Gobierno «Frankenstein» en España

Aleardo Laría.

Este año se cumplen 200 años de la aparición de la famosa novela escrita en 1818 por Mary Shelley y que llevaba por título “Frankenstein, el moderno Prometeo”. En la novela se relata la forma en que el Dr. Víctor Frankenstein consigue armar y dar vida a una figura monstruosa, construida con retazos de cadáveres. El resultado es un ser humano de aspecto amenazador, pero en el fondo tierno y sensible.
La figura creada por el Dr. Frankenstein –que en la novela no tiene nombre- ha sido muy recordada estos días en España al ser utilizada para caracterizar la coalición de partidos que se han puesto de acuerdo para echar al presidente Mariano Rajoy del Palacio de La Moncloa y sustituirlo por el socialista Pedro Sánchez. Los partidos que han apoyado la moción de censura, además de los socialistas, han sido los denominados “populistas” de Podemos; los independentistas de Cataluña y los nacionalistas vascos. Todos con objetivos y programas tan diversos que era impensable verlos reunidos en una coalición sólo una semana atrás.
El desencadenante de la moción de censura presentada por el PSOE y que acabó con la vida del gobierno presidido por Mariano Rajoy ha sido la sentencia dictada en el denominado “caso Gürtel”. Se trata de una investigación judicial iniciada hace más de 11 años por la Fiscalía Anticorrupción sobre una trama de empresarios que utilizaban sus relaciones con cargos políticos del Partido Popular –dando dádivas y pagando sobornos- para hacer ventajosos negocios con ayuntamientos y comunidades autónomas controladas por ese partido. También organizaron eventos públicos del Partido Popular durante el gobierno de José María Aznar. Cuando Mariano Rajoy se hizo cargo del partido en el año 2004, dejó de contar con estos amigos de Aznar.
La sentencia dictada por Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es extremadamente dura y condena a varios empresarios y ex políticos del Partido Popular. Entre ellos se destaca el principal cabecilla de esta trama, Francisco Correa, condenado a 51 años y 11 meses de prisión; Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, a 38 años de cárcel; Luis Bárcenas, extesorero del PP, condenado a 33 años y 44 millones de euros de multa; Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la ministra Ana Mato, a 14 años; y la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar condenada a 15 años de cárcel. La sentencia señala además que el Partido Popular debe pagar una multa de 245.000 euros por su participación a título lucrativo.
No es el único caso de corrupción que afecta al Partido Popular. Hay muchos más en trámite cuyos juicios están celebrándose actualmente. Pero la contundencia del fallo dictado generó un enorme impacto en la sociedad. Existe una regla no escrita en las democracias que determina que el partido que está envuelto en casos de corrupción, si está en el poder, debe retornar al llano para depurar sus filas. De modo que había una exigencia compartida de que el presidente Mariano Rajoy tenía que asumir las responsabilidades políticas por lo acontecido, aunque no hubiera tenido una participación personal en los hechos juzgados.
Aprovechando ese clima es que lanzó Pedro Sánchez su moción de censura sabiendo que el resto de partidos se vería arrastrado a apoyarlo, para no quedar retratados como responsables de la eventual permanencia de Rajoy. El nuevo partido Ciudadanos le exigió a Sánchez que se comprometiera públicamente a fijar una fecha inmediata para las nuevas elecciones pero el dirigente socialista, que evidentemente quiere estar el mayor tiempo posible en La Moncloa, no accedió al pedido. En teoría, Sánchez, si no es cesado por una nueva moción de censura, podría estar dos años en ejercicio de la presidencia hasta que finalice en junio de 2020 el plazo máximo que puede durar una legislatura según la Constitución Española.
El propósito de Sánchez consiste en utilizar todos los resortes que otorga el poder para revertir los resultados de las encuestas que no son muy favorables para su partido. Según la última encuesta del diario “El País”, ante unas eventuales elecciones, saldría ganador con el 29 % de los votos el nuevo partido Ciudadanos de Albert Rivera; en segundo lugar aparece Podemos con el 20 % de los votos, cabeza a cabeza con el Partido Popular (19,5 %) y finalmente el PSOE con el 19 %. Esta encuesta marca un hecho novedoso y de enorme impacto en la política española: la desaparición del bipartidismo tradicional entre socialistas y conservadores y la aparición de un escenario cuatripartito, donde aparecen dos fuerzas nuevas, una liberal de centro y otra caracterizada por la prensa como populista.
Cabe ahora formular varias consideraciones de orden institucional. La primera es para destacar la enorme flexibilidad del sistema parlamentario. Se produjo la publicación de una sentencia que abrió una crisis política, y una semana después, el Parlamento la había zanjado colocando a un nuevo primer ministro (o presidente del Gobierno como se denomina en España). Compárese este sistema con la extrema rigidez del sistema presidencialista, donde los ciudadanos tienen que soportar la permanencia de un presidente desgastado hasta que cumpla su mandato constitucional. No es extraño que al final, sea el pueblo volcado en las calles quien ponga fin a los mandatos presidenciales en América Latina.
La segunda consideración se vincula con la atipicidad de la moción de censura presentado por el Partido Socialista. El artículo 113 de la Constitución Española regula la moción de censura para exigir la responsabilidad política del Gobierno y exige que se reúna una mayoría absoluta de diputados (la mitad más uno, es decir 176 en una Cámara de 350) para que la moción quede aprobada. Pero además exige que la moción de censura incluya necesariamente un candidato alternativo. De modo que la moción cumple dos objetivos al mismo tiempo: por un lado cesar al presidente y al mismo tiempo designar uno nuevo.
Esto es lo que caracteriza a las denominadas mociones “constructivas” tomadas del modelo alemán. No basta que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para abatir a un presidente. Tienen que ponerse de acuerdo, al mismo tiempo, en nombrar al reemplazante. En los casos de elecciones normales, cuando las urnas no dan una mayoría absoluta a un partido, la construcción de una coalición alternativa a la que estaba en el poder obliga a una ardua y delicada labor de encaje para ir conformando un programa de gobierno mediante concesiones recíprocas y el reparto de carteras. En este caso, todo transcurrió a velocidad de vértigo, en el curso de una semana, de manera que el gobierno que encabeza Pedro Sánchez carece de suficiente respaldo dado que en principio solo cuenta con el apoyo de sus 84 diputados (24 % de la Cámara).
Curiosamente los mercados no parecen muy afectados por la diversidad de la coalición que ha apoyado la investidura de Pedro Sánchez. Justamente su debilidad lo hace aparecer como un gobierno inofensivo, incapaz de alterar el rumbo fijado por los presupuestos recientemente aprobados que dejara el gobierno de Mariano Rajoy. Y si bien la presencia de Podemos no es tranquilizadora, piensan que estamos ante un gobierno de transición dirigido a preparar unas nuevas elecciones, que no puede llevar a cabo ninguna transformación profunda.
Sin embargo, como lo muestra el caso italiano, estamos ante escenarios muy volátiles, donde la opinión pública puede dar súbitos bandazos. Es cierto que en España, a diferencia de Italia, ninguna fuerza política relevante cuestiona el proyecto de la Unión Europea y el euro. Pero el problema generado por el independentismo catalán provoca enorme preocupación y tiene muy sensibilizada a los ciudadanos españoles. Cuando alguien se sube a un tigre, nada ni nadie puede garantizar el tiempo de permanencia sobre las susceptibles espaldas del felino.

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