La independencia judicial es apreciada en España

Aleardo Laría.

La sociedad española se ha visto conmocionada estos días por una sentencia dictada en un juicio por supuesta agresión sexual (violación) en relación con unos hechos que tuvieron lugar durante los “Sanfermines” en Pamplona (Navarra) en julio de 2016. La sentencia que condena a cada uno de los cinco acusados a 9 años de prisión ha dado lugar a multitudinarias manifestaciones feministas y una polémica declaración del Ministro de Justicia. Los jueces y fiscales han salido a criticar al ministro y defender la independencia del Poder Judicial de un modo que contrasta con la pasividad que en Argentina se reciben las constantes intromisiones del Poder Ejecutivo en la Justicia.

La sentencia de la Audiencia de Navarra tiene 370 folios, de los cuales 236 corresponden al escrupuloso razonamiento de un ponente que disiente con la mayoría y llega a la conclusión que correspondía dictar una sentencia absolutoria de los condenados. Es una ponencia garantista que haría las delicias de Raúl Eugenio Zaffaroni, pero que ha sido interpretada por las asociaciones feministas como una manifestación del machismo imperante en una sociedad patriarcal. A los fines de esta nota no corresponde tomar partido por una u otra posición en un tema de enorme complejidad probatoria y la única recomendación que cabe hacer es que ninguna persona que quiera opinar sobre el tema debiera hacerlo sin haber leído antes los 370 folios de la sentencia.
El que no tuvo reparos en opinar ha sido el ministro de Justicia Rafael Catalá que salió a hacer unas declaraciones contra el juez del voto particular para sumarse a la ola feminista. Es curioso como los conservadores en España y Argentina se abrazan ahora a las causas feministas llevados aparentemente por un tentador oportunismo electoral. “Todos saben que este juez tiene algún problema singular” afirmó el ministro. Bastó esa breve opinión para que siete asociaciones de jueces y fiscales salieran a pedir la dimisión del ministro. 

En un comunicado conjunto, cuatro de esas asociaciones de jueces y tres de fiscales han considerar las palabras del ministro como “una temeridad” y han pedido que deje el cargo. «Los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia», añaden. «Hoy es por el juicio de ‘la Manada’ pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del ministro o de su Gobierno», añade el comunicado de las siete asociaciones, que advierte del «verdadero peligro» que entrañan sus afirmaciones. Esto es, la utilización de las resoluciones judiciales y la «confusión intencionada de intereses electorales». Jueces y magistrados de Navarra consideran también “escandalosa” la actitud de Catalá y han pedido también su inmediata dimisión.

Por su parte, también a diferencia de lo que acontece en Argentina, los medios han salido a defender la independencia del Poder Judicial. En un editorial titulado “Injerencia inadmisible” , el diario “El País” señala que “la forma en que el Gobierno se ha aferrado a este caso para intentar exhibir iniciativa, levantar la bandera del endurecimiento inmediato del Código Penal y descalificar al juez discrepante es populista, oportunista e indigna de una democracia en la que la separación de poderes es parte fundamental. Las asociaciones de jueces y fiscales tienen toda la razón al criticar al ministro de Justicia, Rafael Catalá. Si el ministro tenía conocimiento de alguna circunstancia que debiera haber provocado su inhabilitación, tendría que haberla comunicado a la autoridad correspondiente y no insinuarla ante los medios”.

Este celo de las asociaciones judiciales españolas está justificado y los juristas protestan con razón por la intromisión del Poder Ejecutivo en las labores que corresponden al Consejo General del Poder Judicial. Es imposible no comparar esta reacción con la pasmosa tranquilidad que se han aceptado en Argentina las intromisiones del gobierno de Mauricio Macri y de los medios de comunicación afines con la situación de los camaristas Jorge Ballesteros y Eduardo Farah que dispusieron la libertad de Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa. Si pensamos que el lugar que ocupa la Justicia refleja el grado de preocupación de la sociedad por la calidad de sus instituciones, podremos entender la distinta sensibilidad de reacciones frente a hechos de similar factura.

Vinculado con este tema cabe hacer mención de la Directiva 2016/343 de la Unión Europea por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia. Según esta directiva “se vulneraría la presunción de inocencia si las declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones judiciales que
no fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley. Dichas declaraciones y resoluciones judiciales no deben reflejar la opinión de que esa persona es culpable. Por “declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas” debe entenderse cualquier declaración que se refiera a una infracción penal y que emane de una autoridad que participa en el proceso penal relativo a esa infracción penal, como por ejemplo las autoridades judiciales, la policía y otras autoridades con funciones policiales u otra autoridad pública, como ministros y otros cargos públicos, bien que sin perjuicio del Derecho nacional en materia de inmunidad”(…) “La obligación de no referirse a los sospechosos o acusados como culpables no debe impedir que las autoridades públicas divulguen información sobre el proceso penal cuando sea estrictamente necesario por motivos relacionados con la investigación penal (…)En cualquier caso, la forma y el contexto en que se divulgue la información no deben crear la impresión de que la persona es culpable antes de que su culpabilidad haya sido probada con arreglo a la ley”.

La Directiva de la Unión Europea muestra la estrecha vinculación que existe entre el principio de presunción de inocencia y la independencia del Poder Judicial. Cuando el gobierno o sus representantes acusan a jueces de haber dictado sentencias para favorecer a una de las partes en el proceso, están invadiendo la independencia del Poder Judicial. Por su parte, la independencia del Poder Judicial es la columna vertebral de un sistema republicano de división de poderes. Todos los que por oportunismo electoral o por mero sectarismo político facilitan o promueven la intromisión del gobierno en el Poder Judicial están destruyendo, consciente o inconscientemente los fundamentos del sistema republicano. Las consecuencias de este modo desaprensivo de tratar a las instituciones lo paga luego la sociedad en el largo plazo. La “seguridad jurídica” no es solo un camelo para atraer inversores extranjeros.

 

Acceso a la sentencia

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