Sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena

Aleardo Laría.

Santa Bárbara es la patrona de los dinamiteros. Según la sabiduría recogida en el refranero popular, en numerosas ocasiones solo tomamos consciencia de los problemas cuando estallan. Parece un refrán oportuno para aplicarlo a la actualidad argentina donde, aunque parezca mentira, volvemos a tropezar con los problemas generados por la inflación, el endeudamiento externo y el uso patrimonialista del Estado. Como señalaba George Santayana, aquellos que no aprenden del pasado, están condenados a repetirlo.

En un ensayo publicado por Siglo XXI en el año 2012 (“La Argentina y el desarrollo económico en el siglo XXI), el economista José María Fanelli hizo hace algunos años un diagnóstico acertado de los problemas que aquejan a nuestro país. La tesis principal, utilizando una analogía con el mundo de la computación, se resume en la siguiente frase: “La Argentina ciertamente presenta limitaciones en su hardware económico (recursos y técnicas) pero su historia de crisis recurrentes, conflictos distributivos y oportunidades desaprovechadas, sugiere que las restricciones originadas en el hardware son tan importantes como las que operan a través del software institucional (reglas de juego, organizaciones y pautas culturales relevantes para la conducta económica)”.

La primera recomendación de Fanelli es evitar caer en el economicismo y distinguir entre crecimiento económico y desarrollo. El crecimiento es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo. El desarrollo es una tarea colectiva que implica movilizar todos los recursos de la sociedad para alcanzar las metas compartidas, teniendo presente que las capacidades individuales se potencian a través de la cooperación. Sin embargo, en una sociedad compleja, la cooperación no es algo sencillo de obtener, puesto que toda sociedad aparece atravesada por conflictos de interés que frustran los intentos de actuar colectivamente. De allí que las instituciones jueguen un rol relevante, porque están llamadas a proveer de reglas de juego que permiten el procesamiento de los conflictos y la búsqueda de consensos sobre las políticas denominadas de Estado, aquellas que trascienden los intereses partidarios.

El sistema político es el que debe promover y alcanzar los consensos básicos para que sean considerados legítimos por la sociedad en su conjunto. Si las reglas de juego no se respetan y las políticas públicas se deciden en función de los intereses de partido, el resultado es la inestabilidad, puesto que la resistencia de los actores afectados provoca una turbulencia que se suma a las dificultades propias de los objetivos económicos programados. En Argentina, en opinión de Fanelli, los conflictos distributivos y la inestabilidad de las reglas de juego de la economía, han constituido obstáculos insalvables para la adopción de una agenda mínima de políticas estratégicas. “La sociedad argentina ha estado actuando como si el objetivo fuera utilizar los medios de la democracia para apoyar reclamos particulares y tratar de establecer derechos sobre una porción mayor de los nuevos recursos y no como una sociedad que concibe la vida en democracia como una oportunidad para organizar la acción colectiva en pos de metas comunes, donde los intereses específicos se procesan y armonizan sobre la base de normas legales y culturales que priorizan la cooperación a través de la coordinación y la construcción de confianza mutua”.

Una parte importante de los ciudadanos que votaron a la coalición “Cambiemos” lo hicieron emocionalmente, llevados por el deseo de poner fin a un gobierno que en el imaginario de ese colectivo nos llevaba hacia un destino similar al de Venezuela. Pero otra parte importante del electorado brindó su apoyo desde una perspectiva propositiva, con la expectativa de que la alternancia iba a permitir llevar a cabo una política de desarrollo económico basada en la recuperación de las instituciones republicanas, siguiendo el modelo de los modernos países capitalistas. El ejemplo de la transición española, que consiguió una espectacular modernización del país bajo gobiernos conservadores y socialistas, siempre ha sido, pese a los nubarrones de la última crisis, un modelo a tener en cuenta.
En esta labor de modernización, la tarea estratégicamente más relevante, pero que más resistencias prácticas ofrece, es la profesionalización del Estado. Todas las modernas sociedades capitalistas han conseguido construir una estructura estatal dotada de autonomía e independencia en relación con el Gobierno, que cumple su labor en forma despolitizada, al servicio del conjunto de la sociedad y evita convertirse en herramienta del partido que está en el poder. La incorporación de los agentes públicos a través de procedimientos de selección -objetivo que evita la incorporación de “militantes” del partido en el poder-, es uno de los presupuestos, pero no el único. Es necesario que exista una voluntad política claramente expresada de evitar todo uso patrimonialista de la estructura estatal.

El mayor fracaso político de la coalición “Cambiemos” reside en el incumplimiento de este objetivo estratégico. Se han cometido incontables errores no forzados en el manejo de la política macroeconómica, pero donde el fracaso alcanza mayor dimensión es en el aspecto institucional. No solo que no se han tomado iniciativas claras dirigidas a remover viejas prácticas, sino que se ha hecho un uso partidista de las instituciones que no permite establecer ninguna diferencia con el período anterior. No solo por la ocupación y uso de las estructuras del “sottogoverno” –utilizando los aparatos de inteligencia del Estado para denigrar a los adversarios políticos- sino en la manipulación desembozada del aparato de Justicia, tratando de incorporar jueces “confiables” en los tribunales que deben juzgar a los opositores políticos.

De aquellos polvos vienen estos lodos. No puede generarse confianza en las instituciones si el poder arbitral por excelencia, el poder llamado a mediar en los conflictos políticos, está siendo tomado por asalto. En Argentina, no existe, como en otros países, un Tribunal Constitucional que cumple el rol de árbitro en las democracias modernas. Esa labor queda difuminada en toda la estructura judicial y, en especial, en los jueces federales que se asienta en Comodoro Py. Dada la capacidad que nuestro sistema constitucional le otorga al presidente de la Nación para influir en la designación de los jueces, y el carácter extremadamente politizado del Consejo de la Magistratura, el resultado no puede ser más desalentador. Sin división de poderes no hay República y los precedentes de los métodos utilizados permiten presagiar lo peor para cuando se produzca una cambio de Gobierno. Los inversores también lo saben, y el resultado es su extremada desconfianza a nuestro sistema institucional.

Como ha acontecido con el penal cobrado a Croacia por el árbitro argentino en la final del Mundial de Fútbol, habrá quienes aprecian intención y otros que opinarán lo contrario. Lo cierto es que todos están de acuerdo en que las cosas no van bien en Argentina. Para aquellos que piensan, junto con José María Fanelli, que el software institucional es muy relevante, la responsabilidad del presidente Mauricio Macri en no haber superado el paradigma institucional tradicional de la Argentina, es evidente. Solo resta esperar que luego de este nuevo fracaso se tome consciencia de que no se pueden conseguir resultados diferentes si se persiste en hacer lo mismo.

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