de influir, de manera determinante, en los tribunales federales de Comodoro Py. Muchas de las resoluciones extravagantes que tienen lugar en la justicia federal desde que asumió Mauricio Macri no parecen ser obra de la casualidad sino que revelan la existencia de una labor de coordinación en la que probablemente tengan un rol preponderante tanto Angelici como Gustavo Arribas, otro hombre del fútbol amigo del presidente Macri que hoy está al frente de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia). Según los periodistas Ignacio Damiani y Julián Maradeo autores del libro “El Tano”, “dos veces Macri le habría ofrecido formalmente la conducción de la AFI a Daniel Angelici. Sin embargo, El Tano rechazó la propuesta y le sugirió un nombre que de inmediato obtuvo consenso: el escribano y representante de jugadores, Gustavo Arribas”.

El caso de Gustavo Arribas, actual director general de la Agencia Federal de Inteligencia, es muy ilustrativo. Arribas fue apoderado de Stellar Group en Latinoamérica, una tarea en la que lo sustituye actualmente Ezequiel Arribas, su hijo mayor, de 33 años. Stellar Group es un grupo financiero británico que adquirió un club de fútbol en Uruguay –el Deportivo Maldonado SAD (sociedad anónima deportiva)- que tiene 200 socios y juega en la segunda división B y es utilizado para operar en la triangulación de jugadores. Mediante este club se evade la prohibición de la FIFA de que una persona física –un tercero– sea propietario de los derechos económicos de un futbolista y, además, se aprovechan las ventajas fiscales que ofrece Uruguay en los impuestos que gravan la transferencia de jugadores, que es mucho más alta en Argentina.

La operatoria consiste en que el Deportivo Maldonado incorpora a su plantel a jugadores que nunca llegan a vestir esa camiseta y son transferidos luego a clubes europeos o latinoamericanos. Han sido muy comentados en la prensa la transferencia de jugadores como Jonathan Calleri, Gerónimo Rulli e Ivan Piris. Gustavo Arribas intermedió en el pase de Carlos Tevez de Boca a Corinthians en 2005 con HAZ Sport Agency. Esta transferencia dio lugar a una investigación de la AFIP por evasión y lavado de dinero. Arribas cobró un millón de dólares de comisión y Macri, entonces presidente de Boca, dijo que esa comisión la pagó el intermediario y que desconocía el monto.
Que la existencia de barras bravas es una responsabilidad de los dirigentes del fútbol lo prueba sobradamente el caso español. En noviembre del 2014 se produjo una batalla campal a orillas del río Manzanares, cerca del estadio Vicente Calderón, entre cientos de ultras del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña. En medio de la pelea, Francisco Romero Taboada, de 43 años, fue arrojado al río con el bazo roto de un golpe con una barra de hierro. Lo sacaron del agua inconsciente y murió poco después. Forzado por la indignación social y la presión política, el presidente del Atlético de Madrid anunció que no dejaría entrar más en su estadio a la barra brava. “Hemos decidido expulsar al Frente Atlético del Vicente Calderón y cortar cualquier relación entre la institución y esta gente”, dijo Miguel Ángel Gil Marín, máximo accionista del club donde entrena Diego Simeone.

La medida implicaba dar de baja al Frente Atlético del registro de asociaciones de simpatizantes, impedir el ingreso a los partidos a todos los miembros del grupo, prohibir la exhibición de carteles relacionados con ellos y cerrar el cuarto que tenían en el estadio para guardar banderas, bombos, megáfonos y otros elementos que usan en las tribunas. De esta manera el Atlético se sumaba a la guerra contra los ultras que ya llevaban adelante Real Madrid, el Deportivo de La Coruña y el Barça, que expulsó del Camp Nou a los Boixos Nois en 2003. Los resultados han sido espectaculares y las barras bravas han desaparecido de las tribunas de fútbol en España.

Como ha señalado Luis Alberto Romero en una nota publicada en La Nación el 13 de abril de 2014, el nivel de corrupción más serio es el que se da cuando los gobernantes del Estado ofrecen beneficios excepcionales a los grandes intereses cercanos a ellos. “El Estado argentino tiene una larga tradición de franquicias y prebendas, y también de colonización de sus oficinas del Estado por estos grupos”, añadía Romero. Esta forma de corrupción es un derivado de la política, sobre todo de la política que se hace desde los sótanos del poder: el sottogoverno al que se refería Bobbio.

En aquella nota de 2014 –escrita cuando Luis Alberto Romero no estaba tan preocupado como lo está ahora por “los peligros del vendaval ético que sacude a la Argentina”- señalaba que “hacer política sólo con denuncias y buenas intenciones no sirve. Pero sin ellas no se puede. Es muy difícil encarar una transformación como la que requiere la Argentina sin el aporte de una dosis de ilusionado optimismo, de indignación, de rebeldía, como la que suscita hoy la evidencia de la corrupción”.

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